A ocho meses de asumir la presidencia, ¿está Nicolas Sarkozy cumpliendo la "ruptura" con los 30 años de inmovilidad francesa que prometiera? Apodado el "hiperpresidente" por los desconcertados medios de comunicación, ha lanzado una vasta cantidad de reformas, varias de las cuales alguna vez se consideraron un suicidio político. Ha apuntado a varias áreas -como las universidades, el poder judicial, la política exterior, la inmigración, los impuestos y el medio ambiente- pero es la economía la que probará ser el área verdaderamente determinante.

El eslogan de Sarkozy, “trabajar más para ganar más”, le ha significado un respaldo importante. La prueba crucial será su capacidad de reformar el mercado laboral, ya que la opinión general es que sus rigideces son la causa principal del desempeño económico relativamente deficiente de Francia, con un índice de desempleo que nunca ha bajado del 8% en los últimos 25 años.

Si bien el gobierno ha comenzado muchos proyectos, con pocas excepciones la mayoría de ellos aún está en veremos, incluidos los recortes de impuestos para los ricos. Los más importantes tienen relación con el empleo público, las pensiones, las leyes laborales y la duración de la semana laboral, temas que generan una fuerte resistencia.

La principal razón del lento ritmo de avance –haciendo la salvedad de que los presidentes anteriores no hicieron avance alguno- es que la ley de 2005 exige que todas las medidas que afectan el mercado laboral se negocien primero de buena fe con los sindicatos. Naturalmente, los sindicatos ponen tantos obstáculos como sea posible a las negociaciones.

Como resultado, es probable que Francia supere pronto a Suecia como el país con mayor gasto público del mundo. Todos los ministros de finanzas franceses se lamentan de haber tenido muy poco espacio de maniobra para recortar costos, considerando el alcance de los derechos adquiridos, particularmente los salarios y pensiones de los funcionarios públicos.

Con la mitad de los funcionarios públicos actuales en vías de jubilar en los próximos diez años, Sarkozy ha prometido reemplazar uno de cada dos. En 2007, el índice de reducción fue uno de cada tres... no precisamente lo prometido, pero un brusco cambio si se compara con las décadas anteriores, en que la cantidad de funcionarios públicos aumentó bastante más rápido que el empleo en el sector privado.

Sarkozy cree que tiene el mandato popular de hacer aprobar sus reformas al mercado laboral por el parlamento, donde controla una gran mayoría. En contraste, los sindicatos argumentan que tienen “legitimidad social”, afirmación que puede sorprender a muchos fuera de Francia, pero que tiene un peso considerable en un país donde las grandes manifestaciones o las huelgas de larga duración se interpretan como una representación válida de la voluntad popular.

Desde el comienzo, ambos lados esperaban una lucha definitoria, la que ocurrió en noviembre pasado, luego de que el gobierno decidiera alinear la edad de jubilación en el sector público con la del sector privado. Cuando el primer gobierno del Presidente Jacques Chirac intentó una reforma similar en 1995, los trabajadores de los ferrocarriles, que pueden jubilar a los 50 o 55 años, estuvieron a la cabeza de la resistencia. Tras cerca de tres semanas de completa detención de los trenes, el gobierno se vio obligado a ceder, y poco después perdió unas elecciones generales.

La huelga de 1995 se convirtió en un icono de la “legitimidad social”, generando temor en todos los gobiernos subsiguientes. Sin embargo, esta vez los sindicatos cedieron tras nueve días, en gran parte debido a que la reforma había sido explicada y prometida al público durante la campaña presidencial. La legitimidad democrática ganó una importante batalla a la legitimidad social.

Esto abre el camino a más y mayores reformas. El 1 de enero entró en vigencia una ley que restringe las huelgas del transporte, y Sarkozy pretende acabar con la semana laboral de 35 horas, si bien de manera indirecta. En lugar de revocar la ley, el trabajo de sobretiempo se volverá más fácil y relativamente barato. También está preparando el aumento de la edad para jubilar, de 60 a 61 años.

Los pasos siguientes son incluso más provocativos: un plan para remozar el contrato de trabajo estándar y para requerir que se invite a todos los trabajadores a votar tras ocho días de huelga. De hecho, probablemente la medida más fundamental es transformar radicalmente la manera en que funcionan los sindicatos. En la actualidad, su papel está codificado por una ley posterior a 1945 que les da una enorme influencia, a pesar de que la cantidad de trabajadores sindicalizados se ha reducido a apenas un 8% de los empleados. El plan, que todavía se debe articular de manera más completa, es hacer que deban rendir cuentas a todos los trabajadores y no sólo a sus afiliados, lo que es otra manera de promover la legitimidad democrática, pero esta vez en el centro del sistema social.

Una razón por la que Sarkozy podría tener éxito en temas en los que gobiernos anteriores nunca soñaron aventurarse, además de su mandato popular para llevar a cabo sus reformas, es una estrategia de “ganar-ganar”, por la que la victoria de la reforma implica sustanciales compensaciones. Por ejemplo, Sarkozy ha prometido que la mitad de lo que se ahorre con la reducción del empleo público se destinará a aumentar los salarios, posiblemente según mérito, lo que es otra línea roja para los sindicatos.

Sin embargo, Sarkozy no está convirtiendo a Francia, por largo tiempo un país hostil a las reformas del lado de la oferta, en lo que muchos considerarían una economía normal. Si bien tiene los instintos correctos en cuanto a los mercados laborales, es muy francés en otros temas.

Es un convencido de las políticas industriales, lo que lo llevará a una fuerte confrontación con la Comisión Europea y varios de sus colegas. También siente una profunda desconfianza hacia los mercados financieros y a menudo promueve más regulación, y considera que un euro fuerte es una amenaza a la industria francesa y un resultado de la especulación, lo que ya ha le ha significado graves choques con el Banco Central Europeo.

En todos estos temas, gran parte del poder de decisión se ha transferido a la Unión Europea, lo que reduce notablemente el margen de maniobra de Sarkozy. No obstante, a Francia le corresponderá la presidencia rotativa de la UE en la segunda mitad de 2008. Nadie es perfecto, y Sarkozy menos que cualquiera, por lo que debemos prepararnos para algunas iniciativas altamente polémicas.