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Estados Unidos, el paria

En 1977, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos permitió a los estados la reanudación de la pena capital –que con anterioridad había denunciado como anticonstitucional—exigió que siguieran procedimientos estrictos. A partir de entonces, la Corte se ha mantenido en buena parte ajena a la administración de la pena de muerte. Lejos de mantener estándares rigurosos, ha rechazado peticiones basadas en alegatos bien fundados de sesgo racial, representación legal inadecuada, falta de notificación consular y la incapacidad mental de los acusados.