PARIS – En tiempos económicos difíciles como los actuales, hay un principio que debe recibir la misma prioridad que se da a los paquetes de austeridad y los déficits altos que acaparan los titulares de los diarios. Ese principio puede describirse en pocas palabras: “Todos deben respetar las reglas.”

La crisis financiera global ha servido para mostrar que actualmente hay poca tolerancia para las personas que hacen trampa. Y desde el inicio de la crisis, los países del G-20 –con Francia (y los Estados Unidos) como fuerzas motoras– han estado presionando por una mejor regulación, gobernanza y rendición de cuentas. Que no haya refugios seguros para la evasión fiscal, ni para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo y que no haya refugios seguros para la “regulación financiera permisiva.”

Estos principios son claramente los que las personas en los países desarrollados quieren que se hagan cumplir. En tiempos difíciles como estos el dinero es importante.

Para los países en desarrollo, sin embargo, hay otra dimensión de la frase “respeta las reglas.” Las personas de esos países quieren ver el fin de los refugios seguros que permiten a los funcionarios corruptos robar dinero público y esconderlo en el extranjero. Entonces, añadiríamos: que no haya refugios seguros para las ganancias por corrupción.

En cuanto al tema fiscal, claramente ha habido avances. Francia impuso a sus bancos requisitos estrictos en lo que se refiere a la transparencia y los informes sobre las actividades bancarias en paraísos fiscales, además de las normas internacionales para el intercambio de información.

Otros han mostrado liderazgo cuando se trata de procesar a las empresas que pagan bonificaciones y sobornos a funcionarios extranjeros. Sin embargo, la recuperación de los miles de millones de dólares robados por líderes y funcionarios corruptos en el mundo en desarrollo hasta ahora ha resultado ser un proceso largo.

El Grupo del Banco Mundial junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito están trabajando en una iniciativa para la recuperación de activos robados (StAR por sus siglas en inglés) que tiene el objetivo de ir tras las ganancias producto de la corrupción y contribuir a impulsar acciones para devolver los activos robados a sus propietarios legítimos: las personas del país en desarrollo afectado.

Francia, el Reino Unido, Australia, Suecia, Noruega y Suiza, todos apoyan este programa urgente y están de acuerdo en que la impunidad para este tipo de delito global no se puede seguir tolerando. El abuso del poder público para el beneficio privado no es aceptable.

Estos temas de los paraísos fiscales, el saqueo de fondos, los sobornos y la corrupción están en el centro de la necesidad de impulsar apertura y transparencia en las transacciones financieras, y de garantizar la rendición de cuentas a nivel global. Ahora es tiempo de crear el impulso y producir resultados duraderos.

La corrupción –bajo cualquier forma o circunstancia – es un cáncer que paraliza a las economías desarrolladas y en desarrollo por igual. Socava el crecimiento económico. Es un delito que produce consecuencias particularmente dañinas en el mundo en desarrollo.

Según estimaciones conservadoras, cada año se roban entre 20,000 millones y 40,000 millones de dólares en los países en desarrollo a través de sobornos, malversación de fondos y prácticas corruptas. Las oportunidades que se pierden son enormes. En el mundo en desarrollo 20,000 millones de dólares podrían servir para financiar 48,000 kilómetros de caminos pavimentados de dos carriles u ofrecer tratamientos a 120 millones de personas con el VIH/SIDA durante un año completo.

El éxito es posible. Suiza repatrió 684 millones de dólares del ex presidente Ferdinand Marcos a Filipinas y 700 millones de dólares de los fondos del General Sani Abacha a Nigeria, además, en el caso de otras naciones, repatrió al Perú más de 180 millones de dólares que robó el ex funcionario de gobierno Vladimiro Montesinos.

Así pues, mientras los líderes mundiales se reúnen en el G-20 y en otros foros en las próximas semanas para tratar el tema de la crisis económica, los planes de estímulo, la regulación financiera y el desarrollo, la lucha contra la corrupción debe ser parte integral del programa multilateral. Sin embargo, no todos los países del G-20 han ratificado todavía la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) –la cual ofrece un marco a los países para que desarrollen sus propias leyes para acabar con el uso de refugios seguros por parte de delincuentes que roban al mundo en desarrollo.

El G-20 ha hecho un llamado para emprender más acciones enérgicas contra la corrupción. Tenemos que ir más allá. Los países que no han firmado la Convención deben hacerlo rápidamente. Los países que han firmado y ratificado la UNCAC ahora necesitan ponerla en aplicación.

Las instituciones financieras tampoco deben hacer negocios con jurisdicciones que no cooperan –áreas que no cumplen las reglas. La sociedad civil debe movilizarse para que se emprendan acciones y se rindan cuentas. La lucha contra la corrupción es crucial no sólo porque es lo correcto sino también porque no combatirla nos afecta a todos.

Ahora vivimos en un mundo diferente en el que los países en desarrollo son una fuente fundamental de crecimiento así como importadores de bienes de capital y servicios de los países desarrollados. Cuando la corrupción perjudica a socios que tienen ese peso también nos daña y perjudica a todos.