BRUSELAS – Mientras Grecia activa su paquete de rescate de 45.000 millones de euros con el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, cada vez resulta más evidente que se necesita una nueva estrategia mucho más integral. Es necesario abordar dos problemas: la credibilidad del programa de estabilización fiscal de Grecia y cómo cubrir la brecha de financiamiento a mediano plazo del país.

La magnitud del esfuerzo de ajuste fiscal que se le exige a Grecia ya es bien conocida. El déficit tiene que reducirse en al menos 10 puntos porcentuales del PBI (desde alrededor del 13% a menos del 3% del PBI). El problema esencial, que hasta el momento no se ha abordado, es que un ajuste fiscal en esta escala requiere que el gobierno tome dos medidas que sólo se pueden implementar si se cuenta con una amplia aprobación de la sociedad: un recorte de los salarios y un recorte del gasto social. Ambas medidas hoy son tan impopulares en Grecia como inevitables.

Los problemas de competitividad del país también son bien conocidos. Los costos unitarios de mano de obra se han incrementado un 10%-20% más que en Alemania. Suponiendo que Grecia quiera quedarse en la eurozona, una "devaluación interna" -vale decir, un recorte significativo de los salarios nominales- es inevitable.

El gobierno puede y debe recortar los salarios en el sector público, pero con eso no basta. También se necesita con urgencia un recorte significativo de los salarios en el sector privado a fin de estimular las exportaciones (que actualmente representan menos del 20% del PBI, incluso si tomamos en cuenta tanto bienes como servicios) para crear al menos una fuente de crecimiento.

En consecuencia, Grecia necesita un "Pacto de Competitividad Nacional" en el que el gobierno, la oposición, los empleadores y los trabajadores concuerden en un conjunto de medidas que recorten los costos laborales unitarios en al menos el 10%. Se podría apelar a tres estrategias para alcanzar este objetivo: un ajuste de los salarios nominales, la extensión del horario de trabajo y una reducción de los aportes a la seguridad social (compensada por un incremento en el impuesto al valor agregado). A Grecia le correspondería decidir la combinación de medidas a tomar, pero un recorte en los costos laborales unitarios de esta envergadura es una primera medida esencial para un ajuste exitoso, y debería ser un prerrequisito para el paquete de respaldo del FMI/UE.

Tampoco se pueden evitar los recortes profundos del gasto social para tener finanzas públicas sostenibles. Los crecientes déficits fiscales en Grecia en la última década fueron, esencialmente, el resultado de un incremento masivo del volumen de los beneficios sociales estatales, del 20% a cerca del 30% del PBI, sin ningún incremento significativo de los ingresos tributarios.

Contrariamente a la percepción popular, la cuenta de los salarios del sector público sólo tiene una relevancia marginal. El gobierno ya implementó gran parte del ajuste necesario en este sector.

En realidad, los recortes en los salarios del sector público pueden rendir como máximo el 1%-2% del PBI en consolidación fiscal. En vista de que el gasto social representa casi el 60% del gasto público total, un ajuste fiscal exitoso en definitiva exigirá que el gasto se recorte significativamente. La alternativa, un incremento en los ingresos tributarios de casi el 50% en un período de pocos años, simplemente no es factible.

Una reforma profunda del estado de bienestar y la creación de un sistema moderno de administración tributaria demanda tiempo. Pero los mercados financieros no están de ánimo para darle tiempo a Grecia, lo que nos lleva al segundo problema importante que enfrenta el país.

Para ganar el respiro necesario para que el proceso de reforma resulte efectivo, el gobierno griego podría sencillamente anunciar una reprogramación simple: la fecha de vencimiento de toda la deuda pública existente se extiende cinco años a una tasa de interés sin modificaciones. En ese caso, el gobierno griego no enfrentaría ningún vencimiento en los próximos cinco años y tendría que refinanciar unos 30.000 millones de euros por año a partir del 2015, lo que para entonces sería algo manejable. El financiamiento oficial, por ende, tendría que ser mucho más limitado, y el paquete del FMI/UE de aproximadamente 45.000 millones de euros debería bastar para cubrir la mayor parte de los déficits cada vez menores durante este período de gracia.

Sin una reprogramación de este tipo, es poco probable que Grecia pueda pasar para adelante los 30.000 millones de euros aproximadamente que vencen anualmente en los próximos años. Con el tiempo, los países de la eurozona inevitablemente tendrían que refinanciar gran parte de la deuda pública de Grecia. Esta es una receta para que los problemas políticos continúen, ya que los griegos siempre considerarían que la tasa de interés es demasiado alta, mientras que Alemania consideraría que es demasiado baja (al menos, en relación con las tasas de mercado). Es más, una vez que la eurozona haya empezado a refinanciar a Grecia sin ningún aporte de los acreedores privados, sería políticamente imposible detener el proceso.

El tipo de reprogramación que se propone aquí indicaría la predisposición del gobierno griego a cumplir plenamente con su deuda, y en consecuencia podría ser aceptada sin que se trastocaran demasiado los mercados financieros. Por supuesto, los mercados verían cualquier reprogramación que no estuviera acompañada por un programa de ajuste creíble como un mero preludio de un incumplimiento de pago real posterior, lo que conduciría a una prima de riesgo aún más alta.

Pero hasta el mejor programa de ajuste no puede ser financiado sin algún aporte de los acreedores privados; es decir, alguna forma de reprogramación. La única salida para Grecia, entonces, es combinar ambos elementos: reprogramación de su deuda más acuerdos nacionales sobre salarios y gasto social. La estrategia actual -concentrarse exclusivamente en las necesidades de financiación y en un ajuste fiscal en 2010, y patear las elecciones difíciles para más adelante- no funcionará.