PARÍS – La reunión del G-20 que tendrá lugar en Cannes a principios de noviembre es una gran oportunidad para debatir sobre el mandato, la gobernanza y la capacidad institucional de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), el organismo internacional que supervisa el sistema financiero mundial y formula recomendaciones para su mejora. La reunión es particularmente oportuna, porque en breve la FSB estará bajo un nuevo liderazgo: su presidente actual, Mario Draghi, asumirá en noviembre como presidente del Banco Central Europeo.

El G-20 creó la FSB en medio de la debacle financiera de 2008-2009, usando como base su predecesor, el Foro de Estabilidad Financiera, y le encargó coordinar iniciativas urgentes de reforma regulatoria internacional para garantizar una mayor estabilidad financiera y coherencia normativa en el plano internacional. Ahora que el G-20 lucha contra los desafíos de la desaceleración económica mundial y la crisis del euro, el mandato impuesto a la FSB sigue siendo un componente central de una agenda de reformas financieras sustantivas y para evitar divergencias nacionales y regionales en áreas que son fundamentales para la estabilidad del sistema financiero internacional.

Se ha criticado a la FSB por su falta de poder coercitivo. Pero en un mundo como el actual, formado por Estados soberanos, no es realista pretender la firma de tratados que creen nuevas instituciones internacionales con poderes supranacionales. Además, la FSB ha obtenido logros significativos. Su agenda es cada vez mayor y se está volviendo un componente influyente y permanente en la arquitectura económica y financiera internacional, incluso aunque su futuro esté envuelto en cuestionamientos.

Hay ciertas medidas pragmáticas que se pueden y se deben tomar para hacer más claro el mandato de la FSB y mejorar su eficacia operativa. En la actualidad, la FSB no tiene estatus legal (es solamente el resultado de una declaración política). Institucionalmente, no es más que una extensión del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, del cual recibe fondos y asistencia para su pequeña plantilla de personal. Además, a sus procesos internos de gobernanza les falta desarrollo y transparencia.

Siendo la única entidad que reúne a bancos centrales, supervisores, departamentos de Hacienda de grandes economías y organismos normativos internacionales, la FSB se encuentra en una posición inmejorable para fijar prioridades en materia de regulación financiera, uniformar normas para todo el sector financiero, supervisar que su implementación sea coherente y, en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, evaluar las vulnerabilidades sistémicas. Pero si bien debe identificar lagunas normativas y alentar una labor más proactiva de parte de los diversos organismos reguladores, no se supone que asuma responsabilidades operativas cotidianas. Pero sí debería promover una cultura de realización de consultas con la industria financiera, en cuanto dimensión de legitimidad necesaria, lo cual implica adoptar métodos más transparentes para analizar el impacto de las propuestas normativas sobre los mercados.

Una ejecución eficaz de un mandato tan ambicioso es especialmente importante a la vista de dos prioridades nuevas que tendrá el G-20 para la FSB: emprender iniciativas de regulación del funcionamiento de los mercados, entre ellos los del llamado “sector bancario en la sombra” (los medios de financiación privada menos regulados) y la adopción de nuevos mecanismos que promuevan la uniformidad en la implementación de las normas.

La expectativa de que la FSB se involucre más con el sector bancario en la sombra se deriva no solamente del papel que tuvieron las instituciones financieras extrabancarias en el desarrollo de la crisis de 2008-2009, sino también del temor de que imponer requisitos de capital y liquidez más estrictos a los bancos pueda trasladar los riesgos desde el núcleo regulado del sector financiero al desregulado. Esta posibilidad obliga a sopesar cuidadosamente la necesidad de mitigar los riesgos en el sector desregulado con los beneficios que este sector aporta al sistema financiero gracias a su eficiencia y sus innovaciones.

La FSB, junto con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ha estado considerando en privado nuevos mecanismos para supervisar la implementación de las normas, en particular en el contexto de los acuerdos de Basilea III. La pertenencia a la FSB debería implicar responsabilidad respecto de dicha implementación. Pero al no contar la FSB con poderes coercitivos formales, la alternativa pragmática es crear mecanismos para la supervisión continua de esa implementación e incorporar un proceso de referato sistemático e imparcial.

En la reunión de Cannes debería articularse una renovación del compromiso con la implementación uniforme de las reformas reglamentarias acordadas y con la reducción al mínimo de toda divergencia entre las regulaciones nacionales que pueda crear riesgos sistémicos o ventajas competitivas significativas. El G-20 debería respaldar políticamente la creación de un marco basado en un proceso de monitoreo, consulta, supervisión mutua, presentación de informes y publicación de datos. A la industria financiera internacional le resultará beneficioso apoyar la creación de estos mecanismos, como una forma de hacer frente a las consecuencias que respecto de la competencia se derivan de la divergencia entre las normas nacionales.

Por último, el G-20 debería investir a la FSB de una capacidad institucional adecuada para el desempeño de sus tareas, pero sin por ello crear una burocracia. La primera medida debe ser aprobar un nuevo presidente para la FSB, con capacidad y dedicación exclusiva al puesto. Además, se debería dotar a la FSB de capacidad jurídica por medio de su adecuada constitución formal: algo a mitad de camino entre el estatus puramente político que tiene en la actualidad y el extremo de crear una organización basada en un tratado. Esto permitiría a la FSB contratar a los mejores talentos posibles, recibir fondos públicos y celebrar acuerdos más formales con otros organismos internacionales, con el objetivo de cumplir sus responsabilidades en forma más efectiva.