Dean Rohrer

Justicia retrasada, pero no denegada

LONDRES – La semana pasada, el ex dictador general Jorge Videla fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por su participación en la “guerra sucia” de la Argentina en el decenio de 1970, incluida la tortura y la ejecución de presos desarmados. Se trata de delitos cometidos hace decenios. ¿Qué puede significar semejante veredicto tantos años después del restablecimiento de la democracia en la Argentina?

El procesamiento de Videla y de otros autores de delitos semejantes fue posible mediante una innovadora actuación judicial emprendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con arreglo al derecho jurisprudencial. Dicha Corte ha exigido que se anularan las amnistías concedidas a dirigentes militares y políticos de la Argentina y otros países de la región como parte de una transición a la democracia. Ha sostenido que la rendición de cuentas por los crímenes de los dictadores es un derecho humano y, por tanto, acaba con la impunidad obtenida por muchos dictadores latinoamericanos como condición para permitir transiciones democráticas.

La decisión más reciente del tribunal regional, de mediados de diciembre, revocó una ley de amnistía brasileña de 1979 que protegía a los oficiales del ejército contra procesamientos por abusos cometidos durante los veintiún años de dictadura militar del país. Según el fallo del tribunal, “las disposiciones de la Ley de Amnistía brasileña que impiden la investigación y el castigo de violaciones graves de los derechos humanos” son “incompatibles con la Convención Americana”. Su efecto es el de exigir que quien estaba al mando responda de las desapariciones forzosas en Araguaia de setenta campesinos en una campaña antiguerrilla.

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