NUEVA YORK – La revelación reciente de que políticos del partido de ultraderecha alemán Alternative für Deutschland (AfD) se reunieron con activistas de derecha el pasado noviembre para hablar de un plan de “reemigración” extremista ha llevado al rojo vivo el debate sobre la posibilidad de prohibirlo.
Se supone que la reunión clandestina, realizada en un hotel situado en las riberas de un lago cerca de Potsdam, abordó la posibilidad de llevar a cabo deportaciones masivas de alemanes no étnicos si la ultraderecha llegara al poder. Alarmados por esta horrorosa visión, dirigentes de todo el espectro político, intelectuales famosos y comentaristas de medios influyentes plantean ahora que es necesario cerrar el AfD para proteger la democracia alemana.
El creciente apoyo popular a AfD solo ha aumentado la sensación de urgencia, especialmente con la aproximación este año de elecciones regionales en tres de los estados orientales alemanes donde el partido es más fuerte. En los últimos tiempos, AfD ha ofrecido su completo apoyo a los agricultores que se oponen a las propuestas de reducción de subsidios, generando preocupación de que el partido pueda aprovechar esta explosiva situación para obtener réditos políticos.
Hoy cerca de mitad del pueblo alemán está a favor de prohibir el AfD. Y cientos de miles han participado en manifestaciones contra el partido en estos últimos días. Es más, una petición en línea llamando a gobierno a quitar los derechos civiles y políticos de Björn Höcke, el notorio dirigente de AfD en el estado de Turingia (una propuesta sin precedentes en la historia germana de posguerra) ha reunido más de un millón y medio de firmas.
Sin embargo, intentar ilegalizar el segundo partido más votado del país sería cuestionable en términos democráticos y podría tener consecuencias negativas inesperadas y, potencialmente, de largo alcance.
No hay dudas de que el procedimiento para prohibir agrupaciones políticas que busquen socavar o abolir el sistema democrático es suficientemente directo. La Corte Constitucional decide prohibir o no un partido tras recibir una petición formal del gobierno federal, el parlamento federal o de la segunda cámara alemana, el Bundesrat, que representa a los estados federales.
Pero la Corte ha fijado un alto umbral para la exclusión política, como lo han demostrado los intentos anteriores de disolver partidos. En 2017, rechazó una solicitud de ilegalizar el neonazi Partido Democrático Nacional (NPD), a pesar de su agenda abiertamente racista y antidemocrática. De hecho, la última vez que la Corte empleó este mecanismo fue en 1956, en plena Guerra Fría, cuando prohibió el Partido Comunista de Alemania (KPD).
Este precedente sugiere que llevar este caso contra AfD no sería más que una formalidad y, lo que es más importante, fácilmente podría convertirse en un fiasco político. Dada su alta popularidad, incluso pedir a la Corte que lo prohíba sería ampliamente percibido como una estratagema de los partidos ya establecidos para eliminar a un competidor cada vez más fuerte, reforzando así el argumento de la ultraderecha de que el sistema está amañado. Si este intento fracasara, la causa del AfD quedaría reforzada, no debilitada.
Más todavía, la Corte Constitucional inevitablemente sería lenta -el caso contra el NPD demoró más de tres años- y sus conclusiones se harían públicas mucho después de la próxima ola de elecciones. Aunque todos los beneficios sugeridos de la supuesta prohibición de AfD están en el futuro, sus repercusiones negativas se harían sentir inmediatamente. En muchos sentidos, hasta el hecho de debatir acciones legales en su contra solo da municiones a un partido que prospera en un contexto de victimización.
Incluso en el improbable escenario de que se lo logre prohibir, solo sería el partido lo que desaparecería, no sus partidarios ni sus reivindicaciones. Nada impediría que los miembros de AfD fundaran un nuevo partido de derechas, una alternativa a la Alternativa.
Ya es momento de entender que el activismo legal no funciona para luchar contra el populismo, y que hasta podría empeorar el problema. El desafío de la extrema derecha se debe enfrentar políticamente con soluciones que den respuesta a las causas raíz del descontento: los altos precios de la energía, el estancamiento del crecimiento económico, los altos y persistentes niveles de migración entrante y la fracasada integración de los recién llegados.
Sin dudas, las democracias liberales deben tener una actitud vigilante y cuentan con el derecho y obligación de contraatacar tanto en las cortes como en el Parlamento. Pero intentar prohibir un contrincante político resulta ser un atajo en torno al inquietante hecho de que hay votantes descontentos con legítimo derecho a expresar sus reclamaciones. Los valores democráticos no pueden protegerse limitando las libertades democráticas.
El reto de la ultraderecha se debe resolver en las urnas, no en el sitial del juez. La victoria sobre AfD por vía de una prohibición legal significaría una derrota moral y política para sus contrincantes.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
NUEVA YORK – La revelación reciente de que políticos del partido de ultraderecha alemán Alternative für Deutschland (AfD) se reunieron con activistas de derecha el pasado noviembre para hablar de un plan de “reemigración” extremista ha llevado al rojo vivo el debate sobre la posibilidad de prohibirlo.
Se supone que la reunión clandestina, realizada en un hotel situado en las riberas de un lago cerca de Potsdam, abordó la posibilidad de llevar a cabo deportaciones masivas de alemanes no étnicos si la ultraderecha llegara al poder. Alarmados por esta horrorosa visión, dirigentes de todo el espectro político, intelectuales famosos y comentaristas de medios influyentes plantean ahora que es necesario cerrar el AfD para proteger la democracia alemana.
El creciente apoyo popular a AfD solo ha aumentado la sensación de urgencia, especialmente con la aproximación este año de elecciones regionales en tres de los estados orientales alemanes donde el partido es más fuerte. En los últimos tiempos, AfD ha ofrecido su completo apoyo a los agricultores que se oponen a las propuestas de reducción de subsidios, generando preocupación de que el partido pueda aprovechar esta explosiva situación para obtener réditos políticos.
Hoy cerca de mitad del pueblo alemán está a favor de prohibir el AfD. Y cientos de miles han participado en manifestaciones contra el partido en estos últimos días. Es más, una petición en línea llamando a gobierno a quitar los derechos civiles y políticos de Björn Höcke, el notorio dirigente de AfD en el estado de Turingia (una propuesta sin precedentes en la historia germana de posguerra) ha reunido más de un millón y medio de firmas.
Sin embargo, intentar ilegalizar el segundo partido más votado del país sería cuestionable en términos democráticos y podría tener consecuencias negativas inesperadas y, potencialmente, de largo alcance.
No hay dudas de que el procedimiento para prohibir agrupaciones políticas que busquen socavar o abolir el sistema democrático es suficientemente directo. La Corte Constitucional decide prohibir o no un partido tras recibir una petición formal del gobierno federal, el parlamento federal o de la segunda cámara alemana, el Bundesrat, que representa a los estados federales.
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Pero la Corte ha fijado un alto umbral para la exclusión política, como lo han demostrado los intentos anteriores de disolver partidos. En 2017, rechazó una solicitud de ilegalizar el neonazi Partido Democrático Nacional (NPD), a pesar de su agenda abiertamente racista y antidemocrática. De hecho, la última vez que la Corte empleó este mecanismo fue en 1956, en plena Guerra Fría, cuando prohibió el Partido Comunista de Alemania (KPD).
Este precedente sugiere que llevar este caso contra AfD no sería más que una formalidad y, lo que es más importante, fácilmente podría convertirse en un fiasco político. Dada su alta popularidad, incluso pedir a la Corte que lo prohíba sería ampliamente percibido como una estratagema de los partidos ya establecidos para eliminar a un competidor cada vez más fuerte, reforzando así el argumento de la ultraderecha de que el sistema está amañado. Si este intento fracasara, la causa del AfD quedaría reforzada, no debilitada.
Más todavía, la Corte Constitucional inevitablemente sería lenta -el caso contra el NPD demoró más de tres años- y sus conclusiones se harían públicas mucho después de la próxima ola de elecciones. Aunque todos los beneficios sugeridos de la supuesta prohibición de AfD están en el futuro, sus repercusiones negativas se harían sentir inmediatamente. En muchos sentidos, hasta el hecho de debatir acciones legales en su contra solo da municiones a un partido que prospera en un contexto de victimización.
Incluso en el improbable escenario de que se lo logre prohibir, solo sería el partido lo que desaparecería, no sus partidarios ni sus reivindicaciones. Nada impediría que los miembros de AfD fundaran un nuevo partido de derechas, una alternativa a la Alternativa.
Ya es momento de entender que el activismo legal no funciona para luchar contra el populismo, y que hasta podría empeorar el problema. El desafío de la extrema derecha se debe enfrentar políticamente con soluciones que den respuesta a las causas raíz del descontento: los altos precios de la energía, el estancamiento del crecimiento económico, los altos y persistentes niveles de migración entrante y la fracasada integración de los recién llegados.
Sin dudas, las democracias liberales deben tener una actitud vigilante y cuentan con el derecho y obligación de contraatacar tanto en las cortes como en el Parlamento. Pero intentar prohibir un contrincante político resulta ser un atajo en torno al inquietante hecho de que hay votantes descontentos con legítimo derecho a expresar sus reclamaciones. Los valores democráticos no pueden protegerse limitando las libertades democráticas.
El reto de la ultraderecha se debe resolver en las urnas, no en el sitial del juez. La victoria sobre AfD por vía de una prohibición legal significaría una derrota moral y política para sus contrincantes.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen