La ciencia y el comportamiento de los científicos nunca han sido perfectos. Pensemos en el científico coreano Hwang Woo-suk, cuya afirmación de que había extraído células-madre a partir de embriones humanos clonados resultó estar basada en una investigación falsa. Hwang acaba de ser despedido de la Universidad Nacional de Seúl y se ha suspendido a seis de sus colaboradores o se les ha reducido el sueldo.

Hwang y sus colegas no están solos. Como reacción ante la recurrencia de escándalos muy divulgados y muy perjudiciales habida en los últimos años, muchas universidades y algunos organismos nacionales encargados de financiar las investigaciones constituyen ahora "consejos institucionales de revisión" para abordar las contravenciones de la que ha llegado a llamarse "ética de la investigación".

Pero, ¿son necesarios esos consejos? En caso afirmativo, ¿con qué criterios deben llevar a cabo su labor?

Todos los trabajadores intelectuales, desde los artistas hasta los científicos, están interesados en el reconocimiento del mérito. La contratación, el ascenso y las recompensas del personal académico se basan cada vez más en el "cómputo de citas", el número de veces en que se reconoce el mérito de alguien en las publicaciones aprobadas por sus pares. Aunque se critique la labor de alguien, se le debe reconocer el mérito apropiadamente.

Con frecuencia se reconoce el mérito simplemente porque alguien haya producido una obra meritoria, pero cada vez más la determinación del mérito refleja el posible valor monetario de la labor e, independientemente de cómo se defina la solvencia de una labor intelectual, una cosa está clara: los casos notificados de fraude van en aumento.

A veces el fraude consiste en un plagio: el culpable recibe el reconocimiento del mérito de otro. Sin embargo, el fraude reviste con frecuencia –en particular en las esferas científicas más competitivas– la forma de una falsificación: el culpable fabrica los datos. El plagio es el pecado del aula escolar; la falsificación es el pecado del laboratorio, pero en ninguno de los dos casos ha surgido un método uniforme para velar por la integridad de la investigación... o de los científicos que la llevan a cabo.

Una simplificación útil para abordar la posible labor de las comisiones de ética de la investigación es la de tener en cuenta dos modelos de revisión; el "inquisitorial" y el "acusatorio". Mientras que el modelo inquisitorial supone que existe una proliferación del fraude, pero con frecuencia no se descubre, el modelo acusatorio adopta una actitud menos paranoide, al suponer que los investigadores son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El marco natural para un sistema inquisitorial es el de una esfera en la que la integridad científica esté periódicamente amenazada, porque la investigación esté enredada con intereses políticos o financieros. Con frecuencia, esos enredos son inevitables, en particular en el caso de la investigación biomédica. En esos casos los inquisidores son en parte contables y en parte policías del pensamiento. Llevan a cabo comprobaciones in situ en los laboratorios para velar por que los diversos grupos que prestan apoyo a la investigación científica reciban los frutos de la financiación que aportan.

Los inquisidores deben tener atribuciones para retirar la financiación a los transgresores, tal vez para excomulgarlos incluso, privando a un científico de la posibilidad de ejercer su profesión o publicar en el futuro. Hwang, por ejemplo, ha perdido su permiso de investigación y se le ha prohibido ocupar otro cargo público durante cinco años.

Sin embargo, el crédito de semejante sistema depende de la capacidad de los inquisidores para mantener unas normas científicas independientes de intereses especiales dentro y fuera de la comunidad investigadora. De lo contrario, se podría llegar a considerar las revisiones de la ética de la investigación como simples actitudes de vigilantes intelectuales autoproclamados.

Piénsese en el "Comité contra la Falsedad Científica", de nombre inquietante, del Consejo Danés de Investigaciones, que se constituyó en 2002 a raíz de las quejas inspiradas por el especialista en ciencia política Bjørn Lomborg, cuyo libro El ecologista escéptico pretendía demostrar que los ecologistas sesgaban sistemáticamente su interpretación de los datos para respaldar sus objetivos políticos.

En un principio el Comité consideró a Lomborg culpable en gran medida del mismo error que había atribuido él a los ecologistas. Sin embargo, el Comité se negó a comentar si su comportamiento era normal o no para la esfera de que se trataba, lo que permitió a Lomborg apelar el veredicto con éxito, al afirmar que el Comité lo había tratado injustamente por razones políticas, dado su reciente nombramiento como director de un importante instituto nacional para la investigación medioambiental.

Al final, el Comité contra la Falsedad Científica fue reorganizado, a su vez. Retrospectivamente, es probable que el Comité debiera haber rechazado el caso, en vista de que el libro de Lomborg era objeto de un intenso examen público, en muchos casos por parte de expertos que escribieron (favorablemente) en The Economist y (desfavorablemente) en Scientific American. El suyo fue un caso genuino en el que se sometió a un juicio justo una labor intelectual en el proverbial "tribunal de la opinión pública" y no requería una supervisión suplementaria.

De hecho, el caso de Lomborg parece respaldar el modelo acusatorio de la revisión ética, según el cual los científicos regulan adecuadamente sus propios asuntos mediante procedimientos de revisión por parte de sus pares. En este caso no se entiende la integridad científica como un deber para con los interesados directos –financiadores, empresas o, como en el caso de Hwang, políticos preocupados por el prestigio nacional–, sino como responsabilidad colectiva abonada por el descubrimiento y la corrección de los errores antes de que causen un daño importante.

El sistema acusatorio está concebido para los casos relativamente escasos en que el error se desliza por entre la red de exámenes por parte de los pares y a consecuencia de ello se produce algún daño concreto para la salud o el medio ambiente o se causa la corrupción de investigaciones posteriores que den por sentada la validez de la labor fraudulenta. Para presentar una acusación, el acusador debe demostrar que se ha causado algún daño y después se demuestra que ha sido culpa del acusado.

Las premisas –que se compensan– de los sistemas inquisitorial y acusatorio reflejan la ambigüedad del concepto de fraude científico. Muchos supuestos fraudes son casos en que los investigadores han solicitado el reconocimiento del mérito de una labor que no han llevado a cabo, pero que apuntaba en la dirección correcta y posteriormente fue concluida por otros. En sentido estricto, son más culpables de confusión entre lo posible y lo real que entre lo verdadero y los falso.

De hecho, conforme a los criterios actuales, Galileo y Mendel cometieron fraude, pues es probable que manipularan sus datos para que encajasen en una fórmula matemática impecable. Sin embargo, siguen siendo visionarios científicos, porque otros se basaron eficazmente en su "labor". Naturalmente, en sus casos no hubo intercambio de dinero ni se puso en peligro la vida de nadie. Tal vez en eso consista la diferencia desde el punto de vista de la ética de la investigación.