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¿Quién debe ser rescatado?

CAMBRIDGE – Cuando los gobiernos de todo el mundo formulan políticas para abordar los problemas de las entidades financieras fallidas, deben asegurarse de que eligen a sus beneficiarios con sensatez. En particular, deben estudiar y evitar los errores cometidos en el rescate de AIG a finales de 2008.

Un Inspector General Especial de los Estados Unidos publicó recientemente un informe en el que criticaba al Gobierno de los EE.UU. por no haber insistido en que los homólogos de AIG en el mercado de derivados financieros corrieran con algunos de los costos del rescate de la compañía. De hecho, los rescates de entidades fallidas nunca deben hacer extensiva la red de seguridad del Estado a dichos homólogos.

El rescate de AIG fue uno de los mayores de la Historia, pues el Gobierno de los EE.UU. inyectó más de 100.000 millones de dólares en la compañía. El rescate vino impuesto por las grandes pérdidas de AIG en transacciones de derivados con entidades financieras, la mayoría agentes muy experimentados como, por ejemplo, Goldman Sachs y el Banco Santander de España.

Después de la inyección gubernamental de fondos en septiembre de 2008, AIG siguió acumulando pérdidas, por lo que dos meses después el Gobierno aportó cantidades importantes de capital suplementario. En aquel momento, el Gobierno pidió a los homólogos con derivados de AIG que hicieran un “recorte” voluntario: es decir, un descuento en la cantidad que se les debía. Cuando algunos de ellos se negaron, el Gobierno dio marcha atrás y financió a AIG el pago completo de todas sus obligaciones en materia de derivados.