LONDRES – La noción de una renta básica universal (RBU) proporcionada por el gobierno ha estado ganando fuerza a lo largo de todo el mundo desarrollado. Si bien las políticas relacionadas a una RBU se enfrentan a importantes obstáculos políticos y fiscales en Occidente, la idea se está imponiendo en una región donde las condiciones para introducir un sistema universal de subvenciones en efectivo son más favorables: la acaudalada Península Arábiga, que es una región exportadora de petróleo.
Las monarquías petroleras del Golfo, si bien en gran medida son autoritarias, ya brindan a sus ciudadanos beneficios muy generosos, entre ellos: educación y atención médica gratuitas, energía barata y, lo más importante, una garantía implícita de empleo público. Alrededor de dos tercios de los ciudadanos que cuentan con un empleo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) están empleados en el sector público.
Este sistema ha creado, a la vez, una clase media considerable y distorsiones económicas extremas. Los subsidios a la energía son perjudiciales para el medio ambiente y favorecen desproporcionadamente a los hogares más ricos, mientras que el exceso de empleo público es improductivo y saca a los ciudadanos de la economía del sector privado. Si bien quienes hoy en día recién se integran al mercado laboral, a menudo no tienen acceso al empleo público, dichos empleos públicos distorsionan sus expectativas sobre los salarios y la cantidad de horas de trabajo.
LONDRES – La noción de una renta básica universal (RBU) proporcionada por el gobierno ha estado ganando fuerza a lo largo de todo el mundo desarrollado. Si bien las políticas relacionadas a una RBU se enfrentan a importantes obstáculos políticos y fiscales en Occidente, la idea se está imponiendo en una región donde las condiciones para introducir un sistema universal de subvenciones en efectivo son más favorables: la acaudalada Península Arábiga, que es una región exportadora de petróleo.
Las monarquías petroleras del Golfo, si bien en gran medida son autoritarias, ya brindan a sus ciudadanos beneficios muy generosos, entre ellos: educación y atención médica gratuitas, energía barata y, lo más importante, una garantía implícita de empleo público. Alrededor de dos tercios de los ciudadanos que cuentan con un empleo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) están empleados en el sector público.
Este sistema ha creado, a la vez, una clase media considerable y distorsiones económicas extremas. Los subsidios a la energía son perjudiciales para el medio ambiente y favorecen desproporcionadamente a los hogares más ricos, mientras que el exceso de empleo público es improductivo y saca a los ciudadanos de la economía del sector privado. Si bien quienes hoy en día recién se integran al mercado laboral, a menudo no tienen acceso al empleo público, dichos empleos públicos distorsionan sus expectativas sobre los salarios y la cantidad de horas de trabajo.