La mayoría de los observadores independientes concuerdan en que el presupuesto de la Unión Europea ya no refleja sus principales tareas y objetivos de política general. La ayuda a la agricultura, sector en decadencia, consume más del 40 por ciento del gasto, mientras que se gasta poco para el futuro (investigación e innovación) o en sectores en los que la UE debe hacerse cargo de nuevos cometidos, como, por ejemplo, la seguridad interior y exterior.

Además, las contribuciones con cargo a los presupuestos nacionales constituyen la inmensa mayoría de los ingresos. Los gobiernos de los Estados miembros consideran dichos ingresos “su dinero” y los comparan con “las sumas percibidas” por ellos. De modo que las negociaciones sobre el presupuesto de la UE se basan exclusivamente en lo que las haciendas nacionales deben pagar y lo que los agricultores y las regiones de su país recibirán. Los ciudadanos europeos no tienen una idea clara del costo total y sólo están interesados en preservar indefinidamente las transferencias a su favor.

El alejamiento cada vez mayor del presupuesto respecto de los objetivos de la Unión se debe a procedimientos de adopción de decisiones que autorizan al Consejo Europeo, que representa a los gobiernos miembros, a adoptar todas las decisiones importantes conforme a una regla de unanimidad, mientras que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea están limitados a un papel de menor importancia.

En las negociaciones sobre el nuevo marco fiscal multianual para el período 2007-2013, que ya están en marcha, no se está abordando esa cuestión, porque los intereses a largo plazo de la UE están ausentes de la mesa negociadora. Ninguna de las dos propuestas que están sobre la mesa tiene sentido. La Comisión propone que se aumenten las consignaciones presupuestarias hasta el 1,24 por ciento del producto nacional bruto combinado de la UE. Sin reducciones en el gasto dedicado a la agricultura, las aportaciones nacionales de los contribuyentes netos aumentarían hasta niveles insostenibles sin que por ello se añadiera demasiado valor a las políticas comunes.

En contraste con la Comisión, la intención manifestada por un número cada vez mayor de Estados miembros es la de limitar los compromisos de consignaciones al 1 por ciento del PIB, lo que trasladaría directamente la mayoría del peso del ajuste a los Fondos estructurales, presagio seguro de disputas enconadas entre los antiguos beneficiarios y los nuevos Estados miembros.

¿Qué clase de presupuesto tiene sentido? El gasto agrícola es un importante factor distorsionador en la economía de la UE; así, pues, se deberían eliminar totalmente el apoyo y las subvenciones a los precios. Se deberían trasladar a los presupuestos nacionales los pagos a los agricultores para que no caigan en la pobreza.

Se deberían seguir dedicando recursos substanciales al fomento de la convergencia de las rentas entre los países más pobres. Sin embargo, se debería limitar el apoyo en el tiempo y eliminarlo gradualmente, a medida que los países vayan disfrutando de niveles de vida en aumento gracias a la integración. Para ello, la elegibilidad debería basarse en criterios transparentes de desarrollo económico y social relativo.

Se debería intensificar el papel de la UE con vistas a fomentar los aumentos de la productividad, el crecimiento económico y el empleo y dedicar hasta la cuarta parte del gasto con cargo al presupuesto de la UE al capital humano y la investigación. Se debería atribuir mayor eficacia al gasto en investigación eliminando la gestión burocrática a cargo de la Comisión y del Consejo y abriendo a la competencia a escala de la UE todos los fondos nacionales dedicados a la investigación. Se necesitarán recursos substanciales para que la Unión desempeñe plenamente su papel en el mundo y intensifique en gran medida la seguridad dentro y fuera de sus fronteras.

En conjunto, no parece que para ello sea necesario aumentar en gran medida los recursos de la Unión: el 1 por ciento del PIB agregado bastaría para desempeñar esas tareas.

En la esfera de los ingresos, la reforma debería rescindir todas las vinculaciones entre las haciendas nacionales y el presupuesto de la UE para que el costo de Europa resulte directamente visible a los ciudadanos de la Unión. Los sistemas fiscales nacionales deberían “dedicar” a Europa los ingresos correspondientes a un impuesto particular. La eficacia y la equidad exigen que dicho impuesto tenga una base amplia armonizada en el nivel de la UE y con un tipo moderado.

La mejor solución –y, de hecho, la única viable- es un pequeño recargo en el IVA vigente. Un tipo fijo del 2 por ciento, aproximadamente, en toda la Unión satisfaría todas las necesidades financieras. Las facturas de todas las compras sujetas al IVA mostrarían la cantidad pagada a la UE, con lo que los ciudadanos estarían al corriente de su contribución, que se transferiría automáticamente a las cuentas de la Unión y dejaría de figurar en los presupuestos nacionales.

Para realizar esas reformas, es necesario un nuevo procedimiento de adopción de decisiones a fin de velar por que predominen en él los intereses de toda la UE y no los nacionales. Se deberían adoptar mediante votación por mayoría las decisiones relativas al marco multianual y a los presupuestos anuales en el Consejo y en el Parlamento, a partir de una propuesta oficial de la Comisión y dejar las decisiones sobre el límite máximo de recursos totales a cargo del Consejo de Ministros y de los Estados miembros, lo que requerirá la modificación del Tratado Constitucional de la UE, una vez que entre en vigor.

Además, sería útil sincronizar las decisiones presupuestarias con los períodos electorales del Parlamento. El presupuesto de la UE debería pasar a ser un asunto principal en las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo, lo que aumentaría el interés de los votantes y, por tanto, su participación.

La modificación del Tratado Constitucional no será viable hasta 2009, pero, si el Parlamento Europeo enviara las señales políticas idóneas en las negociaciones presupuestarias que están en marcha, se podría lograr mucho ahora. Debería decir al Consejo que aceptará un límite máximo inferior del gasto total, pero que desearía tener mayor capacidad de decisión sobre la composición del gasto.

Al aceptar el límite máximo de los gastos totales, el Parlamento Europeo se granjearía el crédito de los gobiernos y del electorado. A cambio, tendría derecho a afirmar su papel en la decisión sobre los bienes públicos europeos que se deben financiar con cargo al presupuesto de la UE.