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Agresión del Estado y pasividad judicial

WASHINGTON, DC – Cuando los Estados miembros de la Corte Penal Internacional se reúnan en Kampala, Uganda a finales de este mes para celebrar una conferencia en la que se examinará la labor de la CPI, uno de los temas que estará en la agenda será si es necesario modificar el estatuto de la Corte para darle jurisdicción sobre el delito de agresión. Ese tema se aplazó cuando se adoptó el estatuto de la CPI en 1998. Sobre la base de mi experiencia como fiscal internacional y como firme defensor de la CPI creo que sería un grave error agregar el delito de agresión a su lista de casos en este momento. Hay que volver a aplazar el tema.

Como quiera que se mire, la CPI ha iniciado su trayecto con una firmeza que la ha permitido generar un apoyo global y demostrar su potencial para encarar el problema de la impunidad oficial por delitos internacionales graves. No obstante, también se ha enfrentado a acusaciones de politización y sigue aprendiendo, como institución, la forma de ejercer efectivamente su jurisdicción sobre el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra.

La experiencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY por sus siglas en inglés), que también se ocupó de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, debe servir de advertencia a los miembros de la CPI cuando debatan si se debe agregar el delito de agresión a su jurisdicción.

Uno de los grandes retos a los que me enfrenté como fiscal del ICTY fue convencer al público serbio de que no se trataba de una conspiración motivada políticamente contra su país. Este reto habría sido mucho mayor –tal vez imposible—si la jurisdicción del Tribunal hubiera incluido el delito de agresión.