Yukos, que en tiempos fue la principal compañía petrolera de Rusia y favorita de los inversores internacionales, está agonizando. En una subasta, que muchos consideraron amañada, sus mejores activos fueron vendidos a un postor antes desconocido y ahora vuelven a estar en manos del Estado ruso. Los que quedan siguen impugnando el destino de la compañía, en particular en un tribunal de Houston (Texas), pero esos espasmos no resucitarán el cadáver. Lo que ahora importa es si la economía de Rusia compartirá el destino de Yukos.

El perjuicio causado a las perspectivas de crecimiento económico de Rusia por el caso Yukos pueden aún ser temporales, siempre que no se repita una actuación semejante con otras empresas, pero, para saber si el de Yukos será un caso aislado, como insiste el Kremlin, hay que interpretar los motivos del Presidente ruso Vladimir Putin.

Una posibilidad es la de que Putin no sea sincero sobre su objetivo de duplicar el PIB de Rusia en un decenio. Encuestas de opinión recientes indican que ésa es la opinión de gran parte del cínico público de Rusia. Según dicha opinión, las privatizaciones del decenio de 1990 fueron un chanchullo que sólo sirvió a los poderes establecidos.

Pero cualquier revocación de dichas privatizaciones –como la efectiva expropiación de Mijail Jodorkovsky y sus socios de Menatep en Yukos- no significa el amanecer de la justicia social, sino un nuevo grupo de jefes “expropiando a los expropiadores”, como decía Lenin.

Una opinión menos nihilista es la de que el caso Yukos indica sobre todo una serie de improvisaciones por parte de Putin y no un programa coherente, lo que resulta en parte tranquilizador. Hay muchos indicios de que el origen del caso no fue un proyecto de nacionalización sistemática, sino la impresión del Kremlin de que Jodorkovsky se proponía usar su riqueza para privatizar el propio Estado ruso.

Semejante “captura del Estado” ocurrió en Rusia a finales del decenio de 1990 y, en medida aún mayor, con el régimen de Kuchma en la vecina Ucrania, que Putin intentó –lo que resulta irónico- preservar. Neutralizar la amenaza advertida en Jodorkovsky significaba privarlo de los medios para lograr sus ambiciones separando su Grupo Menatep de los futuros flujos de fondos de Yukos.

Las reclamaciones fiscales en gran escala contra Yukos utilizadas para ese fin fueron eso precisamente: el medio y no el fin. Si el objetivo hubiera sido simplemente la recuperación de atrasos fiscales, no habría habido necesidad de descomponer la empresa: Yukos habría podido asumir incluso esas responsabilidades colosales en un civilizado plan de pago a plazos.

Desde luego, la expropiación de Menatep hizo que las acciones de Yukos –empresa que en 2003 atrajo más ahorros internos y extranjeros que ninguna otra de Rusia- resultaran virtualmente sin valor, pero ése parece un daño colateral de la persecución de un objetivo político primordial.

Ahora mucho depende de si lo mismo es aplicable al otro resultado principal, que es el de que el activo principal de Yukos –Yuganskneftegaz- está ahora en manos del Estado, mientras que sus demás componentes parecen condenados a la nacionalización. ¿Se trata de otro subproducto accidental de la campaña contra Jodorkovsky o forma parte del programa básico del Kremlin?

Desde luego, la nacionalización parece agradar a la poderosa facción compuesta por los antiguos colegas de Putin en el KGB y en su San Petersburgo natal, uno de los cuales pasó a ser el año pasado el presidente de Rosneft, la compañía petrolera totalmente estatal que adquirió Yuganskneftegaz.

Pero, si la influencia de esos denominados siloviki careciera de freno, ya se habrían lanzado ataques similares contra otras compañías importantes. Tal como están las cosas, incluso la Sibneft de Roman Abramovich –potencialmente la empresa más vulnerable a causa de su propiedad oligárquica y su recurso a los mismos métodos de reducción al mínimo de las contribuciones fiscales, que fueron la perdición de Yukos- sólo afronta una reclamación preliminar de impuestos atrasados. En contraste con Yukos, la reclamación no supera la liquidez disponible de la empresa, por lo que no representa una amenaza para su existencia.

Incluso la nacionalización de los activos de Yukos puede reflejar poco más que la falta de otros compradores, dado el evidente obstáculo político para transferir dichos activos a los participantes en el sector privado interno (es decir, los oligarcas) y las barreras legales y de prestigio que afrontan los inversores extranjeros.

Por eso, la interpretación que hasta ahora mejor concuerda con los hechos es la de que el objetivo político de la separación de Jodorkovsky y Menatep de Yukos condujo en la práctica a la nacionalización, pero ése no era el objetivo subyacente. No hay luz verde para que los predadores oportunistas del Kremlin y sus aledaños que ahora controlan Yuganskneftegaz, se apoderen a voluntad de los activos de otras empresas. En ese caso, el daño causado por el caso Yukos sería mínimo.

Sin embargo, aun en el supuesto de que Putin no se proponga nacionalizar las empresas principales de recursos naturales, está claro que desea un control estatal fuerte de esas “alturas imponentes” de la economía, lo que por sí sólo provocará un descenso del PIB global por debajo de su nivel potencial, a causa de una menor productividad y una mayor corrupción en las empresas más importantes que el Estado controla o en las que ejerce una poderosa influencia.

En un discurso pronunciado en 2003 con motivo del décimo aniversario del monopolio estatal del gas Gazprom, Putin expuso su posición explícitamente, al considerar esa empresa una de las pocas palancas geopolíticas potentes que le quedaban a Rusia después del hundimiento soviético. Las preocupaciones geopolíticas de Putin podrían quedar satisfechas preservando con sensatez la propiedad estatal de la infraestructura de gasoductos y oleoductos del sector de los hidrocarburos, sin por ello dejar de permitir a las empresas privadas que extraigan, elaboren y vendan el petróleo y el gas de Rusia. En cambio, Putin ha permitido a la dirección de Gazprom bloquear propuestas de su propio gobierno sobre la desmembración de la compañía, que se ha demorado mucho.

Putin ha perseguido una transformación económica de Rusia similar en estilo, ya que no en grado, al auge de China. El premio es un nivel de vida más elevado para el sufrido pueblo de Rusia y una recuperación de prestigio internacional del país. Pese a la incertidumbre sobre las intenciones de Putin, ese premio no es inalcanzable. De hecho, en este momento la única acción más perjudicial que el caso Yukos sería otro caso Yukos.