LEEDS – El ex primer ministro de Tailandia, Chavalit Yongchaiyudh, recientemente desató la furia  al proponer que la campaña separatista en las provincias del sur de su país, de mayoría musulmana, podría resolverse políticamente, con una forma de autogobierno. El Partido Demócrata que gobierna en Tailandia inmediatamente calificó los comentarios de Chavalit de “traicioneros.”

Sin embargo, los hechos recientes entorno a las elecciones en Afganistán han destacado las fallas de usar exclusivamente la fuerza militar para resolver una guerra civil. Este precedente ofrece una lección importante para Tailandia y otros países que enfrentan insurgencias inextricables. Como señaló Aristóteles, “la política es la ciencia maestra en el mundo de la acción.”

En junio de 2006, en un poblado de la provincia de Yala, en el sur de Tailandia, me reuní con varios hombres jóvenes de aspecto físico común que habían participado en eventos extraordinarios. Se habían unido a los militantes que habían atacado una docena de puntos de control de seguridad en tres provincias del sur el 28 de abril de 2004.

Armados principalmente con machetes y cuchillos de cocina, 106 atacantes murieron ese día, 32 de ellos dentro de la histórica mezquita Krue-Ze en Pattani, donde se habían refugiado. Cinco miembros de las fuerzas de seguridad tailandesas también fueron asesinados.

Ninguno de los jóvenes con los que hablé pudo dar una explicación clara de sus acciones, sólo dijeron que un profesor islámico conocido como Ustadz So los había reclutado en un movimiento militante oscuro. Ustadz So les había enseñado que el gobierno tailandés en esa región histórica malaya era ilegítimo, que los funcionarios tailandeses eran crueles y despiadados, y que había llegado la hora de que la población musulmana se sublevara y expulsara a los infieles budistas.

De acuerdo con el experto en contrainsurgencia, David Kilcullen, la violencia en el sur profundo de Tailandia –que ya ha cobrado más de 3,500 vidas- fue una de las más intensas en el mundo entre 2004 y 2007, tan sólo después de Irak y Afganistán durante este periodo.” Con todo, a pesar de tales niveles alarmantes de derramamiento de sangre, la insurgencia no se ha informado e investigado lo suficiente, apenas está en el radar de la comunidad internacional, debido en gran parte a que el conflicto no puede reducirse a una narración hecha para la prensa en la que se identifican a los buenos y los malos.

Primero, el movimiento militante en sí no tiene nombre. Su forma de actuar es bastante descentralizada a través de células pequeñas que operan con relativa independencia –lo que podría describirse como franquicias de la violencia de autogestión. El experto político tailandés, Chaiwat Satha-Anand, ha llamado al movimiento una “red sin núcleo.” La falta de un enemigo definido dificulta la comprensión y difusión del conflicto a los periodistas, diplomáticos y funcionarios gubernamentales.

Segundo, los resultados no son predecibles. El 28 de abril de 2004, los objetivos principales de los insurgentes fueron miembros budistas de las fuerzas de seguridad, pero la mayoría de los que murieron eran malayos musulmanes. Los aspirantes a perpetradores también se convirtieron en las víctimas principales. Algunas víctimas han sido asesinadas sin un juicio. El grupo que nadie atacó fue el de los occidentales. De nuevo, informar de ese caos es un reto; gran parte de los editores de noticias en el mundo occidental han preferido destacar Irak y Afganistán.

Un tercer factor es que la violencia se ha convertido en un asunto marginal incluso dentro de Tailandia. Los equipos de noticias de última hora regresaron a Bangkok hace mucho tiempo, donde un golpe militar, manifestaciones masivas constantes y otras grandes historias políticas los han mantenido ocupados desde entonces. Además, porque la violencia tiende a presentarse a cuentagotas  –raramente desde 2004 las bajas de cualquier día han alcanzado cifras de dos dígitos –el Sur nunca ha vuelto a recuperar su lugar en la agenda informativa.

Muchos militares y policías tailandeses ya reconocen en privado que la insurgencia no puede ser erradicada con medidas de seguridad. Tras un descenso en el número de incidentes durante finales de 2007 y en 2008, la violencia de nuevo aumentó en 2009. La creencia de los militares de que se podría reeducar y resocializar a los musulmanes malayos en la aceptación de una identidad tailandesa ha mostrado ser insostenible.

Lo mismo ocurre con la retórica de línea dura previa sobre la erradicación de los militantes y la destrucción de su organización. El gobierno actual del primer ministro, Abhisit Vejjajiva, se pierde en la retórica al hablar de la creación de paz simplemente promoviendo la justicia, o financiando proyectos de desarrollo socioeconómicos de gran escala.

Los musulmanes malayos en las provincias del sur de Tailandia están exigiendo su propio espacio político. Pocos de ellos creen seriamente que un pequeño Estado independiente pattani, encajado entre Tailandia y Malasia, sería viable. Lo que muchos quieren es una forma de estatus especial dentro de Tailandia, que les permita emprender sus propias tradiciones culturales y religiosas sin la interferencia de Bangkok.

Hasta que el gobierno tailandés entienda este punto simple, los hombres jóvenes como los que conocí en Yala seguirán siendo reclutados en la actividad militar. Como lo percibe Chavalit Yongchaiyudh, el conflicto del sur de Tailandia es un problema político que necesita una solución política –igual que Afganistán y otras tantas guerras familiares.