A los dos lados del Atlántico, muchos ven la mundialización económica como una amenaza para quienes ganan menos de la media. Según una reciente encuesta del Fondo Alemán Marshall, en Francia, Alemania y los Estados Unidos hay mayorías partidarias de mantener las barreras comerciales vigentes, aun cuando, al hacerlo, se obstaculice el crecimiento económico. Está claro que los beneficios netos que entraña la integración económica mundial no son suficientes para convencer a quienes han perdido sus puestos de trabajo y a los muchos otros que se sienten en peligro.

El recién creado Fondo Europeo de Ajuste a la Mundialización (FEAM) es una reacción a escala de la UE ante esa amenaza. El FEAM puede gastar hasta 500 millones de euros al año para ayudar a los trabajadores de miembros de la UE afectados por despidos inducidos por el comercio, pero compartir los beneficios de la mundialización con los perdedores se considera, tradicionalmente, un deber nacional. Por ejemplo, la Asistencia de Ajuste al Comercio, introducida en los Estados Unidos por el Gobierno de Kennedy en 1962 y que ha servido de modelo para el FEAM, es un plan puramente nacional. ¿De verdad está justificada la intervención de la UE?

El argumento económico en pro de un fondo europeo sobre la mundialización es el de que la política comercial ha pasado a ser una competencia europea, mientras que los miembros de la Unión conservan la capacidad para bloquear las decisiones. Piénsese en el hipotético ejemplo de una liberalización comercial total de los textiles, que tendría efectos profundamente asimétricos entre Suecia, pongamos por caso, que apenas tiene industria textil, y Portugal, que tiene una importante. Suecia sería una beneficiaria clara, mientras que Portugal se vería gravemente afectado, con un gran número de trabajadores textiles que han perdido su puesto de trabajo.

Las repercusiones negativas de esas reducciones de personal son graves. Las estadísticas de la OCDE muestran que del 40 por ciento al 50 por ciento de los trabajadores del sector manufacturero de la UE 15 que han perdido su puesto de trabajo siguen sin un puesto de trabajo 24 meses después de quedar desempleados. El 30 por ciento, aproximadamente, tienen un empleo en el que ganan menos que en el anterior. Sólo una cuarta parte, más o menos, de ellos tienen un nuevo empleo con un sueldo del mismo nivel o superior que el anterior (véase el gráfico).

Trabajadores del sector manufacturero 24 meses después del despido en la UE15

Reempleados con un sueldo mayor

Reempleados con reducción de sueldo

No reempleados al cabo de dos años

Alto Medio Bajo

Fuente: OCDE

Mediante el FEAM, parte del costo de la ayuda a los trabajadores textiles que han perdido su puesto de trabajo correría a cargo de todos los países de la UE, con lo que el aumento de la liberalización comercial resultaría más probable. Aunque Suecia, por ejemplo, sería un contribuyente neto al FEAM, podría ser perfectamente un beneficiario neto del plan en conjunto. En principio, una red de acuerdos bilaterales de transferencia podría lograr semejante desbloqueo del comercio. Sin embargo, en la práctica semejantes transferencias casi nunca se producen, por lo que puede que no se materialicen los posibles beneficios de la apertura comercial.

No obstante, hay que volver más riguroso el reglamento del FEAM para que no se acabe considerándolo un truco político. El plan actual deja demasiado margen discrecional, pues no están explicadas claramente las condiciones necesarias y suficientes, lo que expondrá al FEAM a actitudes políticas despilfarradoras y al cabildeo por parte de los países y los sectores. Se debe enmendar el reglamento del FEAM para velar por que los gobiernos y los trabajadores desplazados por el comercio reciban una asistencia transparente, visible y segura, como también para difundir los procedimientos óptimos de política activa en materia de mercado laboral.

Los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo afrontan con frecuencia el desempleo, un puesto de trabajo peor pagado o un nuevo puesto de trabajo lejos de su lugar de residencia. De éstos los desempleados suelen ser los que reciben más apoyo público. Para abordar esa distorsión directamente y ofrecer claridad sobre la asignación de fondos, el FEAM debe centrar sus limitados fondos en dos sencillos programas de política activa en materia de mercado laboral: uno de garantía de sueldo y otro de subsidio de movilidad.

La garantía de sueldo podría ofrecer a los trabajadores cuya paga se haya reducido una compensación durante un período máximo de dos años que ascienda a la mitad de la diferencia entre el sueldo antiguo y el nuevo. El subsidio de movilidad podría ofrecer a quienes deban trasladar su residencia para aceptar un nuevo puesto de trabajo el pago de una cantidad global de dos meses de sueldo bruto correspondientes al puesto de trabajo anterior o cuatro meses de sueldo para los traslados transfronterizos. Es muy probable que la propia simplicidad de ese plan garantice una gran visibilidad y tasas razonables de aceptación.

La desventaja de un planeamiento tan específico resulta también clara: el margen de elección por parte de los miembros de la UE sobre cómo gastar los fondos del FEAM en su país sería mínimo. En vista de las probables ventajas, podría ser aceptable, si se pudiera garantizar a los Estados miembros que, en caso de que los planes den buen resultado, se ampliarán. Se puede hacer como parte de una reforma del Fondo Social Europeo, que tiene un presupuesto anual de unos 10.000 millones de euros: diez veces la financiación actual del FEAM.

Si el FEAM no da resultado, se puede simplemente devolver los fondos al presupuesto de la UE o a los Estados miembros, pero, si da resultado, los beneficios superarán con creces los costos.