A menudo se sostiene que Kosovo es un caso de prueba para el concepto de intervención "humanitaria”. Sin embargo, en momentos que Irak cae en un caótico torbellino, los líderes y diplomáticos de todo el mundo nuevamente se están preguntando si es adecuado que alianzas de naciones, o la comunidad internacional como un todo, intervengan en casos cuando un país soberano parece carecer de la voluntad o la capacidad de proteger a sus ciudadanos del genocidio, los crímenes de guerra o la limpieza étnica.

Al centro de este debate se encuentra la así llamada doctrina de la “responsabilidad de proteger". Como Defensor del Pueblo nombrado por las Naciones Unidas para Kosovo durante los últimos cinco años, he tenido la oportunidad única de observar las consecuencias de dicha doctrina, tras la intervención de la OTAN en la ex Yugoslavia en 1999. Posteriormente, Kosovo se ha convertido en un experimento internacional sobre cómo construir una sociedad, encabezada por la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).

Experimento es la palabra adecuada. En efecto, Kosovo se ha convertido en una “placa de cultivo” sobre la intervención internacional. Habiendo vivido y trabajado lo suficiente en Kosovo como para ver los resultados obtenidos hasta la fecha, me parece que tales experimentos necesitan más investigación.

No hay duda de que a menudo la necesidad de una intervención internacional en casos de crisis depende de la oportunidad y el momento específicos, y con frecuencia se necesita una respuesta bastante rápida. Sin embargo, y aparte de los factores militares, cuando se considere una intervención de este tipo es de fundamental importancia centrar el debate de las políticas internacionales sobre el despliegue rápido de una presencia civil y de seguridad vinculada con ella. Esto es particularmente cierto en los lugares donde el sufrimiento humano es causado por un conflicto comunitario, como fue el caso de Kosovo.

Un despliegue inmediato de una adecuada presencia civil y de seguridad durante los meses inmediatamente posteriores al término de la campaña de bombardeos de la OTAN en 1999 podría haber brindado mecanismos adecuados para enfrentar el contragolpe que permitió a las víctimas convertirse en victimarios. Las fuerzas de paz de la OTAN no recibieron órdenes de detener los secuestros, las desapariciones, las matanzas por venganza y la enorme destrucción de la propiedad cometidas por los albaneses étnicos, lo que produjo un vasta limpieza étnica inversa de la población no albanesa (principalmente serbia).

Como resultado de este abandono, hoy en Kosovo persiste una nociva situación en lo político y social. En lugar de un conflicto comunitario en vías de solución, el odio entre etnias es más intenso que nunca.

Además de la falta de una adecuada presencia civil y de fuerzas de seguridad para tranquilizar a cada comunidad sobre su seguridad, la carencia general de mecanismos legales para brindar una pronta justicia por los crímenes cometidos durante y después la intervención ha creado una tensión adicional. De hecho, esta tensión es tan generalizada que cualquier posibilidad de dar inicio a la tan necesaria reconciliación hoy se debe postergar muy hacia el futuro.

De manera similar, en Kosovo la comunidad internacional ha dedicado poco tiempo a ayudar a que los ex combatientes contemplen su responsabilidad colectiva por las atrocidades, independientemente de lo directa o indirecta que haya sido su participación personal. Sin una iniciativa de este tipo, intentar mejorar la situación es como construir una casa en una duna de arena.

Esta falta de previsión y planeamiento sobre las etapas posteriores a la intervención armada no sólo es peligrosa para la gente que supuestamente ha sido “salvada”, sino que es contraproducente. A menos que se estructure una intervención humanitaria de un modo que garantice una seguridad básica, los antagonismos subyacentes que originaron la intervención no harán más que reforzarse, en lugar de reducirse.

De manera que, seis años después de la intervención de la OTAN, Kosovo parece más lejos que nunca de la estabilidad y la paz social. A pesar de las frecuentes seguridades por parte de las autoridades de la ONU en el sentido de que Kosovo está en el camino de la reconciliación y un verdadero gobierno interno, las autoridades de la OTAN indican que hay planes de mantener una presencia militar de largo plazo en la provincia para "garantizar que el proceso político pueda concluir pacíficamente".

Esto me lleva a otro punto clave: una estrategia práctica de salida es tan importante para el éxito de una intervención humanitaria futura como la estrategia de entrada. Para que una intervención internacional tenga alguna opción creíble de éxito, es necesario que desde el comienzo haya criterios claros sobre qué constituye el “éxito”. Sólo una claridad así puede permitir un final adecuado a la participación de los actores internacionales. En Kosovo no ha habido esta claridad. Como resultado, la OTAN y la ONU no tienen una idea precisa de cuándo ni cómo deberían retirarse.

Alguien dijo una vez, y con razón, que es fácil bombardear, pero mucho más difícil construir; es relativamente fácil derrotar un régimen por medios militares, pero es mucho más difícil crear una sociedad civil sólida y sostenible en su lugar. La Asamblea General de las Naciones Unidas debería tener esto en mente cuando comience a codificar la doctrina de la “responsabilidad de proteger”.