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Una epidemia de política

Los estadounidenses, como los ciudadanos de muchos otros países del mundo, han llegado a aceptar que la política juega un papel importante en el nombramiento de algunos funcionarios públicos. A pocos nos sorprende (aunque a algunos les desilusiona) que se otorgue un cargo de juez federal o de diplomático de alto nivel a un candidato que pase pruebas de lealtad sobre principios que son importantes para el partido del presidente o del primer ministro. Pero casi todo el mundo está de acuerdo en que las ciencias son otra cosa, y en esto, los Estados Unidos se están convirtiendo en un ejemplo aleccionador para el resto del mundo.

Los nombramientos científicos deberían basarse en criterios objetivos de formación, capacidad y desempeño. Obviamente, es legítimo interrogar a un futuro Secretario de Salud y Servicios Humanos (SSH) sobre su posición en cuanto al aborto. Pero someter a pruebas de lealtad política a quienes han sido nombrados para participar en comités consultivos científicos está totalmente fuera de lugar. De la misma manera, la membresía en los órganos que llevan a cabo la revisión de las propuestas científicas de sus pares (proceso que es fundamental para el avance científico) ciertamente debería estar libre de barreras que no se relacionen con la aptitud profesional.

Desgraciadamente, los científicos de los EU se están encontrando cada vez más con barreras de ese tipo. El otoño pasado, la revista Science publicó varios artículos relativos a este tema.

Uno narraba la sustitución masiva de los miembros del comité consultivo del Centro Nacional para la Salud Ambiental, que forma parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), sin consultar al director del centro. Otros casos similares sucedieron en el Comité Consultivo sobre Envenenamiento por Plomo y su Prevención, el Comité Consultivo sobre Protecciones en la Investigación Humana y el Comité Consultivo sobre Ensayos Genéticos.