Darfur es la expresión abreviada del más reciente ejemplo de problema internacional recurrente y que ocupó los titulares en Rwanda hace un decenio. ¿Qué debería hacer el mundo cuando gran número de personas son víctimas de una violencia que se origina dentro de su país?

La propia Darfur es una región del Sudán occidental compuesta de musulmanes árabes y africanos. El conflicto estalló a comienzos de 2003, cuando rebeldes del Movimiento de Liberación del Sudán atacaron a tropas gubernamentales para intentar conseguir una mayor autonomía y mayores recursos para su región. Aviones del Gobierno del Sudán y tropas apoyadas por éste (conocidas como jangaweed ) contraatacaron no sólo contra los rebeldes armados, sino también contra civiles a los que consideraban partidarios de aquéllos. Se han vaciado aldeas, se ha violado a mujeres, se ha matado a hombres no árabes.

Los orígenes de la crisis actual pueden ser debatibles, pero no los costos. Más de 50.000 hombres, mujeres y niños han perdido la vida; más de un millón y medio han quedado sin hogar. Se podría decir que se trata de un genocidio, palabra utilizada por el Gobierno de los Estados Unidos, pero por pocos más, para describir lo que está ocurriendo en Darfur.

Entretanto, los dirigentes del mundo están debatiendo qué se puede hacer, en caso de que se pueda hacer algo. La resolución 1564 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 18 de septiembre de 2004, reserva la mayor parte de sus críticas para el Gobierno del Sudán, pero las Naciones Unidas no están aún dispuestas a ir más allá de las palabras. La resolución amenaza con que el Consejo de Seguridad examinará la posibilidad de imponer sanciones contra los dirigentes sudaneses o contra el importante sector petrolero del país, pero en este momento no habla de castigos.

¿A qué se debe esa vacilación? Más que nada, se debe a la renuencia internacional a impugnar lo que cualquier gobierno haga dentro de su territorio, lo que refleja una concepción muy extendida de la soberanía y que permite a los gobiernos hacer esencialmente lo que quieran dentro de sus fronteras.

Esa forma de pensar es inadecuada y anticuada. Para empezar, hay un elemento moral. Está mal mirar para otro lado, cuando se cometen matanzas contra el prójimo. Todos tenemos alguna obligación mutua básica.

También hay consideraciones pragmáticas. En un mundo mundializado, lo que ocurre dentro de un país puede afectar con la mayor facilidad a los demás. Por ejemplo, los refugiados que abandonen el Sudán pueden poner en riesgo la estabilidad de su vecino Chad.

La oposición al genocidio y a otros actos de violencia en gran escala contra una población refleja también el principio establecido de que los ciudadanos, igual que los gobiernos, tienen derechos. Dicho principio está consagrado en diversos documentos internacionales, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. No se debe permitir a los gobiernos que cometan matanzas contra su propio pueblo y tampoco se debe permitir a gobiernos débiles que permitan la comisión de matanzas en su territorio, aun cuando no sean ellos mismos los que las estén cometiendo.

Consecuencia de todo ello es la necesidad de un concepto de soberanía estatal que sea menos que absoluto. Dicho con precisión, necesitamos adoptar un planteamiento contractual de la soberanía, que reconozca las obligaciones y responsabilidades, además de los derechos de quienes la disfrutan. Dicho planteamiento de la soberanía comunicaría esencialmente a los gobiernos y a sus dirigentes la tesis de que los derechos y las protecciones relacionados con la estatalidad son, en realidad, condicionales y que los gobiernos y los dirigentes pondrían en peligro algunos de dichos derechos y protecciones -o, en casos extremos, todos-, si no cumplieran sus obligaciones.

Esa idea sólo tendrá repercusiones, si la comunidad internacional está dispuesta a hacer algo más que expresar este principio y aceptar la consecuencia necesaria: la de que otros Estados y el mundo en general tienen el derecho y el deber de actuar para proteger la vida inocente, cuando se la pone en peligro en gran escala.

El generalizado apoyo internacional a las intervenciones humanitarias en Bosnia, Kosovo y Timor Oriental indicaron cierta iniciativa con esa orientación. Otra señal de cambio es el documento básico ("Acta Constitutiva") de la Unión Africana, la organización regional lanzada en julio de 2000 para substituir a la ineficaz Organización de la Unidad Africana. Después de citar el principio de no ingerencia por un Estado miembro en los asuntos internos de otro, el documento declara a continuación "el derecho de la Unión a intervenir en un Estado miembro conforme a una decisión de la Asamblea en relación con circunstancias graves, a saber, crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la Humanidad". La intervención en semejantes circunstancias puede adoptar diversas formas, desde la retórica pública y la diplomacia privada hasta la intervención armada, pasando por las sanciones económicas y políticas.

Todo ello nos hace volver a Darfur. ¿Qué se debe hacer? Es necesaria una asistencia en gran escala a las personas desplazadas de Darfur. Quienes han sobrevivido al conflicto necesitan ayuda para no sucumbir a la enfermedad y el hambre. También hay toda clase de razones para renovar las gestiones diplomáticas a fin de lograr un cese del fuego duradero y, después, un arreglo que aborde los motivos de queja que contribuyeron a crear esta crisis en primer lugar.

Sin embargo, conviene poner de relieve otros dos aspectos. En primer lugar, y en consonancia con la Resolución 1564 del Consejo de Seguridad, los países deben facilitar a la Unión Africana la ayuda logística, material y financiera que ha solicitado. Con ese apoyo, todas las tropas autorizadas por la UA podrían proteger los campamentos de refugiados y, con el tiempo, las aldeas a fin de que los hombres, las mujeres y los niños puedan regresar a sus hogares de forma segura.

En segundo lugar, las Naciones Unidas deben cumplir su amenaza e imponer sanciones al Gobierno del Sudán, si no deja de utilizar su aviación para destruir aldeas ni de apoyar a los jangaweed . Se deberían dictar procesamientos penales por crímenes de guerra contra los funcionarios concretos que no las cumplan.

Es importante que el mundo actúe, no sólo para salvar a la población de Darfur, sino también para prevenir futuros Darfurs. De ello dependen muchas vidas humanas inocentes.