¿Cómo recordará la Historia el gobierno de George W. Bush? Después de cinco años en el cargo, y cuando aún tiene por delante tres años más, algunas respuestas resultan ya evidentes. Otras van apareciendo gradualmente. Entre estas últimas figura un ataque cada vez más intenso a las libertades civiles dentro de los Estados Unidos que ahora resulta comparable al del gobierno de Richard Nixon hace más de treinta años.

Naturalmente, las libertades civiles habían de verse afectadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En toda la historia de los Estados Unidos, las amenazas a la seguridad nacional, ya fueran reales o imaginarias, han propiciado recortes de los derechos de los ciudadanos y, en mucho mayor medida, de los derechos de los inmigrantes y otras personas sospechosas de favorecer los intereses de fuerzas extranjeras.

En el siglo XX, las violaciones de las libertades civiles fueron particularmente severas durante cuatro períodos. En el período 1917-1919, a consecuencia de la participación de los EE.UU. en la primera guerra mundial y de los atentados anarquistas con bombas después de la guerra hubo casi dos mil procesamientos federales, redadas en masa de extranjeros y deportaciones sumarias. Durante la segunda guerra mundial, tras el ataque del Japón a los EE.UU. se internó a más de 120.000 americanos de origen japonés por razones de raza, incluidos muchos nacidos en los EE.UU.

A finales del decenio de 1940 y en el de 1950, la guerra fría y el temor de que la “amenaza roja” socavaran la determinación americana desde dentro propiciaron millares de programas antisubversivos a consecuencia de los cuales decenas de miles de americanos perdieron sus medios de vida. Por último, durante los años de Nixon, la paranoia del Presidente sobre la oposición a la guerra de Vietnam y a sus políticas propició una tendencia a los abusos que al final provocó su deshonrosa dimisión.

La herencia del gobierno de Nixon resulta particularmente instructiva para evaluar la ejecutoria de Bush. Aunque los americanos tienen tendencia a agrupar las violaciones de las libertades civiles de Nixon bajo el epígrafe de “Watergate”, no se limitaron ni mucho menos al allanamiento de la sede del Partido Demócrata y su posterior encubrimiento. Entre los participantes en esos hechos figuraron los “fontaneros”, una policía secreta personal creada por Nixon y así llamada porque una de sus misiones era la de eliminar las filtraciones de información que la Casa Blanca no quería revelar.

Otro ataque secreto a las libertades civiles fue la aprobación por Nixon del “Plan Huston”, que autorizó la vigilancia política mediante robo, escuchas electrónicas y la utilización del ejército para espiar a civiles. Nixon utilizó esos métodos contra oponentes políticos, periodistas y empleados estatales sospechoso de deslealtad para con el Presidente.

Por lo que sabemos, Bush no ha llegado tan lejos. No obstante, las escuchas electrónicas sin autorización judicial, como las ordenadas por Bush y que se iniciaron en 2002, desempeñaron una papel particularmente importante en la caída de Nixon. Uno de los tres cargos contra Nixon en la votación para su destitución en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes se basó en dichas escuchas.

De hecho, Bush aplicó su política, pese a la existencia de una ley de 1978 –aprobada como reacción ante los abusos de la época de Nixon– que requiere explícitamente la aprobación judicial y en contradicción con su afirmación pública de que no se hacen esas escuchas sin un mandato judicial. Ahora que ha salido a la luz su programa de vigilancia electrónica, el Departamento de Justicia de Bush ha lanzado una investigación sobre cómo se hizo pública esa noticia y ha amenazado a los periodistas que comunicaron esa información.

Pero, antes incluso de las últimas revelaciones, los ataques del gobierno de Bush a las libertades civiles fueron legión, incluido su encarcelamiento de centenares de hombres sin procesamiento en la bahía de Guantánamo para intentar eludir el examen judicial de sus casos. También hizo redadas contra centenares de extranjeros, a los que encarceló y deportó, en una campaña antiterrorista, pese a que no se ha demostrado que ninguno de ellos tuviera vinculación con el terrorismo.

La lista no acaba aquí. Los subordinados de Bush autorizaron métodos de interrogación que propiciaron la tortura y su gobierno se opuso firmemente a la aprobación de una legislación encaminada a prohibir su utilización. Incluso insistió en que podía encarcelar a un ciudadano americano, José Padilla, incomunicado durante un período indefinido sin acusaciones penales hasta que, ante la perspectiva de una revisión en el Tribunal Supremo, formuló de repente acusaciones que nada tenían que ver con las alegaciones que habían constituido la base de su detención.

De hecho, una característica distintiva de las violaciones de las libertades civiles por parte del gobierno de Bush es la de que muchas de ellas entrañaron medidas para eludir el examen judicial. Todos esos casos –Guantánamo, las deportaciones, el caso Padilla y el programa de escuchas electrónicas– comparten esa característica. Al mismo tiempo, Bush ha nombrado sistemáticamente para los tribunales federales a jueces elegidos por su disposición a mostrar deferencia para con el poder presidencial. Su último candidato al Tribunal Supremo de los EE.UU., el juez Samuel Alito, ejemplifica esa tendencia.

El estado de ánimo en los EE.UU. de hoy dista del extremo al que llegó en 1973 y 1974, cuando la campaña en pro de su destitución y condena en el Senado de los EE.UU. lo obligó a dimitir, pero, aunque podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Bush seguirá en su cargo durante el resto de su mandato, también parece seguro que la Historia lo considerará un presidente que intentó socavar las libertades civiles.

Lamentablemente, dadas las repetidas afirmaciones de Bush –haciendo caso omiso de la tradición constitucional de los contrapesos y salvaguardias– de que su cargo lo dota de poderes unilaterales para violar derechos, no parece inquietarle esa perspectiva.