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Para entender por qué no puede China hacer su ajuste

CLAREMONT (CALIFORNIA) – La actual desaceleración económica de China no carece de causas: la agitación financiera de Europa, una recuperación espasmódica en los Estados Unidos y la debilidad del crecimiento de la inversión interna, por citar los factores a los que se suele hacer mayor referencia. Como las exportaciones y la inversión representan el 30 por ciento y el 40 por ciento, respectivamente, del crecimiento del PIB de China, su economía es particularmente vulnerable a una demanda exterior debilitada y a la acumulación de créditos morosos causados por un gasto excesivo y despilfarrador en activos fijos.

Pero la vulnerabilidad de China ante esos factores, por graves que sean es sintomática de problemas institucionales más profundos. Mientras no se aborden esas limitaciones subyacentes, hablar de un nuevo modelo de crecimiento para China basado en el consumo y reflejado en el recién aprobado 12º Plan Quinquenal del Gobierno, sólo puede ser pura palabrería.

Al fin y al cabo, hace mucho que los más importantes socios comerciales de China, instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y los propios funcionarios chinos reconocieron las vulnerabilidades estructurales causadas por una inversión excesiva y un consumo escaso de los hogares. Y, durante casi un decenio, se ha instado a China a emprender reformas para corregir esas tendencias económicas, que han socavado el bienestar de los chinos de a pie y han creado problemas el sistema comercial mundial.

El rasgo mejor conocido de los desequilibrios macroeconómicos de China es su profunda dependencia de las exportaciones para el crecimiento, que se suele atribuir a una demanda interna débil: como país de renta media que es, China carece de la capacidad adquisitiva para consumir los bienes que produce. Con un acceso casi ilimitado a los mercados de los países avanzados, China puede aprovechar la demanda exterior mundial y aumentar las posibilidades de crecimiento de su PIB, como ha hecho durante los dos últimos decenios.

Si esa tesis es acertada, la solución es sencilla: China puede corregir sus desequilibrios aumentando los ingresos de sus ciudadanos (reduciendo los impuestos, aumentando los sueldos o el gasto social), para que puedan consumir más, con lo que se reduciría la dependencia en que se encuentra la economía de las exportaciones. De hecho, casi todos los economistas de las principales escuelas prescriben ese método para China.

Pero existe otra explicación para la excesiva dependencia de China de las exportaciones y que tiene más que ver con las deficientes instituciones políticas y económicas del país. Concretamente, la dependencia de la exportación refleja en parte la enorme dificultad para hacer negocios en China. La corrupción oficial, la inseguridad en materia de derechos de propiedad, las sofocantes limitaciones reguladoras, la poca disciplina en los pagos, una logística y una distribución deficientes, una falsificación generalizada y la vulnerabilidad ante otras formas de robo de la propiedad intelectual son –todos ellos– obstáculos que aumentan los costos de transacción y dificultan a los empresarios la posibilidad de prosperar en los mercados internos.

En cambio, si las empresas privadas de China venden a multinacionales occidentales, como, por ejemplo, Wal-Mart, Target o Home Depot, no tienen que preocuparse de si cobrarán o no. Pueden librarse de todos los quebraderos de cabeza que habrían tenido en su país, porque unas instituciones económicas y unos métodos comerciales bien asentados en sus mercados de exportación protegen sus intereses y reducen en gran medida los costos de transacción.

La debilidad institucional de la economía china se refleja en los datos de los estudios internacionales. El Banco Mundial publica un examen anual de “la facilidad para hacer negocios” en 183 países y unidades subnacionales. En su estudio de junio de 2011, China ocupaba el puesto 91º, por detrás de Mongolia, Albania y Belarús. En China resulta particularmente difícil iniciar una empresa (151º), pagar los impuestos (122º), obtener permisos de construcción (179º) y conseguir electricidad (115º).

Ante semejante ambiente hostil, las empresas privadas chinas se han visto obligadas a participar en el “arbitraje institucional”, aprovechando las eficientes instituciones económicas occidentales para ampliar sus negocios (la mayoría de las empresas orientadas a la exportación son propiedad de empresarios privados y empresas extranjeras).

Lamentablemente, como China ya ha conseguido una gran proporción de las exportaciones de mercancías del mundo (10,4 por ciento en 2010) y el estancamiento económico de Occidente está limitando la demanda exterior, esa estrategia no puede seguir funcionando, pero la reorientación de sus empresas hacia el mercado interno chino requiere mucho más que políticas del Gobierno que dejen más dinero en los bolsillos de los consumidores.

Para disfrutar de los mismos bajos costos de transacción que tienen en la exportación, los empresarios de China necesitan un ambiente de negocios mucho mejor: un sistema jurídico eficaz, un marco reglamentador sólido, un gobierno que proteja sus marcas luchando contra el robo de la propiedad intelectual, una logística y unas redes de distribución fiables y una burocracia resistente a los sobornos.

China no puede crear semejante ambiente rápidamente. Esencialmente, el Gobierno de China debe transformar un Estado depredador en otro que dé facilidades y tratar a los empresarios privados como creadores de riqueza y no como blancos de su avidez. En casi todos los demás países, semejante transformación se hizo mediante el establecimiento del Estado de derecho o pasando de la autocracia a la democracia o mediante las dos formas.

La imposibilidad de sostener el crecimiento sin el Estado de derecho y la rendición política de cuentas plantea al Partido Comunista chino un dilema existencial. Desde que aplastó el movimiento pro democracia en la plaza de Tiananmen en 1989, el Partido ha jurado no renunciar a su monopolio político. El auge de la inversión y el dividendo de la mundialización de los dos últimos decenios permitieron al Partido compatibilizar lo incompatible: mantener su gobierno gracias a la prosperidad económica, sin establecer las instituciones decisivas para sostenerla. Actualmente, eso ya no es posible.

De modo, que en cierto sentido la burbuja china –una burbuja tanto intelectual y política como económica– ha estallado. A medida que la desaceleración económica de China expone sus vulnerabilidades estructurales y sus políticas erradas, la muy publicitada idea del “excepcionalismo chino” –la de que China puede seguir creciendo sin el Estado de derecho y las demás instituciones esenciales que presupone una moderna economía de mercado– está demostrando ser una simple y falsa ilusión.