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Paz  mediante la reconciliación

NUEVA YORK –Puede ser accidental o puede que no, pero, precisamente cuando se ha puesto en marcha la ofensiva militar del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el Presidente del Afganistán, Hamid Karzai, se ha lanzado por fin a hacer gestiones en serio en pro de la reconciliación nacional. El elemento fundamental de ese proceso es la búsqueda de algún medio para reintegrar al menos a alguna parte de los talibanes en la sociedad y en las actividades productivas. Para cumplir los requisitos con vistas a dicha reintegración, los talibanes tendrán que deponer las armas, renunciar a su conexión con Al Qaeda y acceder a respetar la legislación afgana.

Ese cambio de política es un paralelismo necesario con las medidas militares que se están aplicando. También es un reconocimiento tardía de que las políticas de “desarrollo como de costumbre” aplicadas en el Afganistán hasta ahora han fracasado. De hecho, como se ha demostrado lamentablemente, las antiguas políticas nunca iban a bastar para galvanizar el apoyo público afgano, en particular para un nuevo incremento de las fuerzas militares.

Hace ocho años, el Afganistán se lanzó a cuatro transiciones distintas: una transición en materia de seguridad para alejarse de la violencia y la inseguridad; una transición política a una sociedad basada en gobiernos participativos y el Estado de derecho; una transición social de las confrontaciones tribales y étnicas a la reconciliación nacional; y una transición económica para transformar una economía degradada por la guerra e inestable en otra viable en la que el pueblo pueda ganarse la vida decente y legalmente.

Como la reconstrucción económica se produce en medio de esa cuádruple transición, lo que ha estado ocurriendo en el Afganistán es algo fundamentalmente distinto de los procesos normales de desarrollo. La actual situación afgana refleja el fallo habido hasta ahora y consistente en no hacer de la reconciliación nacional –en lugar de políticas óptimas de desarrollo– la prioridad fundamental del Gobierno y de la comunidad internacional.

Los países desgarrados por la guerra que han emprendido transiciones de ese tipo desde el final de la Guerra Fría tienen una ejecutoria pésima: la mitad, aproximadamente, vuelve al conflicto al cabo de unos años. De la otra mitad, la mayoría acaban dependiendo en gran medida de la ayuda, situación en verdad insostenible en la actual situación financiera. El Afganistán tiene una ejecutoria absolutamente lamentable en los dos sentidos: ha vuelto al conflicto y no se está emancipándolo de su profunda dependencia de la ayuda.

El Salvador, tras el fin de su guerra civil, logró no volver al conflicto ni quedar dependiente de la ayuda, gracias principalmente a su insistencia en reintegrar a los ex combatientes de los dos bandos y a otras personas afectadas por la guerra en las fuerzas nacionales de seguridad, el proceso político o actividades económicamente productivas. El programa “tierra por armas” que el Gobierno salvadoreño ejecutó fue la vía principal para la reintegración productiva, al facilitar a sus beneficiarios medios de vida sostenibles y una participación, por pequeña que fuera, en la riqueza del país.

Como la dificultad principal a corto plazo en una transición a la paz es la reconciliación nacional, el objetivo político de la paz debe prevalecer en todo momento sobre el objetivo económico o financiero del desarrollo, si los dos entran en conflicto, como con frecuencia ocurre. Las actividades relacionadas con la paz –en particular, la reintegración y otros programas de reconciliación– deben recibir prioridad en las asignaciones presupuestarias. El de no hacerlo ha demostrado ser un factor de la mayor importancia en la recaída de los países en la guerra, porque, sin paz, no puede haber desarrollo sostenible.

Así, pues, para que haya éxito en el Afganistán, es necesaria la reintegración de los talibanes, cosa que requiere una cuidadosa planificación y soluciones audaces e innovadoras para inducirlos a entregar las armas y el compromiso de que se atengan a las políticas idóneas, puede que durante muchos años.

Pero la reintegración requerirá el método del palo y la zanahoria.   Probablemente se puedan encontrar incentivos para inducir a un gran número de las bases   a abandonar la insurgencia e integrarse en las fuerzas armadas o la policía afganas, desempeñar un papel en la política local, integrarse en la Administración o buscar empleos agrícolas u otros del sector privado. Los pagos en metálico deben reducirse al mínimo necesario para las necesidades inmediatas y a corto plazo, pero se debe aplicar urgentemente una política de creación de puestos de trabajo.

Sin embargo, la situación en relación con los mandos talibanes es más problemática. Las recompensas deben ser mayores, como lo fueron en el caso de los programas salvadoreños para los mandos del FMLN. En el caso del Afganistán, puede ser necesaria también una reducción drástica de la financiación de los talibanes mediante las actividades relacionadas con las drogas, además de operaciones militares específicas para destruir las guaridas de la insurgencia tanto en el Afganistán como en el Pakistán.

Dos problemas graves hacen que la reconciliación en el Afganistán resulte particularmente difícil. En primer lugar, el gobierno de Karzai debe superar los problemas de credibilidad relacionados con las promesas incumplidas que hizo en el pasado a los antiguos talibanes que depusieron las armas. En segundo lugar,   los 140 millones de dólares prometidos por los donantes en la Conferencia de Londres con destino al Fondo Fiduciario para la Paz y la Reintegración son manifiestamente insuficientes con vistas a una reintegración eficaz.

Parafraseando a John Maynard Keynes, el precio económico del establecimiento de la paz es cuantioso, pero no cabe duda de que es una buena inversión. Esa inversión ahorraría miles de vidas y sería una miseria en comparación con los centenares de miles de millones de dólares dedicados por la comunidad internacional a gastos militares y de mantenimiento de la paz desde que comenzó en 2001 la llamada “guerra al terror”.

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