BRUSELAS: Se dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, pero ese precio puede adoptar la forma de decisiones moralmente sórdidas en las que gente inocente carga con el coste de la defensa de la libertad.

Bajo la égida de la Guerra Fría, los gobiernos occidentales se vieron obligados con regularidad a tomar muchas decisiones estratégicamente realistas pero moralmente nocivas. Dictadores como Mobuto de Zaire y Suharto de Indonesia fueron aceptados por el principio de que "puede que sea un bastardo, pero al menos es nuestro bastardo". Además, toda suerte de "luchadores por la libertad" desde los Contras en Nicaragua a Hissene Habré en Chad y Jonas Savimbi en Uganda recibieron armas y respaldo político de Occidente. Hasta los genocidas del Khmer Rouge fueron defendidos, en parte y por breve tiempo, por Estados Unidos en sus reductos en los bosques tras su expulsión de Phnom Penh.

Veinte años después del fin de la Guerra Fría, en ocasiones Occidente ha reconocido su deber de compensar a quienes fueron, en un sentido muy real, el "daño colateral" de esa lucha ideológica. Por ejemplo, los países que Roosevelt y Churchill entregaron al implacable dominio de Stalin son ahora, en su mayoría, parte de la Unión Europea. Sin embargo, hay otras historias no contadas de personas que pagaron caro las libertades de Occidente y que no han recibido demasiada atención.

Es destino de los chagosianos, ex residente de las Islas Chagos en el Océano Índico, es particularmente terrible. La manera en que a los habitantes de este archipiélago se les arrebató sistemáticamente sus posesiones y se les expulsó de sus tierras en nombre de los intereses estratégicos occidentales es una tragedia humana que Occidente puede y debe reconocer y enmendar.

Entre 1968 y 1973, los gobiernos británicos laborista y conservador organizaron la expulsión de todos quienes vivían en las 55 islas que hoy constituyen el Territorio Oceánico de las Indias Británicas y que se separaron de Mauricio al momento de su independencia. Esto se hizo a instancias de Estados Unidos, que en esa época estaba inmersa en la Guerra de Vietnam y precisaba, por comprensibles razones de seguridad, del uso de la Isla Diego García como base aérea y naval. El Ministerio de Asuntos Exteriores (Foreign Office) británico afirmó en esos días que en las Islas Chagos no existían asentamientos humanos.

Los chagosianos fueron enviados en barcos a las Islas Seychelles y Mauricio, y allí se les abandonó a su suerte, sufriendo el ostracismo y el aislamiento. Muchos sucumbieron a las enfermedades mentales, la adicción a las drogas y el alcoholismo.

A pesar del trágico impacto de su remoción obligada, los isleños nunca renunciaron a su campaña de ganar el derecho a regresar a sus hogares. Muchos chagosianos terminaron por abandonar las Seychelles y Mauricio. Algunos se asentaron en Londres (donde se encuentran los votantes que me eligieron para el Parlamento Europeo), mientras otros han sido una persistente espina en el costado de los sucesivos gobiernos británicos, pero finalmente la coalición de gobierno del Primer Ministro David Cameron parece estar buscando poner fin a este asunto de manera justa y humana.

Los chagosianos desean volver a las islas exteriores del archipiélago de las Chagos. Nunca han buscado reasentarse en Diego García, que sigue siendo inaccesible, está alquilada a los Estados Unidos hasta 2016 y continúa jugando un papel vital en la seguridad y la defensa occidentales. Dada la determinación de Cameron de poner la relación entre el Reino Unido e Inglaterra en una mayor igualdad de condiciones que bajo los laboristas, espero que nos sintamos en libertad de plantear el asunto a la administración Obama; de hecho, al parecer hace algunos años el Secretario británico de exteriores Robin Cook y la Secretaria de Estado Madeleine Albright estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo. A pesar de lo que se dice en contrario, el que los isleños regresen a las islas exteriores, a cientos de kilómetros de Diego García, no representa amenaza alguna contra los intereses estadounidenses.

Hace diez años los chagosianos lograron una enorme victoria en el Alto Tribunal británico, que determinó que la expulsión de los isleños había sido ilegal y que se les debía permitir regresar. A principio el gobierno aceptó la sentencia, pero fue revocada por una Orden del Consejo (una orden ejecutiva emanada de la Reina y no una ley aprobada en el Parlamento) en 2004.

Ahora no es el momento de debatir la idoneidad de las Órdenes del Consejo para legislar en una democracia del siglo veintiuno, pero esta medida demostró indiferencia hacia los derechos humanos básicos de los chagosianos. Este año volvimos a ver este cinismo en acción, cuando David Miliband, secretario saliente de Exteriores, declaró las Islas Chagos como una zona marítima protegida, con lo que se evitará que los isleños -si es que logran regresar- vivan de la pesca.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha usado a menudo la excusa de que reasentar a los chagosianos sería prohibitivamente costoso. Sin embargo, al responder a una pregunta parlamentaria que presenté a la Comisión Europea recientemente, el comisionado responsable de políticas de desarrollo, Andris Piebalgs, indicó que la Comisión consideraría cualquier solicitud del Reino Unido de cofinanciar la repatriación de los chagosianos, que la UE acepta correcta y plenamente como un asunto soberano británico.

Transcurridos diez años de la pírrica victoria legal de los chagosianos -una victoria que pareció no haber hecho más que endurecer la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de no permitirles regresar a las Islas- han llevado su campaña al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sugerido que el caso se debería retirar para favorecer una "solución amistosa". Muchos chagosianos que se han asentado en el Reino Unido regresarían de inmediato, si tan solo el gobierno lo permitiera.