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Contra la "ecologización" de los bancos centrales

NUEVA YORK – De una u otra manera, la conducta de los bancos centrales tendrá que cambiar por la crisis climática, pero debería hacerlo solo debido a que este creará nuevas limitaciones e impulsará nuevas formas de actividad económica pública y privada. La función primaria de los bancos centrales no debería cambiar, ni ellos tendrían que adoptar metas “verdes” que podrían socavar la búsqueda de sus objetivos tradicionales: la estabilidad financiera y la estabilidad de los precios (que en Estados Unidos es un mandato doble de estabilidad de los precios y un máximo nivel de empleo).

El cambio climático será un tema global definitorio en las próximas décadas, ya que todavía estamos extremadamente lejos de alcanzar un mundo resiliente y con bajas emisiones de carbono. Son tres los factores de nuestras emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) que impedirán una respuesta adecuada. Primero, los beneficios (la energía barata) se disfrutan en el presente mientras que los costes (calentamiento global) se tendrán que pagar en el futuro. Segundo, los beneficios son “locales” (para el emisor de los GEI), mientras que los costes son globales: una externalidad clásica. Tercero, los métodos más eficaces de limitar las emisiones de GEI imponen cargas desproporcionadas sobre los países en desarrollo, mientras que la tarea se compensarles sigue siendo políticamente débil.

La manera más eficaz de abordar las externalidades del cambio climático es con medidas fiscales y normativas focalizadas. Los impuestos pigouvianos o cuotas transables podrían crear los incentivos correctos para reducir las emisiones de GEI. Los impuestos al carbono, como los promovidos por William D. Nordhaus de la Universidad de Yale, deben convertirse en la norma global (aunque es difícil avizorar un impuesto mundial al carbono funcionando sin una transferencia importante de riqueza de los países desarrollados a los en desarrollo). Los impuestos verdes y las cuotas podrían complementarse con normas y regulaciones que apunten al uso de energía y las emisiones, y el gasto público podría apoyar la investigación y desarrollo de las tecnologías verdes que necesitaremos.

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