CAMBRIDGE.– Europa se debate contra las inevitables consecuencias negativas de imponer una única moneda en un conjunto muy heterogéneo de países. Pero la crisis presupuestaria griega y el riesgo de insolvencia en Italia y España son tan solo una parte del problema causado por la moneda única. La fragilidad de los bancos europeos más importantes, las altas tasas de desocupación y el elevado desequilibrio comercial intraeuropeo (el superávit de 200 miles de millones de dólares en la cuenta corriente de Alemania respecto del déficit combinado de 300 miles de millones en el resto de la eurozona) también son un reflejo del uso del euro.

Los políticos europeos que insistieron en la introducción del euro en 1999 ignoraron las advertencias de los economistas que predijeron que una moneda única para toda Europa traería graves problemas. Quienes abogaban por el euro se centraban en la meta de la integración política europea. Veían la moneda única como parte del proceso de creación de un sentimiento de comunidad política en Europa. Lograron el apoyo popular con el eslogan «Un mercado, una moneda», argumentando que la zona de libre comercio creada por la Unión Europea solo alcanzaría el éxito con una moneda única.

Ni la historia ni la lógica económica prestaban apoyo a esa interpretación. De hecho, el comercio en la UE funciona bien, a pesar de que solo 17 de los 27 miembros de la unión usan el euro.

Pero el argumento principal de los funcionarios europeos y otros defensores del euro ha sido que, como una moneda única funciona bien en los Estados Unidos, también debería hacerlo en Europa. Después de todo, ambas son grandes economías continentales, llenas de contrastes. Pero ese argumento pasa por alto tres importantes diferencias entre los EE. UU. y Europa.

En primer lugar, los EE. UU. son en realidad un único mercado de trabajo, donde los trabajadores se mudan desde las zonas con desempleo alto y en aumento hacia sitios con mayor abundancia de empleo. En Europa, los mercados de trabajo nacionales están realmente separados por barreras idiomáticas, culturales, religiosas, sindicales y de los sistemas de seguridad social.

Seguro, algunos trabajadores sí migran en Europa. En ausencia del elevado grado de movilidad presente en los EE. UU., sin embargo, el desempleo general solo puede disminuir si los países con alto desempleo son capaces de relajar su política monetaria, una opción que la moneda única impide.

Una segunda diferencia importante es que los EE. UU. tienen un sistema fiscal centralizado. Las personas y las empresas pagan la mayoría de sus impuestos al gobierno federal en Washington, no a sus autoridades estatales (o locales).

Cuando la actividad económica en un estado de los EE. UU. se desacelera en relación al resto del país, los impuestos que sus ciudadanos y empresas pagan al gobierno federal disminuyen, y los fondos que recibe del gobierno federal (en concepto de beneficios por desempleo y otros programas de transferencia) aumentan. En líneas generales, cada dólar que disminuye el PBI de un estado como Massachusetts u Ohio dispara cambios impositivos y en las transferencias, que contrarrestan aproximadamente 40 centavos de esa caída y proporcionan un estímulo fiscal considerable.

No existe ninguna compensación comparable en Europa, donde los impuestos se pagan y las transferencias se reciben casi exclusivamente a y de los gobiernos nacionales. El tratado de Maastricht de la UE específicamente reserva esta autoridad para gravar y transferir a los estados miembros, un reflejo de la falta de voluntad europea para transferir fondos a las personas de otros países en la forma en que los estadounidenses están dispuestos a hacerlo entre personas de otros estados.

La tercera diferencia importante es que todos los estados de los EE. UU. están obligados por sus constituciones a equilibrar sus presupuestos operativos anuales. Mientras que los fondos para los «tiempos difíciles» que se acumulan durante los años de expansión se utilizan para cubrir las caídas temporales en los ingresos, los créditos en forma de «obligaciones generales» que pueden tomar los estados se limitan a proyectos de capital, como carreteras y escuelas. Incluso un estado como California, considerado por muchos como el arquetipo del despilfarro fiscal, tiene actualmente un déficit presupuestario anual de solo el 1% de su PBI y una deuda de obligaciones generales de solo el 4% de su PBI.

Estos límites a los déficits presupuestarios estatales son una consecuencia lógica de la imposibilidad de los estados de EE. UU. para emitir dinero y cubrir las brechas fiscales. Estas reglas constitucionales evitan el tipo de déficit y problemas de deuda que han acosado a la eurozona, donde los mercados de capital ignoraron la falta de independencia monetaria de los países.

Ninguna de esas características de la economía de los EE. UU. se desarrollaría en Europa, incluso si la eurozona evolucionara hacia una unión política más explícita. Si bien la forma de unión política impulsada por Alemania y otros continúa siendo imprecisa, no incluiría la recaudación centralizada de ingresos como en los EE. UU., ya que eso pondría un mayor peso sobre los contribuyentes alemanes para financiar los programas de gobierno en otros países. Tampoco la unión política mejoraría la movilidad laboral dentro de la zona del euro, superaría los problemas causados por la imposición de una política monetaria común sobre países con distintas condiciones cíclicas, ni mejoraría el desempeño comercial de los países que no pueden devaluar sus tipos de cambio para recuperar competitividad.

El efecto más probable de fortalecer la unión política en la zona del euro sería otorgar a Alemania el poder para controlar los presupuestos de otros miembros y evitar cambios en sus impuestos y gastos. Esta transferencia formal de soberanía solo aumentaría las tensiones y conflictos que ya existen entre Alemania y otros países de la UE.