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Los indígenas golpean nuevamente

En silencio durante mucho tiempo, los indígenas de Ecuador, como otros grupos nativos en muchos lugares de América Latina, están encontrando su voz política y haciendo sentir su presencia. En noviembre, el voto indígena fue el factor clave para la elección de un populista ajeno al mundo de la política, el ex coronel del ejército Lucio Gutiérrez, como presidente de esta pequeña nación andina.

La victoria de Gutiérrez, que participó en el fallido golpe contra el Presidente Jamil Mahuad en 2000, es un serio contratiempo para la aprobación expedita del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la iniciativa de la administración Bush para crear un bloque de comercio hemisférico que pueda rivalizar con la Unión Europea. La elección de Ecuador demuestra la creciente fuerza de los indígenas y otros grupos que se sienten ajenos a los gobiernos que adhieren demasiado estrechamente a las políticas dictadas desde Washington.

Gutiérrez es el primer presidente que tiene el apoyo de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Los pueblos indígenas, históricamente marginados y empobrecidos, forman entre el 25 y el 40% de la población del Ecuador. La CONAIE, fundada en 1986, se centraba originalmente en los derechos culturales y en la redistribución de la tierra. Tras ganar un sistema de educación bilingüe a fines de la década de 1980 y asegurar títulos de propiedad de la tierra para un gran número de campesinos en 1992, la CONAIE amplió su programa. Hoy es el principal crítico hacia las políticas "neoliberales" del Ecuador relativas a la globalización.

En los últimos diez años, la CONAIE ha estado a la cabeza de las protestas para detener las privatizaciones, la extracción de recursos naturales y las políticas agrícolas orientadas a la exportación. Tras liderar masivas protestas callejeras para derrocar al corrupto presidente Abdalá Bucaram en 1997, los líderes indígenas de la CONAIE ayudaron a crear una nueva constitución que garantiza los derechos colectivos de los pueblos indígenas, evaluaciones ambientales preliminares para los proyectos de extracción de recursos, y aumentos fijos en el gasto presupuestario para salud y educación.