El proyecto de integración de Europa carece de precedentes históricos. Durante el pasado milenio, Europa ha vivido con un equilibrio precario, mientras creaba todos los grandes imperios que han dominado y pacificado el mundo en los 500 últimos años. Sus ocho o nueve naciones principales riñeron guerras unas contra otras, siempre que una amenazaba con intentar conseguir el dominio sobre las otras. Europa nos dio las dos últimas guerras mundiales y al balance de monstruosidades hay que sumar sus grotescos refinamientos en el arte de matar: el Holocausto y el Gulag.

Sesenta años después de la última guerra -un instante a la luz de la Historia- 25 naciones europeas, incluidos casi todos los países del continente, están unidas en un proyecto común que garantiza una paz definitiva. La institucionalización de Europa hace que la guerra sea imposible y motiva la reconciliación: entre Francia y Alemania, entre católicos y protestantes en Irlanda y pronto entre húngaros y rumanos. Al mismo tiempo, una integración económica profunda y una política comercial común hacen de la Unión Europea una zona de prosperidad que está relativamente bien protegida contra las crisis financieras contemporáneas.

Quienes soñaron con una sola nación federal, capaz de imponer una política exterior firme respaldada por unas fuerzas armadas potentes, tal vez se sientan decepcionados por la configuración de la UE actual, pero constituye un error centrar demasiado la atención en las deficiencias de la Unión y pasar por alto la realidad extraordinaria que tenemos ante nosotros. Aunque Europa es más un espacio gobernado por un Estado de derecho compartido que la expresión de una voluntad política unitaria, actualmente está convirtiéndose en la mayor potencia económica del mundo.

Se trata de un acontecimiento histórico de enorme importancia, pero que no ha silenciado a los críticos de la UE, quienes se quejan de que fue el producto de tecnócratas no elegidos por los ciudadanos y de gobiernos que han negociado tratados a espaldas de ellos.

Eso es cierto, pero sólo hasta cierto punto. En el pasado, Europa ha padecido una falta de legitimidad democrática, pero de un tratado a otro (ha habido ocho en total), de una fase de la integración a la siguiente, los gobiernos nacionales, receptivos ante el "déficit democrático" advertido, fueron aumentando gradualmente los poderes del Parlamento Europeo. Lo que originalmente era un órgano consultivo ha ido evolucionando poco a poco hasta llegar a ser un parlamento como cualquier otro.

De hecho, el único atributo de un parlamento nacional de que aún carece el Parlamento Europeo es la capacidad de iniciativa legislativa. En todo lo demás es una asamblea legislativa normal que va encarnando gradualmente la confianza popular -o la falta de ella- en el gobierno (en este caso la Comisión Europea).

Aunque la autoridad para aprobar o derrocar un gobierno proviene del Tratado de Ámsterdam, que fue ratificado en 1997, el Parlamento Europeo no ha recurrido a ella... hasta ahora. En la última semana de octubre, el candidato de Italia para el cargo de Comisario Europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Rocco Buttiglione, declaró ante el Parlamento que la homosexualidad es un pecado y que el objetivo de las mujeres debe ser el de permanecer en el hogar y ser protegidas por los hombres, para que puedan criar a los hijos.

Nadie pone en entredicho el derecho de Buttiglione a pensar así, pero eso lo descalifica para un cargo de dirección en un ámbito en el que el Parlamento Europeo ha sostenido coherentemente durante más de 20 años una postura mucho más progresista, ya fuera sobre los derechos de las minorías -incluidas las minorías sexuales- o sobre la igualdad entre los hombres y las mujeres.

Pero no ha sido éste el único caso abordado por el Parlamento Europeo. Los diputados a dicho parlamento se escandalizaron al enterarse de que la candidata de los Países Bajos para el cargo de Comisaria de la Competencia era miembro de los consejos de administración de muchas instituciones financieras importantes, con lo que habría sido juez y parte en las actuaciones ante la Comisión. La arrogancia del presidente designado de la Comisión, José Barroso, y su evidente desprecio al Parlamento hicieron lo demás. Cuando estaba a punto de celebrarse la votación sobre la confirmación, Barroso retiró preventivamente su propuesta Comisión, porque sabía que la perdería.

Algunos han llamado crisis institucional la retirada de una Comisión propuesta, pero eso es absurdo. Lo que para Barroso es una reprimenda constituye una consolidación de la democracia para la UE. Al fin y al cabo, el deber de los parlamentos es fiscalizar el poder del ejecutivo. Barroso sigue encargado personalmente de formar la Comisión y dispone de algunas semanas para proponer otro equipo. Lo mismo podría ocurrir en cualquiera de nuestros parlamentos nacionales.

Europa necesitaba este reequilibrio de poderes para que se pudiera considerarla un sistema de gobierno plenamente democrático. Después de una segunda ronda de examen, la legitimidad de la nueva Comisión resultará fortalecida. Al reafirmar su prerrogativa democrática, el Parlamento de Europa ha fortalecido a Europa.