Tres decenios después de que los jmeres rojos mataran a la cuarta parte de los siete millones de habitantes de Camboya, un tribunal para juzgar a los dirigentes supervivientes más responsables de ello está preparado para abrir sus puertas.

Conforme a un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Camboya, se ha elegido a 13 jueces y fiscales extranjeros junto a 17 homólogos camboyanos. Ese ecléctico grupo de juristas iniciará, en la primera semana de julio, un experimento inhabitual en la justicia internacional. Durante los tres próximos años, las Salas Extraordinarias, cuyo nombre resulta muy apropiado, intentarán determinar el grado de responsabilidad legal correspondiente a uno de los peores genocidios del siglo XX. Entre los que probablemente serán juzgados figuran dos de los más cercanos y poderosos secuaces de Pol Pot: Nuon Chea, dirigente del Partido Jmer Rojo, e Ieng Sary, ex Viceprimer Ministro y ministro de Asuntos Exteriores.

En vista de lo mucho que se ha tardado en despegar –las conversaciones, interrumpidas y reanudadas una y otra vez, se han prolongado durante nueve años–, la simple existencia de este tribunal es un motivo de celebración, pero la prueba del juicio será la de si es –y se lo considera– imparcial, atenido a los hechos y acorde con las normas internacionales.

Por razones históricas y jurídicas, el Gobierno de Camboya y la comunidad internacional comparten la responsabilidad de lograr que ese tribunal tenga éxito. Para ello, deben abordar varias dificultades importantes.

En primer lugar, a diferencia de los tribunales mixtos de Timor Oriental, Kosovo y Sierra Leona, los jueces internacionales son una minoría. (Un mecanismo "supermayoritario" de votación velará por que el voto de al menos un juez internacional sea necesario para emitir una sentencia.) Hay razones poderosas para que los tribunales mixtos cuenten con componentes nacionales importantes. No obstante, en este caso esa disposición plantea dificultades particulares en un país en el que desde hace mucho se han puesto en tela de juicio la calidad y la independencia de la adopción de decisiones judiciales.

En segundo lugar, el largo tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos –más de treinta años en algunos casos— excede con mucho el correspondiente a cualquier otro proceso comparable. Otros tribunales sobre crímenes de guerra se han constituido inmediatamente después del conflicto. El largo retraso del de Camboya complica la tarea de preservación de las pruebas, incluida la memoria humana, que tan esencial es para demostrar la culpabilidad.

No se pueden eliminar esos impedimentos estructurales, pero se pueden superar en parte con una formación intensa en materia de derecho camboyano e internacional y técnicas complejas de investigación, todo ello reforzado por una vigorosa supervisión independiente a lo largo de todo el proceso.

En tercer lugar, la sede del tribunal se encuentra en un complejo militar muy alejado del centro de Phnom Penh. Para que los ciudadanos de a pie observen ese acontecimiento histórico, tendrán que ser transportados por autobuses. Se deberá transmitir el proceso a toda la nación por radio y televisión. Los grupos cívicos y el tribunal deberán formular estrategias creativas de divulgación destinadas a la población predominantemente rural para velar por que todos los camboyanos tengan la oportunidad de entender dicho proceso. Como mínimo, el personal del tribunal debe trabajar con los grupos locales para celebrar reuniones sobre los juicios y las cuestiones que plantean en las comunidades de todo el país.

En cuarto lugar, en los últimos meses dirigentes de la oposición y activistas en pro de los derechos humanos han sido objeto de acusaciones penales por haber hecho declaraciones críticas para con el Gobierno. Un proyecto de ley va encaminado a establecer de forma permanente la difamación como delito penal y consta de nuevas disposiciones según las cuales constituye un delito criticar una sentencia judicial.

Los dirigentes políticos de Camboya y los Estados donantes deben hacer más para subrayar el valor de un debate amplio sobre el tribunal y el legado, en sentido amplio, del conflicto civil de Camboya. Los supervivientes camboyanos del Jmer Rojo recuerdan el miedo cotidiano a criticar aquel régimen; sería particularmente trágico que los camboyanos no se sintieran libres para expresar sus opiniones sobre las Salas Extraordinarias. Un compromiso público válido con el tribunal requiere una situación subyacente que fomente –y no castigue— la libre expresión de las ideas.

En quinto lugar, en Camboya escasean los abogados muy competentes, porque los jmeres rojos casi liquidaron a los profesionales de la abogacía. Aun así y a diferencia del procedimiento empleado en otros tribunales internacionales mixtos de crímenes de guerra, la legislación local sólo permite que los acusados estén representados por abogados camboyanos. En pro de la equidad y las garantías procesales, se debe cambiar esa norma en el caso de las Salas Extraordinarias a fin de que abogados internacionales puedan hacer igualmente su contribución a la defensa.

Por último, los Estados donantes, tras haber aportado generosamente la mayor parte de los fondos del tribunal, no deben quedarse cruzados de brazos observando. La mejor forma como pueden ayudar al tribunal es coordinando sus acciones, ejerciendo una supervisión vigorosa y contribuyendo a determinar –y, en caso necesario, a resolver— los problemas que surjan.

Además, puede que hayan de aportar recursos suplementarios. El presupuesto mínimo esencial del tribunal, que asciende a 56 millones de dólares para tres años, no basta para sufragar necesidades básicas, como, por ejemplo, una casa segura para los testigos protegidos, transcripciones de los testimonios ante el tribunal o una biblioteca. Sería de ayuda que los Estados Unidos, que aún no han hecho su contribución a las Salas Extraordinarias, la hicieran.

Las Salas Extraordinarias constituyen un hito en el empeño de Camboya de abordar un período excepcionalmente violento de su pasado. El desempeño del tribunal reviste la mayor importancia para millones de camboyanos marcados por los crímenes de los jmeres rojos. Al mismo tiempo, ese tribunal es la última manifestación de un permanente movimiento mundial –que se remonta al juicio de Nuremberg—encaminado a acabar con la impunidad de las atrocidades en masa. Su capacidad para impartir justicia debe ser del mayor interés para todos nosotros.