PRINCETON – El mes pasado, en conmemoración del 15.º aniversario de la Guerra de Irak, el New York Times publicó una conmovedora columna de Sinan Antoon, un novelista iraquí que vive en Estados Unidos, titulada “Hace quince años, Estados Unidos destruyó mi país”. Antoon se opuso tanto a la brutal dictadura de Saddam Hussein cuanto a la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, que hundió el país en el caos, avivó las tensiones étnicas y provocó la muerte de cientos de miles de civiles. Al desestabilizar la región, la guerra hizo posible el ascenso de Estado Islámico, que en su momento cumbre llegó a ocupar una porción considerable del territorio iraquí, que usó como base para decapitar adversarios, intentar un genocidio contra la minoría yazidí y difundir el terrorismo en todo el mundo.
La guerra para derrocar a Saddam fue sin duda alguna un error trágico. Antoon sostiene que también fue un delito, en cuyo caso, sus perpetradores siguen sueltos. Pocos estadounidenses se tomarán en serio la afirmación de que el presidente George W. Bush y otros miembros de su gobierno (entre ellos el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de defensa Donald Rumsfeld y John Bolton, recientemente designado por el presidente Donald Trump como nuevo asesor de seguridad nacional) son criminales de guerra. Tampoco habrá muchos británicos que piensen lo mismo del primer ministro Tony Blair. Pero los argumentos para acusarlos de un delito son sorprendentemente sólidos.
La idea de que iniciar una guerra de agresión es un delito se remonta por lo menos a 1919, cuando después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versailles dispuso el enjuiciamiento del káiser Guillermo II “por haber cometido una ofensa suprema en contra de la moralidad internacional”. Dicho juicio nunca tuvo lugar, pero después de la Segunda Guerra Mundial, una de las acusaciones por las que el Tribunal Militar Internacional (en los Juicios de Núremberg) condenó y sentenció a muerte a doce líderes nazis (entre ellos el Reichsmarschall Hermann Göring, el ministro de asuntos exteriores Joachim von Ribbentrop y el mariscal de campo Wilhelm Keitel) fue haber iniciado y librado una guerra de agresión.
PRINCETON – El mes pasado, en conmemoración del 15.º aniversario de la Guerra de Irak, el New York Times publicó una conmovedora columna de Sinan Antoon, un novelista iraquí que vive en Estados Unidos, titulada “Hace quince años, Estados Unidos destruyó mi país”. Antoon se opuso tanto a la brutal dictadura de Saddam Hussein cuanto a la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, que hundió el país en el caos, avivó las tensiones étnicas y provocó la muerte de cientos de miles de civiles. Al desestabilizar la región, la guerra hizo posible el ascenso de Estado Islámico, que en su momento cumbre llegó a ocupar una porción considerable del territorio iraquí, que usó como base para decapitar adversarios, intentar un genocidio contra la minoría yazidí y difundir el terrorismo en todo el mundo.
La guerra para derrocar a Saddam fue sin duda alguna un error trágico. Antoon sostiene que también fue un delito, en cuyo caso, sus perpetradores siguen sueltos. Pocos estadounidenses se tomarán en serio la afirmación de que el presidente George W. Bush y otros miembros de su gobierno (entre ellos el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de defensa Donald Rumsfeld y John Bolton, recientemente designado por el presidente Donald Trump como nuevo asesor de seguridad nacional) son criminales de guerra. Tampoco habrá muchos británicos que piensen lo mismo del primer ministro Tony Blair. Pero los argumentos para acusarlos de un delito son sorprendentemente sólidos.
La idea de que iniciar una guerra de agresión es un delito se remonta por lo menos a 1919, cuando después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versailles dispuso el enjuiciamiento del káiser Guillermo II “por haber cometido una ofensa suprema en contra de la moralidad internacional”. Dicho juicio nunca tuvo lugar, pero después de la Segunda Guerra Mundial, una de las acusaciones por las que el Tribunal Militar Internacional (en los Juicios de Núremberg) condenó y sentenció a muerte a doce líderes nazis (entre ellos el Reichsmarschall Hermann Göring, el ministro de asuntos exteriores Joachim von Ribbentrop y el mariscal de campo Wilhelm Keitel) fue haber iniciado y librado una guerra de agresión.