El presidente mexicano Felipe Calderón finalmente logró lo que quería: la renuncia del embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual. Mató al mensajero por incomodar al presidente al criticar la “guerra contra las drogas“ que él desató cuatro años atrás. Las críticas -contenidas en cables secretos, difundidos por Wikileaks- también molestaron al Ejército. El embajador dijo que las fuerzas armadas no suelen actuar con la eficacia o la rapidez necesarias y demuestran una gran aversion al riesgo. También denunció que las agencias de seguridad emplean más tiempo compitiendo entre ellas que confrontando al crimen organizado. Pascual perdió su trabajo por hacerlo bien, por decir la verdad que el presidente no quiere encarar y su gobierno preferiría que no fuera cierta.
Pero la verdad recalcitrante que el diplomático reveló se asoma día tras día a pesar del número de capos arrestados, y la cantidad de armas y cocaína confiscada. México no está ganando la guerra contra el narcotráfico y el crímen organizado. La renuncia obligada del embajador estadounidense no puede ocultar los 34,000 muertos, el ascenso en la adicciones, la escalada de las ejecuciones, el incremento de los secuestros, la intransigencia de la impunidad.
La narrativa oficial es que la violencia es una consecuencia inevitable. Pero otros países han logrado prevenir que bandas de narcotraficantes desaten su furia sobre la población civil. Y, mientras a los mexicanos se les dice que la violencia se trata tan solo de capos destazándose entre sí, en realidad las ejecuciones rebasan el mundo del narcotráfico, Y se les exhorta a denunciar a los malosos, cuando 98.5 por ciento de los crímenes en el país jamás son resueltos. Una encuesta reciente demuestra que 59 por ciento de la población cree que el gobierno está perdiendo la guerra que emprendió, mientras solo 23 por ciento apoya la ruta actual.
El presidente mexicano Felipe Calderón finalmente logró lo que quería: la renuncia del embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual. Mató al mensajero por incomodar al presidente al criticar la “guerra contra las drogas“ que él desató cuatro años atrás. Las críticas -contenidas en cables secretos, difundidos por Wikileaks- también molestaron al Ejército. El embajador dijo que las fuerzas armadas no suelen actuar con la eficacia o la rapidez necesarias y demuestran una gran aversion al riesgo. También denunció que las agencias de seguridad emplean más tiempo compitiendo entre ellas que confrontando al crimen organizado. Pascual perdió su trabajo por hacerlo bien, por decir la verdad que el presidente no quiere encarar y su gobierno preferiría que no fuera cierta.
Pero la verdad recalcitrante que el diplomático reveló se asoma día tras día a pesar del número de capos arrestados, y la cantidad de armas y cocaína confiscada. México no está ganando la guerra contra el narcotráfico y el crímen organizado. La renuncia obligada del embajador estadounidense no puede ocultar los 34,000 muertos, el ascenso en la adicciones, la escalada de las ejecuciones, el incremento de los secuestros, la intransigencia de la impunidad.
La narrativa oficial es que la violencia es una consecuencia inevitable. Pero otros países han logrado prevenir que bandas de narcotraficantes desaten su furia sobre la población civil. Y, mientras a los mexicanos se les dice que la violencia se trata tan solo de capos destazándose entre sí, en realidad las ejecuciones rebasan el mundo del narcotráfico, Y se les exhorta a denunciar a los malosos, cuando 98.5 por ciento de los crímenes en el país jamás son resueltos. Una encuesta reciente demuestra que 59 por ciento de la población cree que el gobierno está perdiendo la guerra que emprendió, mientras solo 23 por ciento apoya la ruta actual.