Mientras las incesante violencia en Irak captura la atención de los titulares noticiosos del mundo, Afganistán todavía lucha por lograr la paz. El parlamento del país está lleno de caudillos locales, el de las drogas es un negocio floreciente y la violencia va en aumento.

Esta semana, los líderes del mundo tienen una oportunidad de dirigir los acontecimientos por un camino nuevo y más esperanzador, cuando se reúnan en Londres para fraguar un nuevo pacto con Afganistán, en base al Acuerdo de Bonn de 2001, que estableció gran parte del marco para un Afganistán democrático, pero dejó mucho por hacer en la superación del trágico legado de un país desgarrado por la guerra.

Difícilmente podría ser mayor la necesidad de prestar nuevamente atención a Afganistán. Las décadas de abandono y la intervención extranjera dejaron al país en ruinas, con resonancias en todo el mundo. Hoy a todos nos conviene ayudar a reconstruir el país.

El comercio de drogas es un ejemplo del largo alcance de la inestabilidad local. Se estima que, el año pasado, el valor de las drogas producidas en Afganistán –el mayor proveedor mundial de opiáceas- llegó al 25% del PIB.

Además, la seguridad sigue siendo una preocupación seria. En 2005, murieron más de 125 soldados de la coalición, mientras las bombas suicidas surgieron como una táctica nueva y cada vez más común de la insurgencia. La corrupción está en aumento, y hay autoridades de gobierno acusadas de favoritismo y tráfico de drogas. Varios miembros del recién elegido parlamento son conocidos caudillos locales, o “señores de la guerra”, con sangrientos historiales. En momentos que los Estados Unidos reducen su presencia militar y la ayuda internacional muestra una pobre coordinación, muchos afganos creen que el mundo exterior los está abandonando.

Sin embargo, la enorme escala de los retos que enfrenta Afganistán no debería ensombrecer las oportunidades de estimular un cambio positivo. El proceso de Bonn estableció el principio de la responsabilidad democrática, dio a Afganistán su primer presidente directamente electo, y proporcionó una nueva constitución que –aprobada tras un genuino debate y verdaderas negociaciones- creó un gobierno central legítimo. También allanó el camino para un parlamento en que un cuarto de los legisladores son mujeres, en un país donde apenas hace cinco años ni siquiera se les permitía salir de casa sin un pariente masculino.

Más aún, la mayoría de los 20.000 consejos locales fueron electos mediante voto secreto. Como una señal de la importancia de que los consejos pongan en práctica cambios en el nivel más local, el Banco Mundial y sus socios han adoptado un programa altamente innovador que canaliza la ayuda para el desarrollo rural a través de los consejos, que ahora tienen la facultad de decidir cómo se gastarán los fondos. A nivel nacional, el gobierno aprobó recientemente una nueva estrategia de desarrollo que significa un gran paso para vislumbrar la estabilidad y el crecimiento futuros de Afganistán.

La opinión pública refleja un apoyo generalizado a los últimos cambios. Una encuesta reciente muestra que los afganos, en su abrumadora mayoría, son partidarios de la nueva dirección del país, respaldando la participación de las mujeres en la vida pública y la intervención internacional contra al Qaeda, los talibanes y la economía sustentada en el comercio de drogas.

Pero el potencial de progreso en Afganistán se debe reforzar mediante una acción internacional concertada. En la Conferencia de Londres, los líderes mundiales deben apoyar la estrategia antinarcóticos recientemente aprobada por el gobierno afgano, que reduciría la dependencia económica de la producción de opio, castiga a traficantes y distribuidores, y da alternativas económicas sustentables a los agricultores de la amapola. Afganistán está luchando cuerpo a cuerpo con el mayor problema de narcóticos del mundo y los donantes deben comprometerse con una estrategia de largo plazo para el control de la droga. La conferencia debería dar seguimiento a una resolución del Parlamento Europeo que plantea considerar si Afganistán puede convertirse en uno de los países con licencia para producir opio con fines médicos.

Más aún, en lugar de destinar cientos de millones de dólares a asistencia técnica y programas de creación de capacidades de corto plazo, la conferencia de Londres debería esforzarse por ayudar al gobierno afgano a cumplir su meta de dar a su población joven las habilidades y la educación necesarias para llevar a su país a un futuro de paz y prosperidad. La comunidad internacional podría ayudar a educar a 40.000 afganos cada año en áreas que se necesitan con urgencia, como ingeniería, gestión, agricultura, derecho y economía.

La reforma judicial es otra materia urgente. En la actualidad, el poder judicial es incapaz de juzgar un caso de robo menor y menos aún de garantizar el respeto a los derechos humanos. Una Corte Suprema dominada por facciones conservadoras ha estado a cargo de seleccionar a los jueces y fiscales, y los afganos tienen pocas garantías legales en un sistema que permite que los caudillos locales -que tienen gran influencia sobre los jueces- actúen con impunidad.

Sin un sistema legal viable, la inversión extranjera seguirá siendo esquiva. Incluso los afganos que viven en los estados del Golfo y han invertido cerca de $5 mil millones en redes comerciales regionales y globales son reacios a invertir en su patria.

Sin embargo, es claramente posible una reforma. El mes pasado, las autoridades afganas adoptaron -aunque con poco entusiasmo- un plan judicial de transición que sacaría del poder a los mayores criminales de guerra, que han consolidado su control del país en los últimos cinco años. La implementación de este plan no sólo daría un sano impulso al imperio de la ley, sino que también mejoraría la seguridad y contribuiría a un mejor gobierno.

No actuar ahora equivaldría a traicionar al pueblo afgano, que en 2001 recibió como liberadores a los soldados de la OTAN y el ejército de EE.UU. Por su bienestar y el nuestro, no debemos defraudarlos.