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La tarea que Brasil tiene por delante

SAN PABLO – Brasil se enfrenta a una triple crisis: una grave recesión económica, un escándalo de corrupción que involucra a personas en los puestos de mando más altos de los ámbitos económicos y políticos, y una crisis gubernamental que pronto puede culminar con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Independientemente de si se retira o no a Rousseff del poder, el cuestionamiento fundamental que plantea la amenaza de destitución o impeachment – relativo a la forma en la que Rousseff gestiona la política fiscal del país – enfatiza la necesidad de reformar las instituciones económicas de Brasil.

En el corazón de los cargos para el proceso de destitución contra Rousseff se encuentra una acusación que indica que ella violó la Ley de Responsabilidad Fiscal de Brasil. En el año 2014, cuando enfrentaba el proceso eleccionario para su reelección, Rousseff intensificó la práctica de sobregiros en los bancos comerciales públicos con el fin de realizar pagos dirigidos a sus programas sociales. En esencia, ella “prestó” R$55.6 miles de millones de reales ($15.6 miles de millones de dólares) para ayudar a que su gobierno cumpla con su objetivo de superávit primario, manteniendo, al mismo tiempo, las transferencias sociales – y, de esta manera, garantizó su victoria electoral.

En el año 2015, sin embargo, el tribunal federal de contabilidad (TCU) rechazó sus cuentas y acusó a Rousseff de haber cometido irregularidades fiscales. Posteriormente a la decisión del TCU, ella decidió “pagar” estos “prestamos” en diciembre de 2015.

¿De dónde vino, en realidad, este dinero? Hasta el momento, el debate sobre el proceso de destitución se ha centrado en el ámbito político, en lugar de centrarse en este puntual cuestionamiento económico e institucional. Sin embargo, si se desea que no se repita este tipo de prestidigitación fiscal, es crucial hacer un replanteo de las instituciones brasileñas, en particular, es necesario replantear la relación del banco central con el gobierno.