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Justicia retrasada, pero no denegada

LONDRES – La semana pasada, el ex dictador general Jorge Videla fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por su participación en la “guerra sucia” de la Argentina en el decenio de 1970, incluida la tortura y la ejecución de presos desarmados. Se trata de delitos cometidos hace decenios. ¿Qué puede significar semejante veredicto tantos años después del restablecimiento de la democracia en la Argentina?

El procesamiento de Videla y de otros autores de delitos semejantes fue posible mediante una innovadora actuación judicial emprendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con arreglo al derecho jurisprudencial. Dicha Corte ha exigido que se anularan las amnistías concedidas a dirigentes militares y políticos de la Argentina y otros países de la región como parte de una transición a la democracia. Ha sostenido que la rendición de cuentas por los crímenes de los dictadores es un derecho humano y, por tanto, acaba con la impunidad obtenida por muchos dictadores latinoamericanos como condición para permitir transiciones democráticas.