CAMBRIDGE – La semana pasada la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act), y no es ningún secreto que el proyecto de ley apunta a TikTok. Esa plataforma para compartir videos, tremendamente popular, es propiedad de ByteDance, una empresa con sede en Pekín —que está, por lo tanto, sujeta a la legislación de la República Popular China y, posiblemente, al control del Partido Comunista de China (PCCh), a pesar de que los ejecutivos de la empresa aseguran lo contrario—.
Si el Senado aprueba el proyecto y el presidente Joe Biden lo convierte en ley (como dijo que hará), ByteDance tendría que vender TikTok a una empresa de otro país dentro de los siguientes seis meses, o quedaría prohibida en las tiendas de aplicaciones estadounidenses. El motivo, según los promotores bipartidistas de la ley —entre quienes se cuentan el presidente y el coordinador de la bancada minoritaria de la Comisión de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino— es que TikTok socava la democracia y amenaza la seguridad nacional, ya que permite a China «vigilar al público estadounidense e influir sobre él».
Ciertamente, TikTok implica riesgos para los usuarios estadounidenses, pero la aplicación es solo una pequeña parte de un problema mucho mayor: la falta de un modelo afirmativo de privacidad de la información que proteja la privacidad y las libertades civiles. Al centrarse en TikTok los responsables políticos estadounidenses solo benefician a los competidores de esa empresa, y restan impulso a los esfuerzos para implementar normativas sobre la transparencia de los algoritmos y la información.
CAMBRIDGE – La semana pasada la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act), y no es ningún secreto que el proyecto de ley apunta a TikTok. Esa plataforma para compartir videos, tremendamente popular, es propiedad de ByteDance, una empresa con sede en Pekín —que está, por lo tanto, sujeta a la legislación de la República Popular China y, posiblemente, al control del Partido Comunista de China (PCCh), a pesar de que los ejecutivos de la empresa aseguran lo contrario—.
Si el Senado aprueba el proyecto y el presidente Joe Biden lo convierte en ley (como dijo que hará), ByteDance tendría que vender TikTok a una empresa de otro país dentro de los siguientes seis meses, o quedaría prohibida en las tiendas de aplicaciones estadounidenses. El motivo, según los promotores bipartidistas de la ley —entre quienes se cuentan el presidente y el coordinador de la bancada minoritaria de la Comisión de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino— es que TikTok socava la democracia y amenaza la seguridad nacional, ya que permite a China «vigilar al público estadounidense e influir sobre él».
Ciertamente, TikTok implica riesgos para los usuarios estadounidenses, pero la aplicación es solo una pequeña parte de un problema mucho mayor: la falta de un modelo afirmativo de privacidad de la información que proteja la privacidad y las libertades civiles. Al centrarse en TikTok los responsables políticos estadounidenses solo benefician a los competidores de esa empresa, y restan impulso a los esfuerzos para implementar normativas sobre la transparencia de los algoritmos y la información.