El 1 de mayo de 2006 es una fecha crucial para Europa porque es la fecha límite para implementar la directiva de la Unión Europea relativa a la libre circulación como ley nacional. La mayoría de los países ya cambiaron sus leyes de inmigración o prometieron hacerlo antes de que venza el plazo. Sólo se han retrasado Bélgica, Italia, Finlandia y Luxemburgo.

Es cierto que algunos de los viejos miembros de la UE han optado por prohibir la migración laboral durante un período de transición que en principio es de dos años pero que puede ampliarse hasta abril de 2011. Sin embargo, esta restricción no se aplica a las personas que trabajan por su cuenta o que no están trabajando. Actualmente, esas personas ya disfrutan de una libertad de migración plena.

Si bien las reglas de la directiva que rigen la migración de los empleados y de las personas que trabajan por su cuenta apenas difieren de las leyes previas de la UE, los derechos de migración y de beneficios sociales de los ciudadanos europeos que no trabajan se han ampliado considerablemente. Según la directiva, cada ciudadano europeo tiene el derecho a un permiso de residencia en cualquier Estado miembro hasta por 5 años seguido por el derecho de residencia permanente. En principio, incluso los inmigrantes sin una actividad podrán recibir los beneficios sociales, igual que los nacionales.

La directiva contiene salvaguardias que limitan el abuso potencial de los beneficios sociales durante los primeros cinco años, incluyendo pruebas de que se cuenta con un seguro médico y el requisito de que se demuestren suficientes "recursos" cuando se solicite un permiso hasta por cinco años. Pero no queda claro qué significan esos recursos. Según el preámbulo de la directiva, un Estado no puede utilizar como excusa para negar el permiso de residencia la falta de recursos suficientes, ya que esto sería discriminación inadmisible. En teoría, el requisito de los recursos debe adaptarse a las circunstancias individuales del inmigrante. Sin embargo, en la práctica, los medios financieros, ya sean activos o ingresos regulares, se exigen de manera uniforme a todos los inmigrantes independientemente de sus características individuales.

No obstante, incluso durante el período de cinco años, un inmigrante disfrutará de mayores derechos. Si se convierte en indigente después de adquirir el permiso de residencia, no puede ser enviado automáticamente a su país como se hacía antes. En cambio, el Estado de bienestar debe ofrecerle sus servicios. Solamente se pueden rechazar reclamaciones "no razonables" pero el Estado tendrá la carga de probar que lo son. Tampoco se puede acortar la duración del permiso de residencia simplemente porque el inmigrante reclame asistencia social.

Cuando se cumplen los cinco años de residencia legal un inmigrante automáticamente obtiene el derecho inalienable de residencia permanente. El país anfitrión no puede negar ese derecho incluso si el inmigrante carece de seguro médico o de recursos para vivir. El inmigrante tendrá pleno derecho a recibir todos los beneficios sociales que el país anfitrión ofrece a sus residentes nacionales.

Los incentivos para hacer uso de la nueva directiva serán especialmente fuertes para los europeos del Este. Actualmente, el promedio de los salarios nominales en los ocho países post comunistas de la UE es de una quinta parte del nivel europeo occidental y frecuentemente sólo de una cuarta parte a la mitad de los niveles occidentales en asistencia social. Las diferencias reales en los estándares de vida no son tan grandes pero son no obstante una tentación. Esto será particularmente cierto en el caso de los rumanos y búlgaros que están invitados a adherirse a la UE en 2007. Actualmente sus salarios nominales están a tan sólo un 7% del promedio europeo occidental.

Europa Occidental ya ha experimentado tres décadas de migración indirecta hacia el estado de bienestar, ya que los beneficios sociales han creado salarios artificialmente altos para los trabajadores no calificados, lo que ha propiciado simultáneamente una inmigración excesiva y desempleo. Los inmigrantes han desplazado a los residentes locales que prefieren los beneficios sociales a entrar en la competencia por salarios bajos con los recién llegados. La directiva de libre circulación implica una nueva era de migración directa hacia los Estados de bienestar europeos occidentales.

El resultado puede ser una erosión de esos Estados de bienestar mismos. Como ningún Estado europeo occidental quiere una inmigración que busque los beneficios y puesto que no pueden discriminar entre los residentes nacionales y los inmigrantes de la UE, empezarán a reducir sus servicios. Europa entrará en un período extendido de disuasión competitiva durante el cual abandonará gradualmente sus viejos valores sociales.

Con toda seguridad, el contrapeso de las fuerzas políticas presionará por una armonización de los sistemas de bienestar social de Europa. El proyecto de constitución de la UE rechazado en los referendos francés y holandés del año pasado, respira el espíritu de este enfoque. Desafortunadamente, la armonización se aplicaría probablemente al pago de sustitución de salarios, lo que implicaría limitaciones de salario mínimo uniforme para los países de la UE. Dada la heterogeneidad económica de la UE, este resultado probablemente fomentaría el desempleo.

Todavía es tiempo de prevenir estos atemorizantes efectos. Pero, para hacerlo, se debe cambiar la directiva sobre la libre circulación de manera que el derecho a inmigrar no implique automáticamente el derecho a los beneficios sociales. Si el país de origen siguiera siendo responsable de los servicios de bienestar a los inmigrantes que no trabajan, se podría detener la erosión de los Estados de bienestar europeos occidentales prevista por la teoría de la competencia de sistemas. Pero eso significaría un cambio sustancial en la dirección de las políticas sociales de la UE, incluyendo una revisión del proyecto de constitución.