Una orden de detención que justifica la hipocresía

LONDRES – En este mes, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha respaldado la solicitud de su fiscal principal de que emitiera una orden de detención de Omar el-Bashir, Presidente del Sudán, con la acusación de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. Éste respondió expulsando a los organismos extranjeros de ayuda que prestaban asistencia en los campos de refugiados de Darfur.

Es la primera vez que se ha procesado a un jefe de Estado en el poder por crímenes de guerra y la reacción en todo el mundo ha estado principalmente dividida entre los que han aclamado esa decisión como un gran paso adelante de la justicia internacional y quienes la han condenado como una forma de colonialismo. Las dos posiciones están irremediablemente sumidas en una confusión moral e intelectual.

La orden no ha sido un salto adelante. Desde el punto de vista jurídico, no hay diferencia entre que el acusado sea un jefe de Estado en el poder o un ex jefe de Estado, pero sí que hay una enorme diferencia práctica, en el sentido de que un gobernante en ejercicio puede causar mucho más daño a su pueblo en el futuro que un ex gobernante, por lo que no se le debe brindar incentivo alguno para tomar represalias.

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