BERLIN – La actual crisis económica ha expuesto dos problemas fundamentales en el diseño de la Unión Monetaria Europea. El primero tiene que ver con la sustentabilidad de las finanzas públicas en una cantidad de estados miembro de la eurozona. Segundo, la coordinación inadecuada de las políticas macroeconómicas ha resultado en divergencias en la competitividad internacional para los miembros de la eurozona, amenazando la existencia misma del euro.

Los países cuyas finanzas públicas parecían fundamentalmente sólidas hasta el año pasado ahora están sometidos a una fuerte presión fiscal. Se espera que la deuda gubernamental de Irlanda aumente a casi el 80% del PBI para 2010, mientras que hace apenas un año la Comisión Europea proyectaba que la deuda gubernamental de Irlanda estaría por debajo del 30% del PBI. De la misma manera, mientras que se esperaba que España disminuyera su endeudamiento, su relación deuda-PBI probablemente se duplique entre 2007 y 2010, a más del 60%.

Los mecanismos de vigilancia fiscal de la UE no han logrado predecir estos desenlaces porque ignoran una variable crucial: la dinámica de la deuda del sector privado. Dados los altos costos económicos de una crisis bancaria, es probable que los gobiernos asuman los pasivos de su sector financiero cuando estalla una crisis -como ocurrió recientemente en el Reino Unido e Irlanda, y en las crisis financieras en América Latina y Asia en los años 1990-. Probablemente suceda lo mismo cuando los sectores empresariales clave se acercan a la insolvencia. Un país con finanzas públicas sólidas, por ende, puede desmadrarse fiscalmente casi de la noche a la mañana.

Dados los vínculos financieros y económicos cada vez más estrechos entre los miembros de la zona del euro, una creciente deuda gubernamental en un país de la UME puede tener consecuencias graves para todos los miembros, porque ningún estado miembro permitirá que otro entre en cesación de pagos. En consecuencia, los miembros de la UME indirectamente comparten el pasivo generado por la deuda del sector privado de los países miembro, que por esta razón debería monitorearse dentro del marco de vigilancia de la UME.

Otro problema aparente es que los estados miembro de la UME -al menos hasta ahora- no coordinan sus políticas económicas de manera efectiva. Incluso antes de la crisis, esto resultó en divergencias en materia de competitividad y en el ciclo comercial. La pérdida persistente de competitividad en la última década es una razón por la que la crisis está afectando tanto a algunos países de la UME del sur de Europa, como España e Italia.

La ineficiencia del control en materia de políticas fiscales y la falta de convergencia económica son una cuestión de creciente preocupación tanto para el Banco Central Europeo como para los ministros de Finanzas de la eurozona. Si bien hasta la fecha no se ha presentado ninguna iniciativa para enfrentar estos problemas, la cuestión seguramente se convertirá en un tema de debate dentro de la UME.

Una manera de encarar los problemas asociados con la deuda gubernamental, así como de mejorar la coordinación de las políticas económicas, es mediante una simple extensión de las reglas existentes: se podría introducir un "Pacto de Estabilidad Externa" para complementar las actuales regulaciones de la UME. Este pacto supervisaría los desajustes de cuenta corriente y penalizaría los déficits o superávits excesivos en la cuenta externa.

Monitorear las balanzas externas puede ser una herramienta efectiva para medir futuros riesgos de cesación de pagos, ya que los déficits sostenidos de cuenta corriente derivan en un crecimiento de la deuda externa neta. Es más, existe una relación directa entre la dinámica de la deuda del sector privado de los países de la UME y sus desajustes de cuenta corriente dentro de la zona del euro. Siempre que un gobierno nacional sólo tenga un déficit modesto, un déficit de cuenta corriente refleja el endeudamiento del sector privado con el exterior (o la venta de activos extranjeros previamente acumulados). Si el saldo de cuenta corriente se evalúa junto con la posición fiscal, se torna posible trazar conclusiones sobre las tendencias riesgosas de deuda dentro del sector privado.

La matemática de la dinámica de la deuda sugiere que ningún país de la eurozona debería tener un desajuste de cuenta corriente, ya sea un déficit o un excedente, de más del 3% del PBI. Se podrían otorgar excepciones a aquellos países con grandes influjos de inversión extranjera directa en proyectos sin socios locales. La regla debería aplicarse tanto a los países deudores como acreedores. Después de todo, los desequilibrios de pago siempre tienen dos lados y el peso del ajuste no debería recaer exclusivamente sobre los países con déficits.

Un pacto de este tipo obligaría a los gobiernos a usar políticas fiscales y salariales así como una política económica general para alcanzar un equilibrio externo. Esto llevaría a una mayor coordinación de las políticas económicas, particularmente con respecto a la estipulación salarial, ya que los gobiernos estarían obligados a utilizar legislación nacional y acuerdos salariales del sector público para influir en la política salarial de manera tal que se reduzcan los desequilibrios entre los países de la eurozona.

Es más, un Pacto de Estabilidad Externa obligaría a los gobiernos a tener en cuenta las consecuencias para otros estados miembro a la hora de diseñar reformas económicas nacionales. Si un "país con superávit" como Alemania quisiera reducir los costos laborales no salariales y aumentar el impuesto al valor agregado para estimular su competitividad, simultáneamente tendría que adoptar una política fiscal expansiva para compensar los efectos negativos en el comercio exterior de sus socios.

Dentro del marco de estas reglas, los países individuales conservarían la autoridad para diseñar sus políticas. El gobierno español, por caso, podría haber hecho frente al auge inmobiliario y al déficit de comercio exterior de España mediante aumentos de los impuestos o instando a una restricción salarial doméstica. Alternativamente, podría haber intervenido implementando regulaciones de planificación o imponiendo límites a los préstamos hipotecarios.

Un Pacto de Estabilidad Externa no sólo detectaría tempranamente los riesgos para la estabilidad fiscal, sino que también ayudaría a que se hiciera realidad un principio fundamental del derecho de la UE, a saber: que los estados miembro finalmente traten la política económica como un "interés común".