¿Marcó el 11 de septiembre el final de un periodo de expansión de la idea de los derechos humanos y el inicio de un proceso de atrincheramiento? Las principales organizaciones de derechos humanos -Amnestía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas- temen que ese sea en verdad el caso y se han estado acorazando para oponerse a cualquier intento por hacerlos perder sus conquistas.

Desde sus comienzos en los primeros años de la década de los sesenta, el movimiento internacional de los derechos humanos había estado ganando terreno de forma estable. Hizo campañas con creciente efectividad en contra de los asesinatos políticos, la tortura y el encarcelamiento arbitrario. Movilizó a la opinión pública en contra del abuso del poder Estatal; en el proceso se ganó la favorable atención de los medios internacionales y enlistó el apoyo de los gobiernos democráticos. En los años posteriores al final de la Guerra Fría, el movimiento adquirió mayor ímpetu. La agenda global empezó a ser dominada por novedosas iniciativas para la mejora de la justicia internacional y la protección de los derechos humanos: cortes penales internacionales, nuevas formas de jurisdicción universal, intervención humanitaria.

Pero después del 11 de septiembre, el debate se enfocó repentinamente en algo distinto y ahora se centra en el punto hasta el que se puede justificar el suspender o restringir algunos derechos -empezando con los derechos de inmigración y a tener un proceso debido, a la libertad de expresión y a la privacidad- para pelear la llamada "Guerra contra el Terror" de manera más efectiva. Muchas de las personas que definen la opinión pública, sobre todo en Estados Unidos, han empezado a argumentar abiertamente que las guerras no ortodoxas como la batalla contra Al Qaeda no pueden ganarse adhiriéndose a la fina letra de las leyes de los derechos humanos o a la legislación para conflictos armados.

Frente a tal tendencia, resulta difícil culpar a los veteranos de los derechos humanos por ponerse en alerta. Tienen la impresión de que ya han pasado por esto. Pueden imaginarse con exactitud cómo en alguna parte del distante Chile, por ejemplo, un bonche de socios retirados de Pinochet murmuran que finalmente la historia los está reivindicando. ("¿No dijimos siempre que uno no puede pelear una guerra sucia sin ensuciarse las manos?")

Sí, los activistas de los derechos humanos han visto suficiente de eso. Invocar una emergencia suprema -la necesidad de pelear contra una amenaza comunista, la defensa de una revolución socialista, la protección de vitales intereses nacionales o étnicos, o mantener la voluntad de Dios- es la excusa de todos los tiempos para la imposición indefinida del gobierno de la tiranía. De acuerdo, son pocas las personas que esperarían que el gobierno estadounidense intentara emular tan crudas dictaduras o que los ciudadanos estadounidenses aprobaran una emulación del estilo. Pero nunca se puede ser demasiado cuidadoso. Después de todo, los derechos humanos nacieron de la necesidad de controlar el poder de los gobiernos. Los perros guardianes nunca deben bajar la guardia, y permitirse cualquier cosa es como una pendiente resvaladiza.

La expectativa de que los gobiernos tenderán a abusar de los poderes de emergencia está salvaguardada en el propio texto de las normas internacionales de los derechos humanos. Los tratados de los derechos humanos permiten la suspención de algunos derechos sólo si: (a) hay una emergencia proclamada oficialmente que amenace definitivamente la vida o la seguridad de la nación; (b) las medidas adoptadas son requeridas por las exigencias de la situación; (c) las medidas son aplicadas sólo tan extensivamente y durante el tiempo como la situación extrictamente así lo demande. Estos dos últimos criterios -llamados principios de necesidad y proporcionalidad- también son base de la Convención de Ginebra y de otras normas internacionales para la conducción de la guerra. Todos estos principios son reforzados por una bien establecida jurisprudencia internacional que mantiene que en las áreas grises del balance entre los derechos y las restricciones los jueces deberían inclinarse en favor de los derechos.

Aún así, las organizaciones de derechos humanos deberían tener más cuidado de lo normal en estos días para que sus preocupaciones legítimas no eclipsen su reconocimiento de las exigencias reales de las nuevas situaciones, provocando así una lamentable reacción en contra. El Comité Internacional de la Cruz Roja, la organización preeminentemente más experimentada en cuanto a las leyes del conflicto armado y a la infernal realidad de la guerra, sabe bien eso. Aunque está obviamente predispuesta en favor de cuestiones humanitarias, las duras experiencias le han enseñado que no es sabio presionar demasiado. Si ignora los mandatos genuinos de la necesidad militar, las facciones en guerra podrían simple y llanamente dejar de escuharla por completo, y de forma inevitable el resultado sería una mayor negligencia de los principios humanitarios.

Sin duda hay muchos felices guerreros estos días que se regocijan ante la oportunidad de guardar en el cajón los derechos humanos y las normas humanitarias. No deben ser apaciguados. Pero sería un error contrarrestar la amenaza que representan simplemente negando el hecho de que nuevas formas de guerra podrían requerir nuevas reglas. La lucha contra las ubicuas redes terroristas capaces de llevar a cabo devastadores ataques contra civiles podrían bien demandar el refinamiento de conceptos tradicionales como necesidad militar, combatiente, territorio y blancos legítimos.

Lo que hace falta es una adaptación meditada -más que una debilitación- de principios legales bien establecidos. Esta es una tarea que debería conducirse de acuerdo al viejo espíritu de la sana sospecha, construyendo todas las salvaguardas razonables en contra de la posibilidad del abuso gubernamental. Pero si el movimiento de los derechos humanos se rehusa a participar en esta línea de debate e indagación con una mentalidad abierta, podría empezar a perder el apoyo de la opinión pública honesta, la fuente misma de la que ha extraído la energía moral y política para llegar tan lejos como lo ha hecho hasta ahora.