VARSOVIA – Episodios como la actual crisis financiera perturban gravemente el crecimiento económico, pero la cuestión que debemos formularnos se refiere a las repercusiones de dichos episodios en el desarrollo a largo plazo y resulta extraño que haya despertado tan poco interés.

Las teorías tradicionales sobre el crecimiento se centran en fuerzas sistemáticas –por ejemplo, la acumulación de capital, el empleo y el cambio técnico– que, por definición, actúan todo el tiempo, aunque con diversos grados de intensidad. Algunas teorías examinan también factores institucionales subyacentes como los derechos de propiedad, la competencia en los mercados, las cargas impositivas y reglamentadoras y el nivel de Estado de derecho.

Otra corriente de investigación aborda la gestión de las crisis, pero sin examinar las repercusiones en el crecimiento a largo plazo. En el caso de una crisis financiera, suele incluir la relajación fiscal y monetaria, además de las operaciones de rescate en el caso de grandes entidades financieras. La actitud dominante en materia de gestión de las crisis ha sido a corto plazo y, como ha quedado ampliamente demostrado durante esta última crisis, se basa en lo que yo llamo la doctrina autojustificativa de la intervención.

Dicha doctrina sostiene que así como nunca debería preocuparnos verter demasiada agua en un fuego, sean cuales fueren las medidas de gestión de la crisis que se adopten están justificadas, porque las otras posibilidades habrían sido peores y podrían haber provocado perfectamente una catástrofe o un colapso –o ambas cosas– de los mercados financieros.

Pero el símil del fuego descarta preguntas elementales, como, por ejemplo, la de como velar por que las medidas anticrisis no debiliten las fuerzas de recuperación de los mercados o cómo calibrar sus consecuencias a largo plazo.

Este último problema no había empezado a aparecer hasta hace poco en los debates sobre las estrategias “de salida” frente a niveles mucho mayores de deuda pública y masa monetaria.

El de integrar esas diferentes corrientes de análisis en un planteamiento coherente del crecimiento económico es un imperativo enormemente difícil tanto para las autoridades como para los especialistas del mundo académico, pero varios aspectos me parecen pertinentes para la situación actual.

En primer lugar, como las crisis financieras tan profundas como la más reciente son socialmente tan costosas, lo más natural es intentar prevenirlas, pero para ello hace falta, exactamente como en el caso de la medicina, un diagnóstico acertado de las causas de un problema.

La causa inmediata de todas las crisis financieras es un aumento excesivo del crédito: un auge crediticio que acaba en quiebras, pero las razones subyacentes del auge difieren de una crisis a otra. En el caso actual, como se subraya en un informe preparado el año pasado por un grupo dirigido por Jacques de Larosière, antiguo director gerente del FMI, un importante factor coadyuvante fue un grave fallo de las políticas públicas.

Por ejemplo, muchos bancos centrales siguieron la política monetaria, excesivamente relajada, de la Reserva Federal. Otros factores fueron las reglamentaciones financieras deficientes, políticas fiscales expansionistas en países como los Estados Unidos, Gran Bretaña. e Irlanda, una falta de reglamentaciones macroprudenciales apropiadas y demás. Así, pues, las medidas preventivas deben centrarse en esos fallos   normativos, en lugar de degenerar en hostilidad a los fondos especulativos y otros mecanismos de gestión de acciones privadas.

Mi segundo aspecto es el de que hay varios cauces económicos mediante los cuales los auges que se convierten en quiebras afectan al crecimiento. Entre ellos figuran el aumento del desempleo, la reducción de las cargas excesivas de deuda y,   por tanto, de gasto impulsado por el crédito, la reestructuración de los sectores que han experimentado una expansión como reacción ante un gasto excesivo y la restricción en la concesión de créditos por parte de unas entidades financieras sobrecargadas.

No hay políticas que pudieran suspender el funcionamiento de esas conexiones sin afectar negativamente al crecimiento a largo plazo. La expansión fiscal continua no es, desde luego, la respuesta, pues en última instancia afecta negativamente tanto al gasto privado como a la inversión de las empresas, pero hay reformas que pueden facilitar el ajuste económico y, con ello, mitigar el sufrimiento social contrarrestando el aumento del desempleo a largo plazo. Entre ellas figuran las medidas encaminadas a eliminar las rigideces del mercado laboral, además de acelerar al mismo tiempo el restablecimiento de los balances de los bancos. La velocidad de la recuperación económica reflejaría en gran medida el grado de adopción de esas medidas.

Un tercer aspecto, que debe tener en cuenta todo el mundo, menos quienes creen en la posibilidad de comer gratuitamente, es el de que se debe analizar detenidamente las consecuencias para el empleo y el crecimiento de los compromisos de un país en el sector de las políticas relativas al cambio climático. Multiplicar la cantidad de cargas sobre una economía no es la mejor política que aplicar a raíz de una crisis importante.

En cuarto lugar, resulta difícil sobreestimar la importancia de la disciplina fiscal para el crecimiento a largo plazo. Resulta demasiado fácil encontrar ejemplos de países que posteriormente sufrieron las graves consecuencias de una expansión fiscal sostenida. Por la misma razón, no puedo imaginar economía alguna cuyas perspectivas de crecimiento a largo plazo se vieran afectadas negativamente por una actitud excesivamente ahorrativa en materia fiscal.

Dada la herencia fiscal de la crisis actual, no se deben escatimar esfuerzos para asentar firmemente la disciplina fiscal en los países de la Unión Europea. Medidas institucionales, como, por ejemplo, marcos fiscales normativos y límites máximos de la deuda pública pueden hacer una gran aportación. Sin embargo, la opinión pública será la que determine en última instancia las posiciones fiscales de los gobiernos, por lo que una opinión pública fiscalmente conservadora sería un gran activo económico, pues limitaría la prodigalidad de las autoridades.

El último aspecto es el de que las crisis, pese a ser desagradables, también facilitan –según una opinión generalizada– las reformas que impulsan el crecimiento. Sin embargo, no siempre es así, pues las conclusiones que se sacan de una crisis con vistas a la adopción de políticas dependen en gran medida de la que el público considere causa de la crisis.

Si la opinión pública atribuye la crisis actual a unas reformas anteriores de los mercados, las enseñanzas con vistas a la adopción de políticas pueden orientarse en una dirección equivocada. Así fue en el caso de Rusia en 1998 y en el de la Argentina en 2000: en los dos casos la opinión pública atribuyó en gran medida la crisis a reformas anteriores, pese a que se trató de crisis causadas por la irresponsabilidad fiscal y unas reformas insuficientes.

También esta vez la clave para superar la difícil herencia de la crisis consistirá en cómo se conciban sus orígenes. Si la opinión pública atribuye la crisis a errores en las políticas adoptadas o la falta de reformas, existen posibilidades de que se aprovechen las enseñanzas que se desprenden de las políticas correctas y de que la consecuencia sea unas políticas acertadas en materia de crecimiento.