BAHÍA DE GUANTÁNAMO, CUBA – En el Senado de Estados Unidos están en marcha las audiencias para evaluar el destino de los 240 presos que siguen detenidos en Bahía de Guantánamo y de los tribunales militares y los arrestos sin juicio que crearon la administración Bush y un Congreso sumiso. El Congreso estadounidense también está debatiendo qué sucederá con el campamento mismo, establecido en 2002 para albergar a individuos que supuestamente era “los peores de los peores”, en un marco concebido deliberadamente por los abogados de Bush como un “espacio exterior jurídico”.

Pero, ¿son acaso esas audiencias del Senado simplemente el decorado de una nueva realidad que es tan mala como la anterior –y en algunos sentidos peor? Los tribunales militares sin las debidas garantías procesales están funcionando de nuevo. Si bien el Presidente Barack Obama ha liberado a unos cuantos presos, especialmente a los uigures chinos, y ha enviado a otro para que se someta a un juicio real en la Ciudad de Nueva York, ahora está dando señales escalofriantes de que está a punto de dar inicio a la “detención preventiva”, lo que le permitiría arrestar para siempre a un número no especificado de presos sin acusaciones ni juicios.

Durante una visita a Guantánamo, Joe DellaVedova, vocero del  Departamento de Defensa, me dijo que varios páneles están estudiando los expedientes de los detenidos, un proceso que llevará hasta fin de año. A partir de eso, se dividirá a los detenidos en tres categorías: aquéllos que serán enjuiciados en tribunales penales de Estados Unidos; aquéllos que serán liberados y enviados a otros países; y ampquot;aquéllos que no pueden ser liberados ni enjuiciados y por lo tanto deben permanecer detenidos indefinidamente... lo que se llama la ‘detención preventiva.’”

Me quedé estupefacta. Los comentarios de DellaVedova indicaban que el proceso de revisión era simplemente un teatro político. Si va a haber una verdadera revisión de las acusaciones que pesan contra estos detenidos, ¿cómo puede saberse por anticipado que la tercera categoría será necesaria? La detención preventiva indefinida es, por supuesto, el fundamento de un Estado policiaco.

Las organizaciones de derechos humanos sabían que Obama había preparado el camino, en términos de relaciones públicas, para algunos juicios penales – insistiendo en el alto nivel de seguridad de algunas cárceles estadounidenses y subrayando que se había enjuiciado con éxito a otros terroristas en el sistema de justicia del país. (Otras democracias, como el Reino Unidos y España, siempre juzgan a los acusados de terrorismo, incluidos los miembros de Al Qaeda, en tribunales penales ordinarios.)

Pero seis meses después de que ordenara el fin de la tortura y de los “sitios negros” de la CIA y de que prometiera cerrar Guantánamo en un plazo de un año, Obama parece estar reciclando los peores excesos de Bush. Llevó aviones llenos de periodistas a Guantánamo para mostrarles unas instalaciones “seguras, transparentes y humanas” en las que ahora se ofrecen pastelillos y se pueden ver videos en un sofá con grilletes. Pero los aproximadamente 240 presos siguen detenidos sin que se les acuse de ningún delito y tampoco tendrán derecho a un juicio justo, ni siquiera bajo las comisiones militares que ha propuesto Obama. Después de todo, el fiscal, el juez y el “panel” serán empleados del gobierno estadounidense.

Además, el Departamento de Justicia de Obama ha invocado el argumento de Bush de que la Ley de los Secretos de Estado prohíbe la divulgación de evidencias sobre tortura, lo que significa que cualquier persona que haya sido torturada nunca podrá comparecer ante un tribunal. Asimismo, Obama ha tratado de ocultar cientos de fotografías que muestran ataques sexuales cometidos en las cárceles administradas por Estados Unidos y no ha hecho nada para desmantelar la Ley Patriot .

¿Por qué Obama, un experto en cuestiones constitucionales, está dando marcha de esta manera?

En primer lugar, no desea dar la impresión de que es “blando ante el terrorismo”. En segundo lugar, tal vez necesite juzgar a los detenidos de Guantánamo en un ambiente amañado o incluso impedir que sean juzgados: los abogados afirman que la tortura, incluyendo la de orden sexual, era tan endémica en la CIA y las fuerzas armadas que Obama podría tener entre manos a docenas, sino es que a cientos, de presos cuyos cuerpos son escenas del delito.

Según Wells Dixon, un abogado del Centro de Derechos Constitucionales que representa a algunos de los detenidos, la administración Obama no se puede arriesgar a llamar delitos a las torturas, así que las llama ampquot;fuentes y métodos clasificadosampquot; que no se pueden divulgar en un tribunal. ampquot;Ni siquiera le puedo contar la forma en que fueron torturados mis clientes, porque me enjuiciarían”, dice. De hecho, tampoco se puede reproducir la explicación del por qué este material es clasificado, ya que se trata de información reservada.

El acceso de los abogados a sus clientes en Guantánamo tampoco ha mejorado con Obama. “En todos los casos de los detenidos estamos sujetos a una orden de protección,” dice Dixon. “Bajo esta orden, todo lo que los detenidos digan es clasificado,” a menos que el “Equipo de información privilegiada” del Departamento de Defensa decida otra cosa.

Dixon me contó entonces algo revelador sobre uno de sus clientes, Majid Khan, uno de los llamados “detenidos de gran valor” que estuvo preso durante tres años en “sitios negros” de la CIA. Dixon dijo que Khan fue torturado, aunque “el gobierno sostendría que lo que le sucedió es una ‘fuente o método de inteligencia.’”

Debido a su acreditación de seguridad, Dixon no puede hablar de esas “fuentes y métodos.” Por el otro lado, continuó, Dixon “Cuando el gobierno le hace algo a [Khan] que según ellos es clasificado, le revelan información clasificada. Pero como él no tiene acreditación de seguridad, nada le impide, a diferencia de mí, decirle al mundo exterior, ‘Esto es lo que me hicieron.’ Nada lo impide – salvo el hecho de que está físicamente bajo custodia.”’

La “conclusión lógica,” según Dixon, es que Khan “debe permanecer detenido el resto de su vida –independientemente de si en algún momento se le acusa de algo– porque si se le llegara a liberar, nada le impediría divulgar esta información.

Majid Khan – y hay muchos más como él – es un producto clásico de la indiferencia de la administración Bush hacia los principios fundamentales del Estado de Derecho. Desgraciadamente, la administración de Obama, a pesar de su retórica grandilocuente, parece estar dispuesta a perpetuarla.