Tuesday, September 23, 2014
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Los tribunales sudafricanos en riesgo

PRETORIA – Los tribunales de Sudáfrica pueden ser impresionantes –como quedó demostrado con la reciente sentencia emitida por el juez, Hans Fabricius, del Tribunal Superior de Pretoria, de que los procuradores del país deben perseguir a los torturadores de que se tenga información de Zimbabue. Sin embargo, esos mismos tribunales están amenazados por un proceso de nombramiento en el que la política y la apatía determinan cada vez más quién los compone.

Este problema se observa claramente en la lucha entorno a la preparación de una lista con pocos nombres de candidatos idóneos para cubrir una vacante en el Tribunal Constitucional –puesto que alguna vez se consideró como uno de los mejores empleos del sector jurídico sudafricano. Es difícil encontrar jueces calificados, y cuando aparecen, a menudo no quieren que se les tome en cuenta.

Dicho problema refleja en parte la falta de consenso en cuanto a los requisitos que debe cumplir un candidato al poder judicial. Además, el partido que ostenta la mayoría, el Congreso Nacional Africano, tiene influencia en la Comisión del Servicio Judicial (JSC, por sus siglas en inglés) que es el órgano constitucional encargado de recomendar candidatos al presidente sudafricano para su nombramiento. Como resultado, el JSC está en riesgo de desintegración.

La politización del proceso de nombramiento ha desembocado en apatía civil: candidatos excelentes están rechazando la nominación. Algunos dicen que sencillamente no quieren sujetarse a un proceso que a sus ojos ha dejado de ser creíble.

Otros candidatos potenciales piensan que la actual vacante en el Tribunal Constitucional está asignada a Ray Zondo, que ya lleva un largo período en el tribunal como juez sustituto.

Las entrevistas recientes que se han llevado a cabo para ocupar puestos en la Suprema Corte de Apelación y en el Tribunal Superior no han contribuido a disipar la percepción de que algunos nombramientos están decididos de antemano. A muchos de los entrevistados se les recibió de modo mecánico y se les concedieron entrevistas excesivamente cortas –diez minutos- lo que provocó que por lo menos un candidato potencial al Tribunal Superior declinara el nombramiento poco antes de que venciera el plazo más reciente para presentar candidaturas (el plazo anterior se había tenido que ampliar debido a la falta de solicitantes calificados).

Otros candidatos potenciales dijeron sin rodeos que no querían ser miembros de un tribunal presidido por Mogoeng Mogoeng, aduciendo que se asciende demasiado a personas con poca experiencia y credenciales modestas a costa de candidatos más calificados. Muchos aspirantes brillantes y exitosos entran en esta categoría, por no mencionar al vicepresidente del Tribunal, Dikgang Moseneke.

En las últimas semanas yo, junto con otras personas, hemos tratado de impulsar la nominación de jueces progresistas que ocupen la vacante en el Tribunal Constitucional. En particular, porque dos de los diez jueces actuales son mujeres, nos interesa particularmente fomentar la nominación de candidatas. De ocho mujeres jueces y profesoras de derecho constitucional muy calificadas a las que se consultó, únicamente una estuvo dispuesta a aceptar la nominación.

La experiencia reciente revela otro aspecto del problema al que no hay que dar menos atención: una falta de activismo por parte de las organizaciones progresistas de la sociedad civil.

La constitución y las instituciones de Sudáfrica son, y deben ser, ámbitos bajo constante desafío. El desafío supone activismo. Al final de cuentas es probable que el mejor desempeño del JSC dependerá de la disposición colectiva de los sudafricanos a aplicar una presión política suficiente para asegurar que cumpla sus obligaciones constitucionales en lugar de rendirse ante niveles divisivos y muy dañinos de partidismo.

La mayoría de las organizaciones de derechos humanos, grupos de defensa de las mujeres y sindicatos reconocen la relación entre el Estado de derecho y una interpretación progresista de los derechos constitucionales, por un lado, y los valores y concepciones del mundo de los jueces de los tribunales, por el otro. No obstante, hay muy pocos que participan en el proceso de nominación encabezado por el JSC. Sea cual sea la razón, -falta de tiempo, energía, recursos o previsión estratégica- no han dedicado la suficiente atención y esfuerzo al tema.

Así pues, cuando por ejemplo, se presenta al JSC una lista de candidatos compuesta únicamente por hombres, lo único que puede hacer es recomendar al presidente un hombre para el nombramiento. Los grupos de defensa de las mujeres pierden el derecho a quejarse de la falta de magistradas en el tribunal si no presentan candidatas para que ocupen los puestos vacantes.

De manera análoga, los grupos de derechos humanos y otras organizaciones progresistas no pueden quejarse de que cambie el equilibrio jurisprudencial del Tribunal Constitucional si solo se propone a juristas conservadores para que ocupen los puestos. En 2009, muchos no hicieron nada cuando se entrevistó por primera vez a Mogoeng para que ocupara un puesto en dicho tribunal.

Las organizaciones civiles deben modificar sus prioridades ahora antes de que sea demasiado tarde. No solo deben añadir los nombramientos judiciales a sus agendas principales, sino también participar activamente para persuadir a candidatos idóneos de que acepten la nominación y después fomentar el apoyo a sus candidaturas.

Sudáfrica se ha convertido en un estudio de caso importante de por qué la ciudadanía activa es fundamental para garantizar la integridad institucional y promover el cambio social. Si abandonamos ese espacio, nosotros seremos los únicos culpables del resultado.

Traducción de Kena Nequiz

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