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Para reforzar los estabilizadores

PARÍS – La reunión del G-20 que tendrá lugar en Cannes a principios de noviembre es una gran oportunidad para debatir sobre el mandato, la gobernanza y la capacidad institucional de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), el organismo internacional que supervisa el sistema financiero mundial y formula recomendaciones para su mejora. La reunión es particularmente oportuna, porque en breve la FSB estará bajo un nuevo liderazgo: su presidente actual, Mario Draghi, asumirá en noviembre como presidente del Banco Central Europeo.

El G-20 creó la FSB en medio de la debacle financiera de 2008-2009, usando como base su predecesor, el Foro de Estabilidad Financiera, y le encargó coordinar iniciativas urgentes de reforma regulatoria internacional para garantizar una mayor estabilidad financiera y coherencia normativa en el plano internacional. Ahora que el G-20 lucha contra los desafíos de la desaceleración económica mundial y la crisis del euro, el mandato impuesto a la FSB sigue siendo un componente central de una agenda de reformas financieras sustantivas y para evitar divergencias nacionales y regionales en áreas que son fundamentales para la estabilidad del sistema financiero internacional.

Se ha criticado a la FSB por su falta de poder coercitivo. Pero en un mundo como el actual, formado por Estados soberanos, no es realista pretender la firma de tratados que creen nuevas instituciones internacionales con poderes supranacionales. Además, la FSB ha obtenido logros significativos. Su agenda es cada vez mayor y se está volviendo un componente influyente y permanente en la arquitectura económica y financiera internacional, incluso aunque su futuro esté envuelto en cuestionamientos.

Hay ciertas medidas pragmáticas que se pueden y se deben tomar para hacer más claro el mandato de la FSB y mejorar su eficacia operativa. En la actualidad, la FSB no tiene estatus legal (es solamente el resultado de una declaración política). Institucionalmente, no es más que una extensión del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, del cual recibe fondos y asistencia para su pequeña plantilla de personal. Además, a sus procesos internos de gobernanza les falta desarrollo y transparencia.