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Objetivo: estabilizar Ucrania

MADRID – Míjail Gorbachov ha hecho explícito su apoyo al gobierno de Putin en la cuestión de Crimea. El pueblo de Crimea, dice, ha corregido un error histórico de la Unión Soviética. Sus declaraciones responden a un sentir ruso generalizado. Tras la desintegración de la URSS, en 1991, Rusia vivió un periodo de frustración histórica: pasó de ser una de las dos superpotencias mundiales a ver cómo antiguas repúblicas soviéticas se integraban por vocación democrática y de progreso en la Unión Europea y la OTAN. Rusia, mediante la anexión de Crimea, parece darle una estocada a la frustración de las dos últimas décadas, apoyada por la mayoría de la opinión pública rusa.

Sin embargo, desde 1991, Rusia ha reconocido de manera explícita la integridad territorial ucraniana hasta en tres ocasiones. La primera vez fue en 1994, con el acuerdo de desnuclearización de Ucrania, firmado por la UE, Rusia y Estados Unidos, donde se reconocía la integridad territorial de Ucrania. Tras la independencia de Ucrania hubo que dividir entre ambos países a la antigua Flota Soviética del Mar Negro. Se hizo mediante el Acuerdo de Yalta en 1992. En 1997 se firmó un contrato de arrendamiento para que la flota rusa pudiera seguir allí. De acuerdo con el Tratado bilateral, Rusia pagaría a Ucrania 98 millones de dólares al año por las bases de Crimea hasta 2017, sujeto a ser ampliado de mutuo acuerdo, y reconociendo por tanto la integridad territorial de Ucrania por segunda vez. De la misma manera, el 21 de abril de 2011, ya con Yanukóvich en la presidencia, Ucrania llegó a un acuerdo con Medvédev para prolongar el contrato de 1997. El contrato se extendería 25 años más allá de 2017, llegando hasta 2042, con una opción adicional de 5 años de renovación –es decir, 2047–. A cambio, Ucrania logró un 30% de descuento sobre el precio del gas natural ruso por diez años. Si el problema hubiera sido la salida al mar para la Flota rusa en el Mar Negro, el modelo de Guantánamo podría haber sido una solución. Pero ése no era el problema de fondo.

La constitución ucraniana impedía el referéndum, que se ha producido con la presencia de tropas rusas –no uniformadas– en Crimea. Por eso el referéndum de anexión a Rusia es a todas luces ilegal y por eso no puede ser aceptado por la Comunidad Internacional, como ya ha manifestado la Unión Europea.

Las relaciones de la Unión Europea con Ucrania siempre han sido complejas. El Acuerdo de Asociación –cuyo fracaso es el origen de las protestas ciudadanas– viene de muy atrás. Se negocia desde 2007. Dicho acuerdo consiste básicamente en un tratado de libre comercio con elementos políticos adicionales. La firma fue pospuesta por la detención de Yulia Timoshenko, como acción de presión europea, hasta la Cumbre de la Asociación Oriental entre la UE y seis países de su vecindad, convocada en Vilnius en noviembre de 2013. Yanukóvich decidió no firmar y aceptar la contraoferta rusa: una rebaja de alrededor del 30% del precio en la tarifa que cobra Rusia por el gas que exporta a Ucrania y una inversión de 11.000 millones de euros en bonos ucranianos.