Thursday, July 31, 2014
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Convictos de exportación

NUEVA DELHI – China ha dado con una novedosa estrategia para aliviar la presión de sus sobrepobladas prisiones: emplear a convictos como trabajadores en proyectos que lleva a cabo en países en desarrollo. Esta práctica ha expuesto otra faceta del triste historial de derechos humanos de China, que, cuando se trata de las operaciones en el exterior de sus compañías, incluye el fracaso del gobierno en la aplicación de sus propias regulaciones.

Cada año, China ejecuta casi tres veces la cantidad de gente que se ejecuta en el resto del mundo. Amnistía Internacional ha estimado que, en 2007, China ejecutó en secreto un promedio de "cerca de 22 prisioneros por día".

Además de ser el país donde más se ejecuta, China tiene una de las mayores poblaciones carcelarias. La "Lista de poblaciones penales del mundo" de 2009, compilada por el Centro Internacional de Estudios Carcelarios, cifró en 1,57 millones la cantidad total de reclusos en cárceles chinas, más que la población de Estonia, Guinea-Bissau, Mauricio, Suazilandia, Trinidad y Tobago, Fiyi o Qatar.

El envío forzoso de prisioneros a trabajar en proyectos de infraestructura en el extranjero plantea nuevos problemas en torno a la actitud histórica de China frente a los derechos humanos. También añade un nuevo elemento -el "dumping" de convictos- a su política comercial y de inversiones, que ha sido muy criticada por hacer dumping de productos.

Por ejemplo, se ha obligado a miles de convictos chinos a trabajar en proyectos ejecutados por compañías estatales en Sri-Lanka, país estratégicamente importante para China en su objetivo de mejorar su posición regional en el Océano Índico. Tras proporcionar al gobierno de Sri-Lanka los sistemas de armamento defensivo que le ayudaron a poner fin a una guerra civil que se arrastraba por décadas, China ha sido recompensada con proyectos de construcción de puertos, ferrocarriles y otros tipos de infraestructura.

También se ha enviado reclusos chinos a las Maldivas, donde el gobierno chino construye 4000 viviendas en diferentes islas como parte de un "regalo" de gobierno a gobierno para ganar influencia. Sin embargo, hasta ahora China no ha podido persuadir al presidente del país a alquilar una de las 700 islas maldivas inhabitadas para su uso como pequeña base de la Marina china.

Es habitual que las compañías chinas en proyectos en el extranjero, incluidos los países de África, mantengan en un mínimo la cantidad de trabajadores locales y lleven gran parte de la mano de obra desde China, parte de la cual está formada por convictos "excarcelados" en libertad condicional para esos fines. Los reclusos-trabajadores, como el resto de la mano de obra china para esos proyectos, alojan cerca del sitio de la obra. De esa manera, si alguno de ellos escapara, sería fácil encontrarlo en un entorno ajeno.

En teoría, estas prácticas van en dirección opuesta a las regulaciones promulgadas por el ministerio de comercio chino en agosto de 2006, en respuesta a una reacción contra empresas chinas en Zambia tras la muerte de 51 trabajadores locales en una explosión en una mina de cobre de su propiedad. Estas normativas llamaron a la "localización", lo que incluía contratar trabajadores locales, respetar las costumbres del lugar y cumplir las normas de seguridad. Durante su viaje a ocho países africanos en 2007, el Presidente chino Hu Jintao se reunió con empresas chinas para recalcar la importancia de la responsabilidad corporativa en sus proyectos locales.

Más aún, en octubre de 2006 el Consejo de Estado -el gabinete chino- publicó nueve normativas en las que ordenaba a las empresas chinas, entre otras cosas, "prestar atención a la protección ambiental", "apoyar a la comunidad local y comprometerse en la calidad de vida de las personas" y "preservar la buena imagen de China y su buena reputación corporativa".

Sin embargo, a veces las regulaciones chinas se promulgan como simple respuesta a las críticas externas y en consecuencia rara vez se aplican, excepto cuando un caso atrae la atención internacional. Por ejemplo, en 2003 China promulgó una ley sobre evaluaciones de impacto ambiental que fue seguida en 2008 por "medidas provisorias" para permitir la participación pública en ellas. No obstante, los gobernantes chinos siguen mucho más interesados en promover las exportaciones y el crecimiento económico que en el aire y el agua del país.

De manera similar, las nueve normativas de 2006 del Consejo de Estado han estado subordinadas al impulso de las exportaciones y el crecimiento, incluso cuando significa costes ambientales y sociales a las comunidades locales en el extranjero. De hecho, como parte de la política de globalización del gobierno, a las compañías chinas se les ofrece incentivos y premios por obtener contratos en el extranjero e impulsar las exportaciones.

El uso de convictos como trabajadores añade una perturbadora nueva dimensión a esta estrategia. Pero incluso antes de que los reclusos pasaran a formar parte de los proyectos chinos en el extranjero, algunos proyectos chinos, especialmente los planes de construcción de represas, estaban envueltos en disputas con comunidades locales en Botsuana, Birmania, Pakistán, Ghana y Sudán. De hecho, varias bombas de pequeña potencia explotaron hace menos de tres meses en el sitio de la represa Myitsone de Birmania, cuya construcción por una compañía china en el Estado de Kachin, que sufre problemas de insurgencia, está desplazando a miles de agricultores y pescadores de subsistencia e inundando grandes áreas de tierras.

Las compañías chinas no pueden, por sí solas, lograr la liberación de miles de prisioneros, por no mencionar sus pasaportes y permisos de salida. Es evidente que la práctica de obligar a los convictos a trabajar en proyectos en el extranjero se ha instituido a instancias del gobierno chino.

Hasta que el trato del gobierno chino a sus propios ciudadanos y los de otros países se guíe por el respeto de los derechos humanos básicos y el imperio de la ley, es difícil que China logre el respeto que busca en el ámbito internacional.

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