NUEVA YORK.– Barack Obama prometió enviar una partida de 100 militares estadounidenses armados a Uganda: un poderoso contingente para ayudar a derrotar (y presentar ante la justicia) al conocido criminal de guerra Joseph Kony, líder de un cruel grupo rebelde conocido como Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por su sigla en inglés). «Estas fuerzas actuarán en calidad de asesores para sus asociados, cuyo objetivo es quitar del campo de batalla a Joseph Kony y otros jefes del LRA», escribió Obama en una carta enviada a los líderes del congreso estadounidense.

A menudo se critica la política internacional de Obama como reactiva o improvisada. Pero esta última intervención ejemplifica la doctrina que propuso en su discurso de aceptación del premio Nobel en 2009. «Los regímenes que rompen las reglas deben ser responsabilizados», así como sus líderes, quienes «están bajo el juramento de proteger y defender». Es posible que sea necesaria la fuerza para implementar la doctrina, porque «el mundo debe recordar que no fueron solo las instituciones internacionales las que lograron la estabilidad en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial».

Obama puede contar al menos con cierto apoyo bipartidario local para la iniciativa contra Kony: en mayo de 2010 se aprobó una ley que exige acciones estadounidenses contra el LRA, con apoyo tanto de los demócratas como de los republicanos en ambas cámaras del congreso.

La lógica de perseguir a Kony se asemeja en gran medida a la de la intervención liderada por la OTAN en Libia. En ese caso, acatando una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con un mayor apoyo, incluido el de la Liga Árabe, los Estados Unidos y sus aliados intervinieron en favor de la manifiesta meta humanitaria de evitar el asesinato en masa de civiles a manos de las fuerzas leales al coronel Muamar el Gadafi.

Pero la operación Kony es distinta. Mientras que los ataques aéreos en Libia fueron ordenados para proteger civiles de un ataque inminente, en el caso de Kony el único objetivo operativo declarado es su eliminación del campo de batalla para presentarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. La CPI acusó en 2005 a Kony y otros cuatro comandantes del LRA de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Al mismo tiempo, las tropas estadounidenses en Uganda están sujetas a límites legales: como mínimo, los de la Convención de Ginebra, cuyas normas más importantes incluyen la prohibición del asesinato, la tortura y el trato cruel. Los civiles no pueden convertirse en objetivos; el principio de proporcionalidad exige evitar el uso excesivo de la fuerza en pos de un objetivo militar legítimo; y los prisioneros deben ser tratados en forma humanitaria. Obama afirmó que los asesores solo recurrirán a la fuerza en defensa propia. Al mismo tiempo, obviamente, trabajarán en estrecha cooperación con las fuerzas ugandesas.

Pero, ¿anuncia la operación de Uganda, tan próxima a la intervención en Libia, un rol de policía para los EE. UU. siempre que la ONU o la CPI –que, al carecer de su propia fuerza policial, dependen de sus miembros y cooperación entre estados– lo consideren necesario? Dada la renuencia de los EE. UU. a unirse a la CPI (o a llevar sus propios torturadores ante la justicia en los tribunales estadounidenses), ese rol sería vulnerable tanto a ataques políticos internacionales como locales.

Sin embargo, el grado de cooperación de los EE. UU. con la CPI ha excedido incluso el rol constructivo propuesto por la administración Obama. Evidentemente, los decisores políticos estadounidenses cada vez son más receptivos al potencial de la justicia penal internacional para afianzar los términos de una nueva forma de compromiso mundial.