Casi no hay día en que no sepamos de algún ministro de gobierno que renuncia a su cargo en algún lugar. En cierto sentido, eso no es sorprendente. Después de todo, sólo en la Unión Europea los veinticinco estados miembros dan empleo a cientos de ministros en su conjunto - e incluso más si se consideran los subsecretarios. Pero, ¿por qué renuncian los ministros? Y lo que es más interesante: ¿por qué algunos no renuncian cuando parece haber razones de peso para que lo hagan?

Ante la falta de investigaciones empíricas, debemos hacer generalizaciones basadas en conjeturas. Los ministros a menudo renuncian porque se ven involucrados en escándalos, frecuentemente relacionados, en tiempos recientes, con el financiamiento de partidos políticos. En Italia podemos encontrar varios fantasmas de tales delitos.

En ocasiones, los ministros renuncian por lo que ellos llaman "razones personales". Tales razones pueden ocultar factores más apremiantes, como sugiere la reciente dimisión del director de la CIA, George Tenet. Pero Tony Blair perdió a uno de sus mejores y más leales amigos en el gabinete, Alan Milburn, porque éste verdaderamente quería pasar más tiempo con su familia.

Blair también perdió a sus ministros de exteriores y de asistencia al desarrollo, Robin Cook y Clare Short, respectivamente. En su caso, fueron serias diferencias sobre política -en cuanto a la guerra de Irak-lo que hizo que se fueran, y Cook ciertamente busca regresar.

No obstante, Geoff Hoon, el ministro de defensa de Blair, así como su contraparte estadounidense, Donald Rumsfeld, siguen en sus puestos. Es cierto que ninguno de ellos está claramente involucrado en algún escándalo, ni están en desacuerdo con las políticas de sus líderes. Por el contrario, no sólo apoyan esas políticas, sino que defienden empecinadamente hasta sus aberraciones, como el maltrato a los prisioneros de guerra. Estos ministros abren investigaciones, cambian a los generales o los orillan al retiro prematuro, llevan a los autores de los maltratos ante tribunales militares. Pero aparentemente no ven ninguna razón para responder a aquellos miembros del Congreso o del Parlamento, ya no se diga del público, que se preguntan si no es tiempo de que los ministros mismos se vayan.

El caso de los crímenes en Irak es particularmente dramático, pero hay casos menos obvios que llevan a lo mismo. El ministro de transportes de Alemania, por ejemplo, vio el catastrófico y costoso fracaso de un sistema de peaje en carreteras que había anunciado con orgullo. Pero incluso él podría permanecer en su cargo después de culpar a otros -en este caso a compañías privadas-por la debacle. Si sucede algo inaceptable sin la participación directa de un ministro, éste puede salir indemne, o así parece, echándole la culpa a los burócratas o contratistas responsables de implementar una política aprobada.

¿Esto siempre ha sido así? Quisiéramos pensar que no. En cualquier caso, hay dos conceptos éticos que nos vienen a la mente, ninguno de los cuales está muy de modo actualmente cuando se habla del gobierno: la responsabilidad y el honor. Ambos valores son, o al menos solían ser, parte de la ética de gobierno.

La responsabilidad se refiere al hecho de que los ministros tienen que rendir cuentas de todo lo que suceda en su ámbito. De hecho, son los únicos que deben rendir cuentas en sentido estricto. En los sistemas parlamentarios pueden y deben comparecer ante los representantes electos del pueblo para explicar lo sucedido.

Dado que son los únicos responsables directos, no es suficiente que un ministro señale a los culpables en un caso particular. Los servidores públicos no se pueden defender de la misma forma; sus ministros tienen que defenderlos. Si ha sucedido algo de tal gravedad que un ministro encuentre imposible defenderlos, tal vez tengan que recibir un castigo, pero el ministro de cualquier manera debe asumir la responsabilidad.

Es correcto suponer que el secretario Rumsfeld no aprobó, por no decir ordenó, los abusos contra los prisioneros iraquíes. Queda la inquietante duda sobre si a su escritorio llegaron instrucciones o informes con datos relevantes. Pero, de cualquier manera, el ministro es el responsable único y definitivo por lo que sucedió bajo su mando. No puede eludir esa responsabilidad ni siquiera si se identifica y enjuicia a los culpables.

Aquí es donde entra el segundo concepto ético, el honor, que puede parecer un término anticuado. Lo que este concepto revela en el caso de Rumsfeld es que puede no haber obligación legal o constitucional alguna para que el ministro responsable renuncie por el escándalo de los abusos en Irak. Pero hubo un tiempo en el que su renuncia se habría considerado cuestión de honor. Tal gesto no sólo demuestra que el ministro en cuestión está totalmente consciente del peso de su responsabilidad, sino que pone a la integridad de las instituciones democráticas por encima de sus intereses personales, por no hablar de las posibilidades electorales de aquéllos para quienes trabajó.

La democracia es un conjunto de valores preciado pero precario a la vez. Si queremos persuadir a otros para que lo adopten, haríamos bien en demostrar que no sólo creemos en las elecciones y las mayorías, sino también en las virtudes de la responsabilidad y el honor.