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Revueltas regionales europeas

MADRID – Tanto en Cataluña como en Escocia, los llamamientos a la independencia, que últimamente cobran fuerza, son síntoma de la situación que atraviesan no sólo España y Reino Unido, sino la Unión Europea en su conjunto. En efecto, la debilidad que la UE ha evidenciado en su confrontar la crisis financiera refleja -y refuerza al tiempo- la erosión de su razón de ser, que no es otra que la integración política. Sin perjuicio de las raíces de los viejos agravios esgrimidos, el secesionismo aparece así como un penoso síntoma del proceso degenerativo de la unión.

Resulta, en efecto, perversamente irónico que los más astutos partidos secesionistas revistan sus programas en ropaje europeo y prometan que los nuevos estados que propugnan entrarían automáticamente a formar parte de la UE. Así, tanto el Partido Nacionalista Escocés (SNP) cuanto Convergencia i Unió (CiU) en Cataluña, explotan con oportunismo el concepto de cosmopolitismo europeo para reavivar romos fines nacionalistas y, en última instancia, el rompimiento de los países de los que son parte integrante.

El derecho de la UE no contempla la desintegración de un Estado miembro, pues la secesión contradice el principio fundacional de “unión cada vez más estrecha”. Por ello, aumentan los llamamientos a que se envíe, a los electorados de las regiones amenazadas por el secesionismo, el mensaje de que, en caso de independencia, la accesión a la UE no estaría asegurada. Alex Salmond, primer ministro de Escocia y líder del SNP, proclamó que el ordenamiento jurídico garantizaba la pertenencia a la UE. Pero no es así y, en consecuencia, tanto él como su partido se enfrentan a la mayor crisis desde que llegaron al poder en 2007.

Este vacío legal explica por qué los líderes de CiU, en la campaña de las elecciones del 25 de noviembre, están tan ansiosos por convertir la convocatoria del referéndum informal de independencia de Cataluña en un plebiscito sobre el deseo de los catalanes de formar parte de la Unión Europea, aunque ni ésta sea la cuestión ni competa al electorado catalán decidirla. En efecto, en pura coherencia racional que no jurídica, la única pregunta que el gobierno de CiU podría plantear es si los catalanes desean ser parte de España o no.