Tuesday, September 16, 2014
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Justicia retrasada, pero no denegada

LONDRES – La semana pasada, el ex dictador general Jorge Videla fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por su participación en la “guerra sucia” de la Argentina en el decenio de 1970, incluida la tortura y la ejecución de presos desarmados. Se trata de delitos cometidos hace decenios. ¿Qué puede significar semejante veredicto tantos años después del restablecimiento de la democracia en la Argentina?

El procesamiento de Videla y de otros autores de delitos semejantes fue posible mediante una innovadora actuación judicial emprendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con arreglo al derecho jurisprudencial. Dicha Corte ha exigido que se anularan las amnistías concedidas a dirigentes militares y políticos de la Argentina y otros países de la región como parte de una transición a la democracia. Ha sostenido que la rendición de cuentas por los crímenes de los dictadores es un derecho humano y, por tanto, acaba con la impunidad obtenida por muchos dictadores latinoamericanos como condición para permitir transiciones democráticas.

La decisión más reciente del tribunal regional, de mediados de diciembre, revocó una ley de amnistía brasileña de 1979 que protegía a los oficiales del ejército contra procesamientos por abusos cometidos durante los veintiún años de dictadura militar del país. Según el fallo del tribunal, “las disposiciones de la Ley de Amnistía brasileña que impiden la investigación y el castigo de violaciones graves de los derechos humanos” son “incompatibles con la Convención Americana”. Su efecto es el de exigir que quien estaba al mando responda de las desapariciones forzosas en Araguaia de setenta campesinos en una campaña antiguerrilla.

En aquellos casos, víctimas, abogados activistas y organizaciones de promoción, después de haber agotado las opciones de que disponían en sus países, recurrieron a la corte regional de derechos humanos. La política nacional y la tradición jurídica aún no estaban preparadas para afrontar directamente los fantasmas del pasado autoritario. El propio Tribunal Supremo del Brasil, por ejemplo, había sostenido hacía poco la constitucionalidad de la ley de amnistía, respaldada por sucesivos gobiernos brasileños, todos los cuales –incluido el de centro izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva– eludieron la posibilidad de exigir rendición de cuentas por los crímenes cometidos por la anterior dictadura militar del Brasil.

En la Argentina, incluso durante el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín, el primero elegido democráticamente después del gobierno militar, las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los servicios de policía del país representaron la tercera parte de todos los homicidios. Los servicios de seguridad del Perú cometieron durante el decenio de 1990 abusos similares, que ahora está pagando el ex Presidente Alberto Fujimori.

Todo ello revela la debilidad del control y las instituciones civiles, pese a los treinta años de democracia transcurridos. Las nuevas democracias afrontan muchos imperativos políticos y con frecuencia económicos. Exigir rendición de cuentas a los servicios de policía y seguridad puede ser particularmente difícil en los primeros años de un nuevo y con frecuencia frágil régimen democrático, pero no ceder al respecto, pese al paso del tiempo, constituye un mensaje importante sobre los derechos humanos y el carácter distintivo de esos delitos como “crímenes contra la Humanidad”.

No se trata sólo de una herencia particular de Latinoamérica. Con frecuencia, los dirigentes políticos y las minorías dirigentes militares y de seguridad se han mostrado tan astutos y tenaces para eludir la justicia como arteros y brutales fueron para cometer injusticias. Nunca deben tener la seguridad de que podrán gozar de impunidad. El Tribunal Penal Internacional excluye la prescripción, por lo que seguimos –y con razón– persiguiendo y procesando a los perpetradores del Holocausto.

Años después, lo que está en juego no es sólo el castigo, sino también la verdad política, que requiere la fijación de limites a las justificaciones de la represión. Al fin y al cabo, el régimen militar de la Argentina formuló su “guerra sucia” como una ofensiva contra supuestos “terroristas”, en lugar de lo que fue: persecución arbitraria e injustificada de ciudadanos con ideologías y orígenes de clase diversos.

La enseñanza que se desprende del juicio contra Videla es la reivindicación de las medidas encaminadas a la creación de un Estado de derecho mundial. Los tiranos de todo el mundo –y no pocos demócratas– harán bien en tomar nota.

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