El desarrollo económico ante la ley

Uno de las tesis más extendidas y aparentemente evidentes sobre el desarrollo económico es la de que la inversión y el crecimiento sostenibles requieren el Estado de derecho. Según esa concepción, sin normas impersonales y generales y la imposición de su cumplimiento por autoridades judiciales independientes, poco desarrollo –de haber alguno– es posible, porque los riesgos que corren tanto los trabajadores como el capital –incluidas la corrupción, la arbitrariedad y las tradiciones rígidas- serán demasiado grandes, pero, ¿acaso acierta siempre ese saber comúnmente aceptado?

Examinemos un ejemplo contrario, limitado –hemos de reconocerlo–, pero, aun así, revelador: el auge del sector de los taxis-minibús en Sudáfrica. Los taxis-minibús surgieron por las graves deficiencias del sistema de transporte público del país, caracterizado por unos precios altos, un servicio de poca calidad y una red de trayectos caótica, pero funcionan de forma totalmente independiente de las leyes y reglamentos. Lo que hace que funcione ese sector es una concepción de la actividad económica no estructurada acordada por todos los que la practican y que es flexible, innovadora y mantiene los gastos de funcionamiento en un nivel bajo.

Los resultados son innegables: en las horas-punta, los taxis-minibús ocupan el 65 por ciento de todo el mercado de viajeros. Así, pues, el sector de los taxis-minibús ilustra la importancia de las tradiciones independientes del mundo oficial. La cultura y las tradiciones locales no sólo tienen importancia, sino que, además, son decisivas para modelar el comportamiento de las personas, con mucha mayor razón en los países en desarrollo, en particular los calificados de Estados frágiles o fracasados, donde los tribunales no funcionan, por lo que no se aplican enteramente el cumplimiento de los reglamentos, en caso de que existan. Pero el mal funcionamientos de las instituciones oficiales no entraña la total inexistencia de estructuras que funcionen.

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