HARARE – Hace un tiempo, el jefe del organismo de las Naciones Unidas para los refugiados, Antonio Guterres, dijo de la República Democrática del Congo: “Nadie en el mundo exterior se siente amenazado por ella y ésa es la razón por la que la comunidad internacional no le presta atención”.

Ya no es así: actualmente, la provincia oriental del Congo, Kivu Septentrional, figura en los titulares casi todos los días. El pasado mes de agosto, volvieron a estallar los combates al norte de la capital de la provincia, Goma, y provocaron una importante crisis en materia de asuntos humanitarios para la que no se ve fin a corto plazo.

Como la guerra civil de ocho años (en lo que entonces se llamaba Zaire) que se acabó –nominalmente– en 2002, en los combates actuales participan muchos grupos locales diferentes: no sólo las fuerzas del Gobierno del Congo, que se oponen a los insurgentes leales al general tutsi Laurent Nkunda, sino también los rebeldes hutus de Ruanda, responsables del genocidio cometido en este país en el decenio de 1990, y una fuerza de la jungla, conocida como las milicias “Mai-Mai”. “Es una cesta de cangrejos”, me dijo un amigo congolés.

Como siempre, las víctimas principales son civiles atrapados en medio de los combates. La reanudación de los combates, que se produce ocho meses después de una prometedora iniciativa de paz conocida como “Acuerdo de Goma”, significa más muertes de civiles y pocas probabilidades de que la normalidad regrese a la zona oriental del Congo.

Sin embargo, incluso en las épocas en que los combates son menos intensos, el Congo padece los efectos indirectos de la guerra. Una encuesta sobre mortalidad llevada a cabo por el Comité Internacional de Rescate (CIR) y publicada a comienzos de este año demuestra que ese conflicto es la crisis más mortífera del mundo desde la segunda guerra mundial: se calcula que en el último decenio unos 5,4 millones de personas han muerto a consecuencia de la guerra y sus efectos prolongados. En la actualidad, un cuarto de millón de personas están huyendo, casi la mitad de ellas en el territorio controlado por los rebeldes y prácticamente sin poder recibir ayuda. Necesitan alimentos y abrigo, agua potable y letrinas, asistencia médica y educación. Las mujeres y las niñas necesitan protección contra la violencia sexual, que se intensifica en el caso de las familias desplazadas forzosas.

Puede parecer extraño, pero desde el punto de vista de un organismo de socorro humanitario, no es importante en qué territorio se encuentren los civiles necesitados, siempre y cuando se pueda llegar hasta ellos. Los encargados de prestar ayuda que llevan en el país una docena de años, en particular los de grupos como mi CIR, deben trabajar con todas las partes en el conflicto, porque los civiles necesitados están en todas partes, pero los organismos de ayuda necesitan llegar hasta ellos.

La fuerza de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz en el Congo, la MONUC, tiene un mandato del Consejo de Seguridad para intervenir plenamente a fin de brindar protección a la población civil. Por eso, cuando los encargados de prestar ayuda son detenidos a punta de fusil y no pueden abrirse camino por las buenas, los organismos humanitarios recurren, como es lógico, a la MONUC para que les garantice el acceso a sus puntos de destino.

Los trabajadores humanitarios no son estrategas militares, por lo que no pueden apreciar qué clase o qué tamaño de despliegue de agentes de mantenimiento de la paz es el adecuado, pero los organismos de ayuda que trabajan en el terreno tienen experiencia de primera mano de los efectos de la presencia de los agentes de mantenimiento de la paz y podemos afirmar con conocimiento de causa que la protección de los encargados de prestar ayuda puede ser peligrosamente insuficiente.

De hecho, en el momento de mayor intensidad de los combates para conseguir el control de la ciudad norteña de Rutshuru, el pasado mes de octubre, los equipos del CIR que estaban allí estacionados decidieron su evacuación temporal, porque el riesgo era, pura y simplemente, demasiado grande. Junto con otros organismos de ayuda, el personal del CIR formó un convoy y la MONUC ofreció vehículos blindados para protegerlo, pero, cuando unos hombres armados detuvieron el convoy en la carretera, los agentes uruguayos de mantenimiento de la paz de la MONUC se limitaron a dar la vuelta y desaparecer, con lo que abandonaron a su suerte a los encargados de prestar ayuda.

Siguieron muchas horas de vejámenes, humillaciones, amenazas con granadas de mano, disparos a los pies de uno de nuestros colegas y registros y saqueos del local del CIR. Por fin, otro grupo de agentes de mantenimiento de la paz de la MONUC –esa vez de la India– acudieron al rescate de los encargados de prestar ayuda y los evacuaron en helicópteros.

La protección de la labor humanitaria que está en marcha es esencial para la pura y simple supervivencia de los congoleños desplazados en Kivu Septentrional, pero la única solución duradera es un cese el fuego, seguido de un tratado de paz, posiblemente conforme al “acuerdo de Goma”,

Paradójicamente, los combates actuales y las masas de desplazados que han provocado han contribuido a que se prestara atención a la crisis. Se debe aprovechar este momento no sólo para fortalecer la MONUC, sino también –y se trata de algo más importante– para usar toda la influencia de que se disponga sobre los combatientes y los gobiernos que los respaldan a fin de conseguir que todas las partes vuelvan a la mesa de negociación. Se puede y se debe detener la tragedia televisada y los fallos que se pueden observar en primer plano o, de lo contrario la crisis –como ocurre con frecuencia en el caso del Congo– desaparecerá de los titulares, mientras las matanzas continúen sin ser vistas.