BERLÍN – En 2015, los 193 miembros de Naciones Unidas acordaron diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para alcanzar con plazo en 2030: una amplia agenda de políticas orientada a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y promover el bienestar general. Han pasado ya ocho años, y la edición 2023 del Informe Mundial sobre Desarrollo Sostenible (IMDS) de la ONU advierte que el mundo está muy lejos de alcanzar esas metas. La pobreza y el hambre están en aumento, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) no para de crecer y, con el ritmo de avance actual, llevará 300 años lograr la igualdad de género.
No hay duda de que el impacto social y económico devastador de la pandemia de COVID‑19 ha contribuido a la demora, lo mismo que la guerra en Ucrania. Pero la acción transformadora necesaria para cumplir los ODS también ha sido deficiente. Como muestra el IMDS, el gradualismo y las intervenciones individuales no bastan: necesitamos reformas amplias que busquen el logro simultáneo de varios ODS.
Según el IMDS, la transformación a la sostenibilidad es un proceso en el que nuevas tecnologías, infraestructuras y métodos de toma de decisiones reemplazan a los anteriores, buscando resolver sus efectos negativos y producir mejores resultados. Por lo general, este cambio genera resistencia y puede provocar conflicto, porque es costoso: las empresas tienen que hallar nuevos mercados y modelos de negocio, y los trabajadores se ven obligados a actualizarse y encontrar nuevos empleos. Las autoridades tienen que anticiparse a estos hechos y hacer los planes necesarios.
Las fuentes de energía renovables son una de esas innovaciones. Pero en la mayoría de los países, actúan como complemento, y no como reemplazo, de los combustibles fósiles. Sin embargo, para alcanzar la emisión neta cero de GEI (que la Unión Europea espera lograr en 2050) se necesita un cambio total al nuevo sistema. Además del despliegue a gran escala de las energías renovables y de tecnologías limpias como los vehículos eléctricos, es esencial aumentar las inversiones en infraestructura energética (sobre todo en África) y mejorar la eficiencia energética. Además, para reducir el consumo de energía, pueden ser útiles innovaciones sociales centradas en la provisión y el uso colectivos de espacios y servicios de movilidad.
Otro objetivo que exige reformas amplias es el de poner fin al hambre y detener la pérdida de biodiversidad. Es necesario que los habitantes de los países ricos reduzcan drásticamente el consumo de carne, adopten dietas basadas en vegetales y dividan a la mitad el desperdicio de alimentos. En una escala global, la agricultura debe adoptar sistemas de producción multifuncionales y eficientes, que preserven la tierra, el agua y la biodiversidad; y hay que reducir en gran medida el uso de contaminantes persistentes (por ejemplo, metales pesados y plásticos) para garantizar la salud del medioambiente.
Para promover el bienestar y la inclusión de las personas, hay que insistir en la búsqueda de los objetivos de igualdad de género; para ello es necesario mejorar la situación legal de las mujeres y su autonomía económica. Además, el cobro de un canon a los países que emiten más carbono permitirá financiar un fondo mundial de protección social que los países de bajos ingresos puedan usar para mejorar sus servicios educativos y sanitarios. Esto sería un importante avance hacia el objetivo de reducir la pobreza.
Lograr una transformación de esta escala no será fácil. Es allí donde entra en juego el poder de la narrativa: la gente tiene que estar convencida de que estos cambios son el mejor modo de crear un futuro habitable, y de que nuestra trayectoria actual nos lleva directo a resultados catastróficos que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad.
Para cambiar la narrativa, las autoridades tendrán que aprender a reforzar y mantener un amplio apoyo político y social al cambio integral. Esto implica priorizar los objetivos compartidos por sobre los conflictos partidarios, desarrollar estrategias a largo plazo para el logro de una transformación verde justa y ser proactivos en la identificación y la resolución de conflictos por la distribución de costos. También implica trabajar con la sociedad civil, con el sector privado y con los sindicatos para identificar problemas de implementación y adaptar las políticas según sea necesario. Un modo de crear estas capacidades es mediante acuerdos de asociación que permitan el intercambio y el aprendizaje compartido dentro de las regiones y entre ellas.
Para diseñar políticas que distribuyan con justicia los costos de la transformación es fundamental el proceso democrático. Pero es tal la magnitud del cambio necesario que quienes vean afectados sus negocios o fuentes de sustento opondrán resistencia a las reformas. Y sobre todo en sociedades con altos niveles de desigualdad de ingresos y riqueza, es probable que la gente piense que estará peor durante un cambio de paradigma de esta naturaleza.
Por eso las autoridades deben poner la equidad y la justicia en el centro de esta transformación y asegurar que la determinación de la distribución de costos entre diferentes grupos de ingresos y generaciones sea transparente y con rendición de cuentas. En particular, hay que monitorear los avances hacia los objetivos acordados, para que la opinión pública pueda exigir dicha rendición de cuentas a sus gobiernos; esto fortalecerá el Estado de Derecho y creará confianza en las instituciones.
Así como el logro de los ODS depende del consenso democrático, la búsqueda de estas reformas, radicales pero necesarias, puede a su vez fortalecer la democracia.
Traducción: Esteban Flamini
BERLÍN – En 2015, los 193 miembros de Naciones Unidas acordaron diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para alcanzar con plazo en 2030: una amplia agenda de políticas orientada a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y promover el bienestar general. Han pasado ya ocho años, y la edición 2023 del Informe Mundial sobre Desarrollo Sostenible (IMDS) de la ONU advierte que el mundo está muy lejos de alcanzar esas metas. La pobreza y el hambre están en aumento, la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) no para de crecer y, con el ritmo de avance actual, llevará 300 años lograr la igualdad de género.
No hay duda de que el impacto social y económico devastador de la pandemia de COVID‑19 ha contribuido a la demora, lo mismo que la guerra en Ucrania. Pero la acción transformadora necesaria para cumplir los ODS también ha sido deficiente. Como muestra el IMDS, el gradualismo y las intervenciones individuales no bastan: necesitamos reformas amplias que busquen el logro simultáneo de varios ODS.
Según el IMDS, la transformación a la sostenibilidad es un proceso en el que nuevas tecnologías, infraestructuras y métodos de toma de decisiones reemplazan a los anteriores, buscando resolver sus efectos negativos y producir mejores resultados. Por lo general, este cambio genera resistencia y puede provocar conflicto, porque es costoso: las empresas tienen que hallar nuevos mercados y modelos de negocio, y los trabajadores se ven obligados a actualizarse y encontrar nuevos empleos. Las autoridades tienen que anticiparse a estos hechos y hacer los planes necesarios.
Las fuentes de energía renovables son una de esas innovaciones. Pero en la mayoría de los países, actúan como complemento, y no como reemplazo, de los combustibles fósiles. Sin embargo, para alcanzar la emisión neta cero de GEI (que la Unión Europea espera lograr en 2050) se necesita un cambio total al nuevo sistema. Además del despliegue a gran escala de las energías renovables y de tecnologías limpias como los vehículos eléctricos, es esencial aumentar las inversiones en infraestructura energética (sobre todo en África) y mejorar la eficiencia energética. Además, para reducir el consumo de energía, pueden ser útiles innovaciones sociales centradas en la provisión y el uso colectivos de espacios y servicios de movilidad.
Otro objetivo que exige reformas amplias es el de poner fin al hambre y detener la pérdida de biodiversidad. Es necesario que los habitantes de los países ricos reduzcan drásticamente el consumo de carne, adopten dietas basadas en vegetales y dividan a la mitad el desperdicio de alimentos. En una escala global, la agricultura debe adoptar sistemas de producción multifuncionales y eficientes, que preserven la tierra, el agua y la biodiversidad; y hay que reducir en gran medida el uso de contaminantes persistentes (por ejemplo, metales pesados y plásticos) para garantizar la salud del medioambiente.
Para promover el bienestar y la inclusión de las personas, hay que insistir en la búsqueda de los objetivos de igualdad de género; para ello es necesario mejorar la situación legal de las mujeres y su autonomía económica. Además, el cobro de un canon a los países que emiten más carbono permitirá financiar un fondo mundial de protección social que los países de bajos ingresos puedan usar para mejorar sus servicios educativos y sanitarios. Esto sería un importante avance hacia el objetivo de reducir la pobreza.
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Lograr una transformación de esta escala no será fácil. Es allí donde entra en juego el poder de la narrativa: la gente tiene que estar convencida de que estos cambios son el mejor modo de crear un futuro habitable, y de que nuestra trayectoria actual nos lleva directo a resultados catastróficos que ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad.
Para cambiar la narrativa, las autoridades tendrán que aprender a reforzar y mantener un amplio apoyo político y social al cambio integral. Esto implica priorizar los objetivos compartidos por sobre los conflictos partidarios, desarrollar estrategias a largo plazo para el logro de una transformación verde justa y ser proactivos en la identificación y la resolución de conflictos por la distribución de costos. También implica trabajar con la sociedad civil, con el sector privado y con los sindicatos para identificar problemas de implementación y adaptar las políticas según sea necesario. Un modo de crear estas capacidades es mediante acuerdos de asociación que permitan el intercambio y el aprendizaje compartido dentro de las regiones y entre ellas.
Para diseñar políticas que distribuyan con justicia los costos de la transformación es fundamental el proceso democrático. Pero es tal la magnitud del cambio necesario que quienes vean afectados sus negocios o fuentes de sustento opondrán resistencia a las reformas. Y sobre todo en sociedades con altos niveles de desigualdad de ingresos y riqueza, es probable que la gente piense que estará peor durante un cambio de paradigma de esta naturaleza.
Por eso las autoridades deben poner la equidad y la justicia en el centro de esta transformación y asegurar que la determinación de la distribución de costos entre diferentes grupos de ingresos y generaciones sea transparente y con rendición de cuentas. En particular, hay que monitorear los avances hacia los objetivos acordados, para que la opinión pública pueda exigir dicha rendición de cuentas a sus gobiernos; esto fortalecerá el Estado de Derecho y creará confianza en las instituciones.
Así como el logro de los ODS depende del consenso democrático, la búsqueda de estas reformas, radicales pero necesarias, puede a su vez fortalecer la democracia.
Traducción: Esteban Flamini